La salida en libertad condicional del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad parecer haber cerrado una etapa para abrir otra en la causa por juego clandestino que está haciendo tambalear la institucionalidad santafesina. El acuerdo por una condena a seis años reducida a tres que el ex funcionario obtuvo como imputado colaborador permite, para los investigadores, consolidar las pruebas colectadas y “avanzar hacia los estratos superiores de la organización” según dijo este miércoles el fiscal Luis Schiappa Pietra en directa alusión al senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri, a quien quiere imputar como organizador de la red con el destituido fiscal regional Patricio Serjal y el empresario de juego Leonardo Peiti.
El acuerdo judicial y la libertad que obtuvo a partir de ello Ponce Asahad en menos de un mes removió también el contexto de una causa controvertida por sus alcances políticos, todo potenciado por la coyuntura electoral. Es que los aportes que hizo a la investigación permitió a los fiscales de Criminalidad Organizada corroborar datos, consolidar pruebas y confirmar hipótesis. La declaración tuvo dos capítulos: en diciembre ventiló cómo se armó la red de juego y en julio detalló nombres y encuentros entre funcionarios de todos poderes del Estado. Y aun los que no van más allá de la anécdota visibilizan un modo de hacer que suele chocar con la institucionalidad.
“La declaración de Ponce es muy larga y habla de mucha gente. Pero solo nos abocamos a cuestiones que tengan connotación penal y después ver qué se puede acreditar”, dijo este miércoles el fiscal Matías Edery al programa Trascendental, de LT8. Así, despejó situaciones sobre nombres que circularon a partir de los aportes del arrepentido, entre ellos la vicegobernadora Alejandra Rodenas, a quien antes de ser liberado Ponce Asahad responsabilizó junto con el resto de los imputados de lo que pudiera pasarle a él o a su familia.
“No sabemos por qué dijo eso, habría que preguntarle a él. No nos dijo que haya sido amenazado, pero su seguridad debe ser preservada”, dijeron los fiscales en conferencia de prensa. Y también respondieron sobre menciones a la ex jueza en la declaración anterior de Ponce: “No tienen connotaciones penales”.
También consultados sobre el ministro de Seguridad Jorge Lagna, de quien Ponce dijo que una vez se había reunido con abogados de Peiti por una causa que éste tenía en Melincué, Edery aclaró: “El no le dio ninguna connotación delictiva, incluso Peiti después quedó preso”.
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También parece quedar en lo anecdótico la reunión de la que Ponce participó con Serjal en la sede de la Corte Suprema santafesina. Según Edery, el entonces fiscal regional era investigado por irregularidades en la compra de dos Toyota luego de cerrar una causa contra quien se los vendió. “Traferri colaboraba con Serjal y lo llevó a hablar con un ministro de la Corte para ver de resolver ese problema. Comprobamos que Ponce estuvo allí por las antenas de su celular, pero en la causa de los Toyota no hubo ninguna acción efectiva”, dijo el fiscal a LT8.
No paró y sigue
“Nunca paró”, dijeron los fiscales sobre cómo sigue la causa. Edery recordó una de las puntas que llevó en agosto pasado a imputar por lavado de activos al empresario Oscar “Poppy” Larrauri, acusado de ayudar a Peiti a lavar más 500 mil dólares mediante compra simulada de terrenos en Funes. Y la más reciente imputación al ex diputado provincial Darío Scataglini, acusado de haber favorecido a Peiti cuando era asesor de la Cámara baja.
Desde su azaroso comienzo, cuando la pesquisa de la mortal balacera al casino City Center en enero de 2020 reveló inesperadamente que desde la Fiscalía se ayudaba a una banda de extorsionadores, esta investigación sigue sumando imputados de todos los estamentos santafesinos. Funcionarios judiciales de alto rango como era Serjal, empresarios conocidos como Larrauri, un dirigente político como Scataglini. La pata policial con el condenado comisario retirado Alejandro Torrisi, quien admitió su rol de recaudador y nexo entre casinos clandestinos y la policía. Pata que en Rafaela tiene imputados, en una causa afín, a ex altos jefes de la Unidad Regional del departamento Castellanos.
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En este contexto, en el futuro inmediato asoma una condena acordada por Peiti quien también pide ser considerado colaborador. Justo quien desatara este vendaval institucional al revelar lo que le pagaba a Ponce Asahad y Serjal, también está dispuesto a confesar qué actores de la vida institucional santafesina lo ayudaron con sus emprendimientos ilegales en toda la provincia. El acuerdo está a la firma del fiscal general Jorge Baclini.
Una vez presentado quedará en manos de un juez resolver si el acusado puede ser considerado como imputado colaborador. En tal caso se descuenta la aparición de más información para el próximo boletín de un caso en el que todavía no se vislumbra el final.
