“Tienen varios patrulleros fuera de servicio y les cargan combustible todos los días a tanque lleno”. La denuncia llegó a la fiscalía en julio de 2024, en un sobre enviado por correo postal. El anónimo fue el disparador de una investigación que escaló hasta desentramar un fraude millonario, armado en la cúpula de la Jefatura de Rosario, para obtener retornos con la nafta de los patrulleros. Por esa maniobra, el fiscal Luis María Caterina pidió penas para dos civiles y 19 policías implicados en una asociación ilícita. Al tope ubicó al exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, para quien solicitó 12 años de prisión,
El fiscal requirió una pena aún más alta a 14 años de prisión para su secretario privado, Rodrigo Domínguez, como organizador del negocio. Para el resto, los montos de pena van de los 3 años y 4 meses a los 8 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, peculado de caudales públicos y defraudación.
El planteo está contenido en un escrito acusatorio de más de 300 páginas que el fiscal presentó este jueves. La medida extiende de manera automática la prisión preventiva que pesa sobre ocho de los acusados. Luego de esta instancia se fijará fecha para la audiencia preliminar hacia un probable juicio oral por el caso.
Cuando estalló el escándalo, el gobierno provincial estimó que el fraude le reportaba a la fuerza unos 45 millones de pesos mensuales. Según consta en la acusación fiscal, luego de la pesquisa el ahorro en el rubro fue de unos 60 millones de pesos por mes. Tampoco se registraron pedidos adicionales de dinero por contingencias derivadas de la Ley de Emergencia en Seguridad, reclamo que antes era “moneda corriente”.
Un fraude armado desde arriba
El caso llega a esta instancia tras una revisión en la Cámara Penal que respaldó el encuadre de asociación ilícita. Acosta, a la cabeza del grupo como referente máximo de la Unidad Regional II, fue considerado jefe de la organización. El fiscal planteó que desde antes de asumir “comienza a ver la forma de obtener una ganancia espuria" del dinero destinado a combustibles.
Planteó que el uniformado había sido beneficiado con ascensos extraordinarios para llegar a esa jerarquía, lo que hizo presumir al resto de la tropa que contaba con el favor de las autoridades. “Fue el líder de la asociación”, según Caterina, hasta ser separado del cargo con la primera tanda de allanamientos de mayo de 2025. Seis meses después, en noviembre, fue detenido e imputado.
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La pena más elevada fue solicitada para el secretario Domínguez, quien acumula un delito extra de peculado. No sólo se lo considera organizador de la banda sino responsable de la OGM —Oficina de Gestión de Multas— como se dio en llamar a un régimen interno de sanciones y castigos aplicado con sesgo perverso a los recaudadores: si alguno omitía consignar un ticket o cometía un error de cálculo, se le aplicaba una “multa” que consistía en el pago de costillares, whiskys exclusivos, vinos de alta gama o dinero. Lo recolectado se guardaba en un freezer y una caja cerca de la oficina del jefe.
Su figura dentro de la asociación “aparece en numerosas probanzas. Asombra tanto su avidez por hacer dinero a través del combustible como el placer con que ejerce su dominación sobre los mandos medios y bajos”, evaluó el fiscal. Un ejercicio de poder que vio cristalizado en la frase: “La OGM es mía”. En el allanamiento a su casa se encontró el equivalente a 25 millones de pesos en fajos envueltos con goma elástica.
Pesquisa en escalas
En la acusación, Caterina repasó cómo desde el anónimo inicial la investigación fue sumando tramos. Primero se colocaron GPS en móviles en los que se sospechaban cargas ficticias, como dos Ford Ranger que facturaban a pesar de no moverse de su sitio y un camión de Caballería y Perros.
Luego, personal de encubierto de Asuntos Internos se apostó frente a la estación de servicios Puma de Ovidio Lagos al 3900, gerenciada por la sociedad Gas Auto Tiferno. En el playón cercano a la Jefatura fotografiaron las cifras de los surtidores y a jefes de unidad saliendo de una oficina con sobres papel madera cada quince días.
