La declaración aportada el viernes por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso desde agosto por formar parte de una red de protección al juego clandestino en la provincia, suministró detalles de un esquema que implica en forma regular a este delito con miembros de otros poderes del Estado santafesino y que según afirmó alimenta el financiamiento ilegal de la política. En el centro de las 3 horas y 40 minutos que llevó el relato del ex funcionario judicial, que con sus dichos busca obtener una ventaja procesal en el trámite penal, estuvo el nombre del senador provincial Armando Traferri. Ponce Asahad sostuvo que el legislador por el departamento San Lorenzo fue el organizador de la estructura que conectó al capitalista de juego Leonardo Peiti, quien declaró como imputado arrepentido, con el ex fiscal regional Patricio Serjal y con él mismo.
Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos diseminados en la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que serán cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados. En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.
La declaración asoma en medio de un enturbiado contexto político en la provincia, en especial dentro del Partido Justicialista, donde la tensa pulseada entre el gobernador Omar Perotti y el grupo de senadores conducido por Traferri se manifiesta desde la asunción del mandatario y escaló hace dos semanas con leyes aprobadas en contra del plan que pretende llevar adelante el ministro de Seguridad Marcelo Sain, aprobaciones que contaron con el favor del senador sanlorencino e impactaron fuertemente en la Casa Gris. En ese sentido, el testimonio del ex fiscal parece afianzar el aire de batalla entre el gobernador y su ministro de Seguridad, por un lado, y el grupo de senadores que sigue a Traferri.
En el MPA aducen que esa situación nada tiene que ver con la audiencia donde Ponce Asahad habló y se le amplió la imputación. Señalaron que el ex fiscal pidió hablar con sus acusadores de la Agencia de Criminalidad Organizada a inicios de octubre, cuando hizo una primera declaración en su lugar de detención. Y que como los fiscales entendieron que no había elementos de interés en sus dichos, Ponce Asahad produjo una segunda declaración por escrito en la que implica a Traferri en el esquema de recaudación ilegal.
En esa oportunidad aportó elementos como para validar que refería la verdad sobre esos encuentros entre ambos. Fue algo parecido a lo que desde julio pasado hizo Leonardo Peiti, quien al ofrecer datos precisos sobre sus encuentros con Ponce Asahad y Patricio Serjal permitió, al ser estos hechos verificados en una cadena coherente de evidencias, que ambos terminaran destituidos y presos.
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“Vamos a ver si con lo que yo declaro la política le saca los fueros al senador tan rápido como hizo conmigo al destituirme”, sostuvo Ponce Asahad ante los fiscales. No existe en los dichos de Ponce Asahad una lista de personas vinculadas y con mérito para considerar una imputación. El fiscal destituido mencionó nombres del mundo judicial y de la política pero no en relación a incriminarlos en delitos presuntos.
“Yo sé cómo se recauda con el juego porque soy peronista de siempre y esta es una caja con la que se financia históricamente el partido. Y no solo el peronismo lo hace con el juego”, afirmó el ex fiscal. Sin embargo marcó que no era su intención deslegitimar la política ni a sus instituciones, a las que dijo reivindicar hasta frente a sus alumnos universitarios. “No todos lo hacen”, dijo Ponce Asahad.
La declaración contra Traferri fue muy detallada. El ex fiscal señaló que la relación de la Fiscalía de Rosario con el juego ilícito con Peiti la diseñó y armó el senador sanlorencino. Sostuvo que el juego en la circunscripción regional tiene tres patas: Peiti, Serjal y Traferri. Afirmó que al encontrarse por primera vez en el hall del MPA de calle Montevideo con Traferri, el ex fiscal regional le indicó delante del senador que debía tener una reunión con Peiti. Y que en esa cita, de la que proporcionó la fecha, el capitalista le dio una caja en la que habría dinero. “Esto es para Patricio y el senador está al tanto”, indicó que le dijo.
Según afirmó, el día que se conocieron en la fiscalía, Traferri le dijo que no tenía su teléfono: “Haceme una (llamada) perdida que te agendo”, le pidió. El fiscal lo hizo y proporcionó la referencia. Fue una llamada de 12 segundos el 24 de abril de 2017. Trece días antes, el 11 de abril, había asumido Serjal.
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Ya se confirmaron contactos, según fuentes del caso, donde los teléfonos de ambos se cruzan tocados por la misma antena, lo que sugiere encuentros personales. El vínculo de Peiti y Traferri está acreditado por indicios. Un día que Peiti rompió su teléfono, luego de que Serjal y Ponce Asahad se enteraran que aquel estaba siendo investigado, el empresario pidió el contacto de Traferri a su secretaria. También se constató que la secretaria de Peiti le dijo a su jefe: “Me estoy yendo a San Lorenzo. ¿Tenés algo que mandarle al Pipi?”
