Juego clandestino: Fiscalía pidió 12 años para el ex fiscal regional Patricio Serjal

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, solicitaron este miércoles la pena de 12 años de prisión efectiva para el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, y de cinco años para Nelson Ugolini, en una causa vinculada con una asociación ilícita que protegía el juego clandestino en la provincia.

A Serjal -quien transcurre el proceso en libertad tras haber estado en prisión domiciliaria hasta febrero de este año- los fiscales lo hallaron responsable de la comisión de los delitos de organizador de una asociación ilícita, en concurso ideal con los delitos de cohecho pasivo agravado; falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público; y en concurso real con peculado de servicios y omisión de persecución que a su vez entre ellos también concurren realmente, todo en carácter de autor y en grado de consumado. También solicitaron inhabilitación absoluta perpetua con una pena de $90 mil.

Para Nelson Ugolini -ex empleado del Ministerio Público de la Acusación-, en tanto, los funcionarios del MPA solicitaron una pena de cinco años de prisión efectiva con una pena de multa de $90 mil pesos más la inhabilitación especial para ocupar un cargo o empleo público por 10 años por los delitos de ser miembro de una asociación ilícita en carácter de autor, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo también en carácter de autor.

La Fiscalía les atribuyó a ambos haber conformado una asociación ilícita junto a otras personas, algunas que fueron condenadas como el empresario del juego Leonardo Peiti, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el comisario retirado Alejandro Torrisi, otras imputadas, como Maximiliano "Cachete" Díaz, y el fallecido David Perona, además de otras personas a la fecha no identificadas.

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Según los fiscales, el objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización correspondiente.

Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones, omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.