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El siguiente paso fueron las escuchas. Se descubrió así un aceitado esquema de sobrefacturación estimado en unos 2 litros por móvil, transversal a la Jefatura, al que se añadió en algunos casos la modalidad de las cargas “fantasma”. Si bien por la vía oficial la asignación para combustibles era depositada como crédito en las tarjetas plásticas Visa Flota de cada patrullero, el retorno era entregado en efectivo desde la estación, que se quedaba con un 20% de lo sobrefacturado.
La última etapa fue la declaración de imputados como colaboradores. En ese carácter, tres policías ajustaron detalles de la maniobra que condujeron a la imputación de Acosta. Se supo así que los patrulleros sólo reponían combustible en Gas Tiferno porque fue la única estación dispuesta a participar. Dijeron que todo se manejaba con un celoso recelo por la confidencialidad: “Bastaba con que alguien contara y volaba todo”.
Las penas y los roles
En ese marco, los pedidos de pena oscilan según el aporte atribuido a cada uno. Para Adrián Bahl, uno de los jefes de la sección Caballería y Perros señalado entre quienes retiraban sobres en persona, el fiscal solicitó 5 años de prisión. La misma pena requirió para quien lo sucedió en el cargo, Darío Fabián Fantín, otro de los fotografiados. Y para el subinspector Juan Manuel Herrera, encargado de los insumos del escuadrón y cuya firma consta en tickets de cargas. Un poco más abajo aparece el pedido de 4 años y medio de prisión para el subjefe, Mario Rodrigo Brest.
En su rol de jefe del Grupo Táctico Multipropósito —una de las áreas que retiraba sobres pese a contar con pocos móviles y escaso patrullaje— Fabián Becerra afronta un pedido de 5 años de prisión. El encargado de carga a sus órdenes, Fernando Miguel Ceballos, 4 años y 2 meses.
Para el jefe de la Sección Logística, Roberto Gabriel Blanco, el pedido es de 6 años y 8 meses no sólo por su rol en el fraude con naftas sino también por la supuesta apropiación de cuatro neumáticos oficiales hallados en la casa de Domínguez. Una pena cercana a 7 años de prisión fue requerida para otro jefe, Diego Alberto Santamaría, del Comando Radioeléctrico (CRE). “Hizo posible que, gracias a la mayor flota vehicular de la Unidad Regional, se retiraran entre 2 y 4 millones de pesos por quincena sobre el final de la vida de la asociación ilícita, sólo en retornos del CRE”.
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En el caso de Diego Luna, superior jerárquico del Cuerpo Guardia de Infantería, se solicitaron 5 años de condena. Para Javier Norberto Arce, de la misma sección, 4 años y 2 meses. El pedido sube a 7 años para Héctor Daniel Saucedo, titular de la Brigada Motorizada, comprometido en una auditoría contable. Es de 5 años para Juan Alberto Villordo, quien se ocupaba de las cargas de esa sección. Y de 8 años para Juan Pablo Pigozzi, jefe la Brigada de Orden Urbano que “no desconce las maniobras y usa vehículos con cargas fantasma”.
Se fijaron montos de 4 años y medio para Gustavo Adrián Bazán, encargado de cargas de Garaje Oficial que “todos los días les cargaba 30 mil pesos a sus jefes”; el exinspector de Zona Sexta con base en Arroyo Seco Edgardo Roldán y el interventor de Medicina Legal, Roberto Sandoval. Por debajo, el fiscal solicitó 3 años y 4 meses para Franco Fabián Cuesta como empleado de la Policía de Investigaciones sospechado de un arreglo propio con la estación, por fuera la asociación de la Sección Cuerpos.
Por último figuran los dos civiles implicados en la maniobra. Mónica Bianconi, empresaria a cargo del directorio de la estación de “buen pasar económico”, según Caterina aceptó “con pleno conocimiento un pacto venal” por el que pidió una condena a 8 años de prisión: “Es la persona que mayor beneficio obtuvo de toda la maniobra. Ganancias multimillonarias”.
En tanto que el encargado Daniel Alberto Reynoso, “articulador clave entre la policía y la estación”, afronta un pedido de 6 años y 8 meses como partícipe.
