Once armas de puño con su correspondiente numeración secuestradas este martes en una vivienda de Garzón al 900 bis, en barrio Empalme Graneros, llamaron la atención de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Además de la cantidad incautada, otro detalle fue que todas las armas tenían su correspondiente numeración. Ninguna estaba limada o con su identificación suprimida, método que se utiliza para que el arma no pueda ser rastreada. Con ese parque de armamento numerado los fiscales comenzaron a seguir la ruta de esas armas. Y llegaron a un mismo lugar: la oficina de la Sección Balística de la Región 2, que depende de la dirección de Criminalística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicada en el ingreso que la Jefatura local tiene sobre Francia al 5200. Las armas incautadas en calle Garzón debían estar a la guarda de la sección Balística. Lugar donde están en resguardo 3.600 armas judicializadas.
“Las armas secuestradas en el allanamiento de calle Garzón al 900 bis debían estar en el depósito de Balística. Lo que encontramos al allanar Balística espanta porque no hay un inventario, ni un control absoluto y eso es preocupante. Todo lo que se le puede ocurrir a una persona de a pie como elemento de control, acá no existe. No había inventario ni control, no había resguardo. Hay que ver cuántas armas de las que están en este lugar pudieron haberse usado en otros procedimientos y por eso es que comenzamos un inventario lo más exhaustivo posible”, explicó el fiscal Matías Edery, quien se hizo presente en el lugar junto a su par Luis Schiappa Pietra y la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren. “Tendría que haber 3.600 armas aquí, tenemos que ver si están”, agregó el fiscal.
En el allanamiento realizado el martes por efectivos de la AIC en Garzón entre La República y José Ingenieros se secuestraron 11 armas de puño: dos pistolas Bersa calibre 22; una Bersa Thunder 9 milímetros; una Bersa modelo Thunder Pro calibre 40; dos pistolas Bersa 9 milímetros Modelo Thunder Ultra Compac Pro; otra Bersa calibre 380; una Glock calibre 45; otra Glock 9 milímetros; una Taurus modelo PT 140 calibre 40; y otra Taurus Modelo PT 917C calibre 9 milímetros. Todas las armas tenían sus cargadores y una tenía mira láser. Además se incautaron 107 municiones de diferentes calibres y frascos con cogollos de marihuana. En el operativo fueron detenidos Omar Lautaro G., de 20 años; y su madre, María de los Ángeles A., de 45.
Allanamiento
El jueves a la tarde en redes sociales de efectivos de la fuerza policial comenzaron circular mensajes sobre una inminente intervención dela Sección Balística, un área donde trabajan alrededor de 25 personas. El alerta estaba bien dateada porque personal de fiscalía y de la Agencia de Control Policial (ACP), la ex Asuntos Internos, realizaron una inspección con orden judicial de la oficina y el secuestro de los celulares de los empleados de la sección. Este viernes se procedió al resguardo y cautela de todos los elementos, armas y municiones que se encontraban allí y se realizó un relevamiento de los mismos. Fuentes allegadas a la investigación indicaron que los fiscales se llevaron libros de entrada y salida de elementos desde 2016 “porque el arma secuestrada más antigua que tiene la pesquisa es de ese año”.
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Además de los libros se llevaron computadoras y soportes electrónicos. “Una vez que se termine el inventario las armas serán precintadas y cauteladas hasta que se las pueda trasladar a un lugar seguro”, explicó el vocero. “La «oficina» es una pocilga donde las armas están en el piso sin ningún tipo de orden, en el mejor de los casos en cajas de cartón. Lo más parecido a un casillero que hay en el lugar están ocupados por los empleados. Los muebles de oficina están todos reventados por la humedad. Una pocilga lisa y llana”, indicó la fuente. “Por el estado en el que está el lugar y el nulo control de las armas, acá puede surgir cualquier cosa”, sentenció.
Oficina clave
En enero de 2014 se creó por decreto la Policía de Investigación (renombrada en el 2020 como Agencia de Investigación Criminal), que rinde cuentas directamente ante el Ministerio de Seguridad y que fue pensada como un área auxiliar del Ministerio Público de la Acusación en las tareas de investigación y esclarecimiento de hechos delictivos. A partir de ese momento las oficinas de Balística dejaron de funcionar bajo la órbita de los jefes de las unidades regionales para ser controladas por AIC. Más allá de que sus oficinas funcionen en territorio de las regionales.
La Dirección Criminalística de la AIC, de quien depende Balística, realiza las pericias de las armas y municiones secuestradas en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). En pocas palabras las oficinas de balística operan de hecho como grandes depósitos de armas de fuego judicializadas. En ellas quedan todo el material balístico y armamentístico secuestrados en hechos delictivos y que se utilizan como pruebas en los juicios. Allí se realiza también las pericias de ese material secuestrado: cotejo de vainas, revisión de un arma para determinar si está apta para el disparo o si fue detonada.
En octubre de 2020 cuando la gestión del entonces Ministro Marcelo Sain buscaba apoyo para el tratamiento legislativo del paquete de leyes de modernización de la policía hizo público el documento institucional número 3, titulado “Modernización policial en Santa Fe: una supervisión estatal débil y escuálida de las armas de fuego y las municiones”, donde se calificó a la oficina que funciona en la regional II como de funcionamiento “Sui generis”. En el informe se indicó: “A inicios de gestión (diciembre de 2019) se encontraron miles de elementos (llamados “efectos” en la jerga policial) indebidamente resguardados, y que durante años carecieron de registración. Luego de proceder a contabilizarlos, se hallaron (aproximadamente) 22.500 efectos balísticos secuestrados que nunca fueron retirados por las autoridades judiciales, entre las cuales las armas de fuego suman alrededor de 2.250 y las municiones 19 mil”.