La jueza de Cámara Penal Gabriela Sansó confirmó por medio de una resolución la prisión preventiva para ocho personas en investigación por asociación ilícita y malversación de caudales con combustible destinado a patrulleros policiales. Los abogados defensores de los imputados fueron notificado el 21 de marzo de 2026. De esta manera validó la prisión preventiva de: Daniel Acosta (Ex Jefe de la URII); Roberto Blanco;(Ex Jefe de la División Logística de la URII) Diego Luna;( Ex Jefe del Cuerpo de Guardia de Infantería de la URII; Rodrigo Domínguez (Ex Jefe Secretaría Privada de la jefatura de la URII) ; Roberto Sandoval; Héctor Saucedo (Ex Jefe Brigada Motorizada de la URII); Juan Manuel Herrera (subinspector ex encargado de Carga del Escuadrón de Caballería y Sección Perros) y Juan Alberto Villordo.(efectivo policial encargado de Cargas de Combustible, de la Brigada Motorizada y de la BOU Brigada de Orden Urbano).
La camarista analizó la situación de cada imputado en particular, a lo largo de 33 páginas de la resolución 114 del 20/3/26, considerando que todos los recaudos para la imposición y el mantenimiento de la mencionada prisión preventiva se justificaban en relación a la mayoría de los imputados que habían apelado esa medida de coerción.
Se avaló el encuadre de la asociación ilícita, considerando la gravedad del perjuicio reafirmando la proyección de pena efectiva de cara a un juicio oral. Se tuvo en cuenta que aunque el objetivo final fuera el beneficio económico mediante el combustible, la organización generaba una contabilidad que no se sostenía en la realidad, y que requería una logística permanente, haciendo una diferencia con la coautoría, o participación en hechos aislados, pudiendo hablar de un plan delictivo consistente en la mantención de un sistema de desvío de fondos activos, de manera permanente, con el marco de una estructura que quedaba en manos de la voluntad de quienes lideraban.
Por su parte dispuso revocar la prisión preventiva dispuesta para Adrián Bhal, Fabián Becerra., Nicolás Cuesta., Edgardo Roldán y Roberto Sandoval y dispuso para ellos una medida no privativa de la libertad con restricciones por el plazo dispuesto en audiencia imputativa como: fijar residencia, firma mensual ante la OGJ, prohibición de salida de la provincia sin autorización fiscal y judicial, y prohibición de salida del país, además de prohibición de contacto por cualquier medio con coimputados y testigos y otros miembros de la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
La imputación fue consecuencia de la investigación que cobró impulso en mayo pasado, cuando Caterina ordenó la detención de trece policías y cuatro civiles –todos involucrados en la estación de servicio Puma de la zona sudoeste de Ovidio Lagos al 3900, donde se hacían las maniobras–. En las alternativas de la investigación y las primeras audiencias algunos de los imputados ofrecieron su testimonio como “arrepentidos” y, sumado a las medidas del Ministerio Público de la Acusación, se avanzó con nueva evidencia.
El fraude
De acuerdo a la teoría del caso expuesta por el fiscal José Luis Caterina, las maniobras para desviar el dinero se hicieron de dos formas: una, por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales; la otra, por cargas ficticias o “fantasmas”. Caterina contó que en abril de 2025, un mes antes de los primeros allanamientos, la Unidad Regional II de la Policía había gastado 406.924.155 pesos en combustible. En junio, luego de las detenciones, 348.147.069.
El fiscal sostuvo que Daniel Acosta delegó en su secretario Rodrigo Domínguez la creación de una “Oficina de Gestión de Multas”, mediante la cual se “castigaba” a los jefes de las divisiones policiales que se atrasaban en la rendición del dinero producto de las maniobras investigadas. Las sanciones iban, según apuntó Caterina, desde la entrega de vinos caros, whiskies y costillares o asado para diez personas.
Entre los imputados también se hallaban; Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería respectivamente. Los otros agentes acusados, pero de menor rango, fueron Javier Arce, de Infantería; el subinspector Fernando Ceballos, del Grupo Táctico Multipropósito; el subinspector Jorge Delgado, de la División Logística; el subinspector Sergio López, del Comando Radioeléctrico; el subinspector Gustavo Bazán, de la División Logística; el inspector Juan Villordo, de la brigada motorizada; la empleada de la División Personal, Nancy Plomer; y el inspector Franco Cuesta, de la Policía de Investigaciones.
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Los civiles, en tanto, son Mónica Juana Bianconi, presidenta del directorio “Gas Auto Tiferno S.A.”; su director suplente, Oscar Artemio Coullery; el encargado Daniel Reynoso; y la empleada administrativa María Fernanda De Franco. Todos ellos, relacionados a una estación de servicio que está situada en Ovidio Lagos al 3900, a diez cuadras de la Jefatura de Policía de Rosario, donde se concentraron las operaciones investigadas por el Ministerio Público de la Acusación.
El fiscal Caterina expuso la evidencia recolectada mediante distintas medidas. Por un lado, leyó comunicaciones entre los coimputados, producto de intervenciones telefónicas. También mostró la información que arrojaron los GPS que él ordenó colocar a algunos patrulleros para comprobar los recorridos hechos y compararlos con el combustible cargado.
Paseo y mentiras
Por último, exhibió fotos de policías hoy imputados que, de civil o uniformados, iban quincenalmente a la estación de servicio a retirar el dinero en efectivo acordado, que era sacado en sobres de papel madera o en cajas.
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En su exposición, el fiscal enfatizó que en el relevamiento hecho con la División de Asuntos Internos detectó que había 85 patrulleros que figuraban fuera de servicio en julio del año pasado, pero aparecían cargando combustible en los documentos registrados por el personal policial involucrado. Dos camionetas, por caso, fueron detectadas en fuera de servicio en un depósito, con problemas de arranque. Como no tenían GPS, el fiscal ordenó que se les colocara dicho dispositivo el 30 de octubre del año pasado, y el resultado fue sorprendente: hasta el 21 de noviembre de ese año, uno de esos vehículos no circuló por fuera del predio de la Jefatura de Policía, y en algunos días ni siquiera fue encendido. Sin embargo, aparece haciendo ocho cargas de combustibles por un monto de 252 mil pesos.
Otro ejemplo fue el uso de un Renault Clio, un móvil no identificable, que era utilizado por el comisario Juan Pablo Pigozzi, quien solo en diciembre pasado le cargó combustible –según la documentación elevada– por 1.422.000 pesos. El fiscal ponderó que dicho monto arrojó que el auto llegó a cargar nafta hasta dos veces al día.∏
