"Así que sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel

Un macabro crimen ocurrido en 2022, en un contexto vinculado a la narcocriminalidad, llegó a juicio oral con pedidos de condenas altas para dos acusados. Los imputados son miembros del clan Villalba, uno de ellos ya estaba preso al momento del asesinato y fue quien dio la orden por videollamada para ejecutar a la víctima. Lo mataron de un disparo en la cabeza mientras lo tenían atado y amordazado en una silla.

"¿Así que sos sapo?", fueron las últimas palabras que escuchó Brian Giménez, de 24 años, antes de ser asesinado el 3 de octubre de 2022. Los homicidas lo habían atado a una silla en una casa de Juan B. Justo al 8700, barrio La Bombacha de la zona noroeste de Rosario, utilizada como punto de venta de drogas. En ese contexto ocurrió el crimen que tuvo como presuntos autores, ahora juzgados, a hombres vinculados al narco Julio "Peruano" Rodríguez Granthon.

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Aquellas palabras que escuchó Giménez antes de ser ultimado con un balazo en la cabeza fueron por videollamada. Del otro lado de la pantalla estaba Brian Villalba, quien desde una celda de la cárcel de Piñero formaba parte de un grupo violento vinculado al narcomenudeo. Preso desde 2013, por entonces se lo consideraba "jefe de sicarios" de la banda del Peruano.

Brian Villalba, hoy de 34 años, y su pariente César Alberto Villalba, de 29 años, comenzaron a ser juzgados este miércoles como autores del homicidio. El fiscal Adrián Spelta pidió 25 años de prisión para el primero y 36 años para el otro, quien también acumula en el mismo debate acusaciones por portación de arma, amenazas y encubrimiento.

Un crimen brutal

Según la acusación de la Fiscalía, el 3 de octubre de 2022 por la madrugada, desde el pabellón 9 de la cárcel de Piñero, el recluso Brian Villalba, preso desde 2013 por un homicidio, se conectó con dos conocidos por videollamada mediante un celular. A 30 kilómetros de distancia, en una casa de pasillo de Juan B. Justo al 8700, estaban sus interlocutores. En un patio de la vivienda tenían a Brian Giménez, de 24 años, sentado en una silla con las manos atadas y un pedazo de cortina de tela en la boca.

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Del otro lado de la pantalla, según la investigación, Villalba le habló: "¿Así que sos sapo? Ahora te vamos a matar por sapo". Luego, ordenó a uno de sus cómplices: "Matalo, hermanito". De inmediato, un balazo en la cabeza terminó con la vida de Giménez.

El cuerpo de Giménez fue hallado horas después en esa casa del barrio La Bombacha, todavía maniatado. Con el correr de las horas, tanto por voceros judiciales como por vecinos, se supo que esa vivienda era utilizada como punto de venta o acopio de drogas.

Contexto narco

El padre de la víctima, en aquellas horas posteriores al crimen, contó a La Capital que su hijo tenía problemas de consumo de drogas y suponía que había llegado a ese lugar para comprar. Sin embargo, había un trasfondo un tanto más intrincado. "Sapo", en la jerga criminal importada de las series y películas colombianas de temática narco, significa soplón.

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Un mes antes del crimen, la misma vivienda había sido allanada por la entonces Agencia de Investigación Criminal (hoy Policía de Investigaciones) en un operativo en el que secuestraron 97 envoltorios con cocaína y un arma de fuego. En ese procedimiento quedaron detenidos Susana B., de 27 años, y José Luis "Negro Caravana" L., de 41 años.

Según el fiscal que investigó el crimen de Giménez, luego de aquellas detenciones el manejo del narcomenudeo en la zona quedó a caro de César Villalba, ahora juzgado por el homicidio como autor material. Se deduce entonces que, como posible vuelto ante la acusación de haber sido un delator, Giménez pagó con su vida los costos de aquel allanamiento.

El juicio

El fiscal Adrián Spelta solicitó penas altas para los dos acusados. A Brian Villalba le atribuyó el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, por lo cual pidió la condena de 25 años de prisión efectiva.

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César Villalba, en tanto, enfrenta otras acusaciones además del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la portación de arma. Se trata de otros dos hechos de portación de arma de fuego de guerra, un caso de amenaza calificada por uso de arma de fuego y un encubrimiento. Todos hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, pocos días antes del crimen de Giménez. La pena solicitada por Fiscalía es de 35 años de prisión.

El debate comenzó este miércoles en el Centro de Justicia Penal. La acusación, además del fiscal Spelta, que investigó el crimen, está compuesta también por sus pares Carla Ranciari y Guillermina Aiello. El tribunal de Primera Instancia lo conforman los jueces Ismael Manfrin, Carlos Leiva y Trinidad Chiabrera.