El exfiscal regional Patricio Serjal comenzó a ser juzgado este lunes por un grave caso de corrupción institucional ligado a las tramas de narcocriminalidad que marcaron la agenda del delito en Rosario en los últimos años. Quien fuera jefe de fiscales rosarinos está acusado de haber brindado protección o cobertura a una red de juego clandestino cuyo jefe, el empresario Leonardo Peiti, ya fue condenado a una pena reducida por su colaboración con la causa. En la primera jornada de debate, un nuevo equipo de acusadores solicitó 12 años de prisión para Serjal como organizador de una asociación ilícita y 5 años para el empleado judicial Nelson Ugolini por incumplimiento de los deberes.
Sin la presencia en el banquillo del senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri, imputado hace casi un año por liderar la misma organización de juego, el juicio oral arrancó a las 8 de la mañana en el Centro de Justicia Penal. El tribunal está integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese. Se esperan al menos tres semanas de debate en los que estarán en debate los actos de corrupción denunciados en un contexto de desplazamientos y tensiones internas en el seno de la sede rosarina del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Para esta instancia de juicio fue designado un nuevo equipo de fiscales integrado por José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato. Los dos primeros brindaron declaraciones a la prensa minutos antes del arranque de la primera jornada. Explicaron que durante el debate intentarán develar “cómo se pudo brindar una cobertura judicial desde el MPA a toda una operatoria de juego clandestino con nervaduras políticas por parte de civiles y empresarios”.
En diferido
En ese marco Caterina explicó que Serjal y Ugolini estaban en condiciones de ser sometidos a juicio desde julio de 2023 y se resolvió dar inicio al debate sin la presencia de Traferri “para no alongar más la situación”, ya que la situación procesal de ambos se considera más adelantada que la del senador. “Va a ser un juicio relativamente largo”, amplió el fiscal antes de ingresar a la sala en la cual las partes desplegaron sus alegatos de apertura.
Para Serjal, de 48 años, está acusado como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público agravada por su condición de funcionario, omisión de persecución y peculado de servicios. Los fiscales pidieron para él, que llega al debate en libertad tras haber transitado por un período en prisión preventiva, 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.
En tanto que para el exempleado del MPA Nelson Ugolini requirieron 5 años de prisión efectiva y diez de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos. Este hombre de 38 años está acusado como miembro de una asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario.
El exempleado judicial está preso desde agosto del año pasado, cuando fue acusado de integrar una organización que cometía estafas con la compraventa de autos en tres agencias de Rosario; banda que damnificó en unos 150 millones de pesos a más de treinta personas.
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Luego, la defensa solicitó la declaración de cinco fiscales en una línea que al parecer apunta a ventilar en este juicio lo que fue la investigación contra el fiscal Matías Edery por sus vínculos con una informante. Edery fue uno de los primeros fiscales en la causa por corrupción institucional. El tribunal hizo lugar al pedido.
El ataque al casino
Serjal había sido detenido el 11 de agosto de 2020 a raíz de una investigación de los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el ataque a tiros al casino City Center de enero de ese año en el que murió el gerente bancario Enrique Encino, un apostador que fumaba en un balcón y fue alcanzado por un disparo. Según la pesquisa, ese atentado fue ordenado por el jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, con fines extorsivos.
Días antes, el 8 de enero de 2020, dos soldaditos fallaron en su intento de realizar un ataque incendiario al City Center pero en el camino los detuvo Gendarmería porque iban en un auto robado. Este incidente fue lo que destapó la trama que llegó este lunes a juicio.
Un ladero de Guille, Maximiliano “Cachete” Díaz, se desesperó y llamó al empresario del juego Leonardo Peiti, a quien conocía por haberlo extorsionado, para que le averiguara “con sus amigos de Fiscalía” cómo era la situación de los dos apresados. Como el celular de Díaz estaba intervenido, ese intercambio dejó expuesta la conexión que, para la acusación, habían conformado Serjal y Ugolini para brindarles protección al empresario Peiti y sus negocios de juego.
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Según la acusación, a cambio de dinero que recibía periódicamente de Peiti, Serjal daba instrucciones sobre cómo asegurarle impunidad al por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien fue condenado con una pena rebajada a 3 años de prisión como imputado colaborador. Ugolini era su empleado.
El empresario de juego Peiti, en tanto, fue condenado a fines de 2021 a seis años de cárcel por pagar sobornos para garantizar su actividad y lavar dinero del delito; pena reducida a tres años por sus aportes como imputado colaborador. Recuperó la libertad luego de diez meses de detención.
Al aceptar la condena en un acuerdo abreviado, Peiti admitió su responsabilidad en el control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia. También asumió haber pagado sobornos a actores políticos y judiciales para obtener concesiones.
El año pasado fue imputado el senador Traferri como jefe de una asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado.
