Los 16 imputados por la megaestafa inmobiliaria que se investiga en los Tribunales de Venado Tuerto recibieron ayer el beneficio de la libertad con restricciones por lo que seguirán el proceso en sus domicilios. Así lo dispuso el juez Benjamín Revori al finalizar una audiencia que había empezado el jueves pasado, cuando el fiscal Matías Merlo elevó las actuaciones del caso y leyó las imputaciones de los implicados en 32 casos de apropiación de inmuebles rurales y urbanos de personas fallecidas o mayores de edad pero sin herederos, maniobra que les permitió sumar unos mil millones de pesos.
"Realmente no esperábamos está resolución porque las cuantiosas pruebas presentadas antes el juez, entre ellas las escuchas que comprometen a los implicados en las maniobras, eran suficientes para dictarles la prisión preventiva. Pero parece que en la Justicia sólo van presos los ladrones de gallinas y no aquellos que actúan con guantes blancos y se apropian de inmuebles ajenos. Esos gozan de un beneficio especial y esto es un mensaje muy malo para la sociedad", dijo con visible enojo el fiscal Merlo al terminar la audiencia ayer a la tarde.
Sin peligrosidad procesal
Según la resolución del juez Revori, los 16 implicados en la maniobra delictiva "conformaron una asociación ilícita que se extendió en el tiempo, en forma permanente y con roles determinados", por lo que avaló los acusaciones presentadas por la Fiscalía. Incluso argumentó que de llegarse a una condena "la misma sería de cumplimiento efectivo". Pero sostuvo que no había "peligrosidad procesal en los acusados" y por ello llegó a la conclusión que era innecesario dictarles la prisión preventiva mientras dure el proceso.
Al respecto, Merlo recordó que "los primeros allanamientos se realizaron a mediados de 2017 y entonces no se dió con los inculpados, aunque sí se pudo saber que esas personas tenían información de antemano de que se iban a realizar los procedimientos". Y dijo no poder entender cómo, "entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 (el abogado Antonio) Di Benedetto, considerado el jefe de la asociación ilícita, siguió manteniendo conversaciones con los demás implicados y otras personas cuyas identidades prefiero reservar, pero en esta oportunidad para ver cómo «se podía arreglar la causa»".
En ese sentido, el funcionario también mencionó que "en una denuncia registrada en enero en la comisaría 12ª de Venado Tuerto por un caso de estafa similar a la que nosotros investigamos, pudimos comprobar que Di Benedetto paró su elevación a la Fiscalía". En una escucha sobre ese hecho se oye al abogado decirle a la víctima: "Te vamos a dar una mano, no te preocupés".
"En base a eso se siguió avanzando y se pidió la intervención de más teléfonos. Así supimos que los líderes de esta asociación ilícita persuadían a personas y obraban para influir en la causa. Por eso nos llamó la atención que el juez aceptara la figura de la asociación ilícita pero desestimara la peligrosidad procesal de sus integrantes, lo que al fin lo llevó a dictarles la libertad con restricciones y no la prisión preventiva que nosotros pedimos", dijo Merlo.
Así las cosas, la mañana de ayer el juez determinó otorgarle la libertad bajó caución de un inmueble por el valor de 170.000 dólares al abogado Antonio Di Benedetto y, ante ese panorama, "para no dilapidar esfuerzos ni derrochar tiempo en un proceso judicial cuyo resultado ya conocíamos, se decidió dejar al libre albedrío del juez las medidas a tomar sobre los otros implicados", concluyó el fiscal.
Cómo operaban
Así, poco después de las 17 de ayer finalizó la audiencia en la cual el magistrado venadense dispuso la libertad de todos los imputados y les impuso la restricción de acercamiento y contacto entre ellos, lo que a la luz de los acontecimientos "es casi imposible controlar", dijo Merlo.
De acuerdo a lo expuesto por el fiscal ante el juez, "la asociación ilícita comenzó a operar de forma permanente y mantenida hace seis años. El objetivo era apropiarse de bienes inmuebles rurales y urbanos en el sur de la provincia". Agregó que "la información que corroboramos con el Registro de la Propiedad es que los titulares catastrales de los bienes apropiados eran de edad avanzada o habían fallecido".
El fiscal dijo que "la banda realizaba operaciones jurídicas, boletos de compraventa, escrituraciones, juicios de escrituración y otros fraudes para desapoderar a los titulares de los inmuebles afectados y transferirlos a nombre de algún miembro de la asociación o de terceros".
Quienes fueron beneficiados con la resolución aparte de Di Benedetto son Milena Fischer (empleada del abogado); el venadense Juan Carlos Rullo; el contador bonaerense Walter Díaz Franco, quien se acogió a la figura del arrepentido; el gestor rosarino Raúl Jaime; el escribano venadense Eugenio Casadei; su par de Armstrong, Angel Emilio Moreale; Luis Alberto Bentati, Alberto Long, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, Alejandro Dall?Armellina, Roberto Miguel Sainz, Danisa Elisabet Pintos y María de los Angeles Sarría.
