La Legislatura le dio sanción definitiva al proyecto que prohíbe vínculos con empresas o personas que tengan antecedentes penales
La propuesta de ficha limpia de la diputada Lionella Cattalini fue modificada en el Senado.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el requerimiento de ficha limpia para contrataciones públicas. El proyecto apunta a evitar la adjudicación de licitaciones y el pago de servicios a empresas o personas vinculadas con casos de corrupción y otras actividades ilegales.
La iniciativa había conseguido la primera media sanción en junio de 2025. Casi un año más tarde, el Senado votó a favor nuevamente, pero introdujo modificaciones que requirieron un nuevo aval del otro cuerpo de la Legislatura.
La diputada del Partido Socialista (PS) Lionella Cattalini aseguró que "Santa Fe se pone a la vanguardia" a partir de la aprobación del régimen de ficha limpia que ya se venía utilizando para controlar candidaturas en las elecciones. "A diferencia de la Nación, acá hay obra pública y ahora se está exigiendo que sea con transparencia", remarcó a través de LT8.
De acuerdo a la nueva reglamentación, el Estado no puede contratar a empresas, personas físicas, cooperativas o mutuales que tengan antecedentes de corrupción. Tampoco se permite ese tipo de vínculos si se registran procesos penales sobre distintos tipos de delitos.
Como autora del proyecto, Cattalini consideró que el resultado de la tercera votación es un "avance muy importante" en el contexto político actual. De inmediato apuntó contra el gobierno nacional: "Hoy vemos que el presidente Javier Milei les ha adjudicado más de 12.000 kilómetros de ruta a empresarios vinculados con la causa Cuadernos. Es toda una paradoja y es lo que queremos evitar en Santa Fe".
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Después de los cambios en la Cámara alta, los diputados aprobaron una reforma de la ley provincial 12.510, referida a la administración, eficiencia y control del Estado. También se modificó en el mismo sentido la ley provincial 5.188, vinculada a la realización de obras públicas. En ambos casos se exige un certificado de antecedentes penales, el mismo que se requiere para una candidatura en las elecciones.
Luego de la promulgación de la nueva normativa, Santa Fe ampliará los controles de proveedores de servicios, comida, insumos médicos o asfalto en dependencias. Además del análisis de la documentación, las autoridades tendrán la obligación de revisar el registro actualizado de la misma antes de avanzar en la adjudicación o la contratación correspondiente.
Por Gustavo Conti
Por Luciano Venini, para La Capital
Por Elbio Evangeliste