Muchos de estos detalles serán expuestos el jueves próximo cuando se amplíen las imputaciones contra Peiti y Serjal. A su vez, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery citaron al ex diputado justicialista Darío Scattaglini para el miércoles próximo. Es que el 10 de julio pasado la secretaria de Peiti recibió un llamado del ex legislador que le dijo que “Traferri” se quería reunir con el capitalista de juego. El audio de esa comunicación fue difundido en una audiencia oral y pública en agosto último. Scattagini, tras ello, fue separado como asesor de la Cámara de Diputados.
¿Por qué declara ahora Ponce Asahad admitiendo delitos que antes había negado? Según se especula porque perteneció a una red que lo excede y que le habría soltado la mano. Sus palabras perjudican a cuatro personas de manera marcada: Traferri, Serjal, Peiti y el ex tesorero del Colegio de Abogados Aníbal Porri por su estrecha relación con Peiti y por trasladar su dinero.
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También mencionó que los autos 0 kilómetro que en 2019 adquirió Serjal a una concesionaria oficial Toyota, tras cerrarle una causa penal a su dueño acusado de vaciar una empresa, no fueron dos sino tres. Y aseguró que el tercer vehículo fue para el ex ministro de Gobierno Carlos Carranza, quien es tenido como fuerte operador en la Justicia Penal y a quien señalan como factor gravitante junto a los senadores justicialistas para que Serjal, con una deslucida carrera judicial, llegara a ser fiscal regional. “Patricio no daba un paso sin lo que le decía Carranza”, dijo Ponce Asahad. La causa de los Toyota detonó para Serjal un proceso disciplinario en la Legislatura.
Ponce Asahad reconoció además que se llevó plata del juego ilegal. Pero afirmó que cuando fue a una reunión con Luis Rossini, abogado de Peiti, en una cochera de Jujuy al 2400 registrada en video, le hicieron una cama. Aseguró que en esa y otras reuniones él hablaba con Rossini y lo llamaba automáticamente a Traferri. En ese momento lo hacía para armar estrategias para evitar el escándalo que se venía frente a la admisión de Peiti de que pagaba a la Fiscalía Regional Rosario para recibir permiso para su actividad. Lo que indicó es que Traferri no concertaba con él una cita personal y le decía que negociara directamente una solución con Rossini. “Me hicieron una cama entre Rossini y Traferri”, sostuvo. Al día siguiente asegura haberse reunido, ante su insistencia, con Traferri en el Club Sirio de Rosario. Este será un dato a cotejar con el impacto de antenas.
En un análisis jurídico, lo único que para el MPA impide que Traferri no haya sido rápidamente llamado a una imputación son los fueros legislativos que le garantizan inmunidad de proceso. Pero hay constatadas varias menciones al senador en este legajo y en otro que inició el fiscal de Melincué Matías Merlo en el que había situado a Peiti como jefe de una asociación ilícita investigando en 2018 un garito en Hughes.
Ante la idea de ir preso por la imputación de Merlo, Peiti prendió el ventilador para buscar una ventaja procesal. Algo parecido está haciendo Ponce Asahad, quien está colaborando y tiene a su esposa gravemente enferma, lo que puede granjearle una prisión domiciliaria. Pero al declarar contra otros, tanto Peiti como Ponce Asahad confiesan delitos propios y pertenecer a la asociación ilícita. Eso difícilmente los aleje de una condena.
La jueza Eleonora Verón remitió el viernes a la Corte Suprema provincial y a las dos Cámaras de la Legislatura el audio de la declaración de Ponce Asahad. La relevancia de sus dichos motivaron una conferencia de prensa de los fiscales tras la audiencia donde se reimputó al ex fiscal.
Ayer, los presidentes de la mayoría de los bloques del Senado y Diputados solicitaron copias de la declaración para desgrabarlas. Frente a esto seguramente se impondrá un capítulo vertiginoso en la agenda política. De por sí los titulares de los bloques de Diputados fueron convocados para el miércoles al mediodía una reunión parlamentaria de urgencia. ¿Qué harán los legisladores frente a esto?
Por ahora no son más que dichos de un ex fiscal preso e imputado. Pero también eran dichos de un acusado, los de Peiti, los que hicieron saber en febrero que había una persona en la Fiscalía Regional que pasaba información a alguien implicado en extorsiones para la banda de Los Monos. Fue Peiti quien hizo la consulta respondida desde el MPA a pedido de Daniel “Cachete” Díaz, hoy preso por el atentado que mató a un apostador en el casino City Center.
Vale decir que los dichos de imputados, reforzados con otras medidas de prueba en las investigaciones de estos mismos fiscales ya implicaron acusaciones con resonantes efectos institucionales. En el MPA entienden que el escenario de hoy es semejante.
No es poco dinero el que produce estos vaivenes en el mundo penal y en el campo político. Según fuentes de la Lotería de Santa Fe se recaudan en la provincia 1.200 millones de pesos mensuales. La estimación de las autoridades del organismo es que otro tanto se juega ilegalmente. Ese volumen de dinero está en juego en toda esta controversia.
