El fiscal Matías Merlo, que investiga la
megaestafa inmobiliaria en Venado Tuerto, criticó con dureza al juez de la causa, Benjamín Révori, por liberar a los 16 detenidos acusados de las ventas irregulares de 32 propiedades y mil hectáreas de campo por mil millones de pesos.
"Es de gravedad institucional lo que resolvió el magistrado", aseguró Merlo en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho tras enumerar distintas ocasiones en las que los detenidos intentaron influir para frenar la investigación.
Asimismo, afirmó que comparte con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro la "crítica" a la resolución del juez por considerar que sí existe peligrosidad procesal.
"El juez para dictar prisión preventiva tiene que sumar tres cuestiones: una que el delito haya existido, que la pena sea de prisión efectiva y la peligrosidad procesal que quiere decir que se pueda fugar o pueda entorpecer la investigación", explicó.
"Vamos a apelar esta cuestión ya que es grave institucionalmente, errónea y sorpresiva"
En ese sentido, indicó: "El juez justificó durante una hora y media que nos encontrábamos ante una asociación ilícita, después consideró que en caso de ir a juicio la pena sería de cumplimiento efectivo, pero, erróneamente consideró que no hay peligrosidad procesal".
Asimismo, recordó que en los primeros allanamientos, "cuando los estábamos investigando por diez causas, ya tenían información de antemano, sacaron datos del estudio y desde el mes de diciembre hasta marzo tenemos escuchas donde buscaban cualquier mecanismo a fin de tratar de influir en la causa".
"Por ejemplo se comunicaron con una persona a la que le piden el detalle de los fiscales, en otro momento se comunica con alguien en Buenos Aires que le pide el detalle de los fiscales a fines de desactivar el tema", enumeró y agregó: "Le solicitaron que le de una mano a él sino también a otras personas, luego vuelven a llamar para decir que iban a hablar lo más arriba posible para desactivar esa cuestión".
Merlo razonó que si los acusados antes de un allanamiento y sin detención, "tuvieron esta postura", entonces en el caso de que "vayan a juicio oral y público con detenidos y con riesgo de sufrir condena, ¿cómo van a actuar?", se preguntó.
"El juez tiene una interpretación que no entiendo. Vamos a apelar esta cuestión ya que es grave institucionalmente, errónea y sorpresiva", afirmó.
