Una causa en la Justicia federal vuelve a exponer cómo personas involucradas en el delito complejo utilizan propiedades en zonas exclusivas para subalquilarlas, en muchas ocasiones a personas también vinculadas al crimen. La imputación reciente a Andrea Ortigala se centra en el encubrimiento a un narco prófugo que finalmente fue detenido en un departamento de Metra Puerto Norte, donde había montado una cocina para estirar cocaína. Esta mujer es media hermana de Mariana Ortigala, protagonista de otra investigación con un trasfondo similar, sospechada de ser testaferro de la banda Los Monos en la adquisición de propiedades en Rosario, Funes y Roldán.
Por el momento las dos causas se tramitan de manera independiente, más allá de los puntos en común que aparecen no solo en el parentesco de las personas involucradas sino también en la dinámica de adquisición y subalquileres de propiedades. En eso coinciden fuentes consultadas: en principio no están relacionadas las causas pero las maniobras son "idénticas".
Andrea Ortigala ya había estado involucrada en acusaciones por estafas inmobiliarias. Fue en 2018, cuando el Ministerio Público de la Acusación recibió una serie de denuncias por alquileres falsos en Rosario, Funes y Roldán. Lo curioso es que una de las denunciantes fue, justamente, su media hermana Mariana Ortigala.
Lo que subyace a estas causas es la presunta facilidad con la que estas personas acceden a las propiedades. En el caso de Mariana Ortigala se investiga si las adquirió por medio de extorsiones u otras maniobras ilícitas. Distinta es la situación de su media hermana que, según los fiscales, en el caso que la imputaron las alquilaba a nombre de allegados pero en verdad estaban destinadas a un prófugo. Un poco más allá de lo conocido en estas causas se abre la pregunta sobre la falta de regulación de estos movimientos por parte de las inmobiliarias y escribanías. Fuentes consultadas también coinciden en que "hay tela para cortar".
Una cocina narco en Puerto Norte
Maximiliano Ortigoza, de 37 años, fue detenido el 1º de octubre pasado cuando salía de un departamento que alquilaba en Carballo al 580, en el complejo Metra Puerto Norte. Dentro del inmueble, descubrieron luego los investigadores, el hombre había montado una cocina de estiramiento de cocaína. Por esa causa Ortigoza y su pareja Keila Jazmín Santos Lenz fueron condenados en juicios abreviados; él a cuatro años y medio de cárcel por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento, mientras que ella fue penada a tres años de prisión condicional por el mismo delito.
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Ortigoza había estado más de dos años prófugo en una causa tramitada en la provincia de Córdoba, por lo cual la investigación se amplió para conocer cómo había logrado mantenerse fuera de la ley. Así fue que los fiscales Franco Benetti y Santiago Alberdi, de la Oficina de Narcocriminalidad de Investigación y Litigio de Casos Complejos de Rosario, llegaron a Andrea Ortigala.
Siguiendo esos pasos descubrieron que la mujer le había subalquilado a Ortigoza al menos cinco inmuebles entre abril de 2023 y octubre de 2024: dos propiedades en Roldán, dos en Rosario y una en Granadero Baigorria. Para los fiscales la mujer tenía conocimiento de a quién le alquilaba. “No solo permitió que esa persona se evada de la Justicia, sino que continúe con su accionar. Hay elementos para asegurar que la señora conocía personalmente a Ortigoza y sabía que tenía problemas con la Justicia y no podía alquilar, le prestó auxilio al menos por un año y medio y se benefició económicamente”, resumió el fiscal Benetti.
Propiedades, balaceras y Los Monos
Mariana Ortigala primero fue víctima y después imputada. Su nombre comenzó a aparecer en las crónicas cuando fue atacada a balazos por miembros de la banda de Esteban Lindor Alvarado. Para entonces ya había comenzado a declarar en la Justicia como testigo en la investigación contra el narco que llegó a juicio con condena a prisión perpetua. Tiempo después fue imputada por intentar extorsionar al dueño de una agencia de loterías en nombre de "la mafia".
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En esa causa los fiscales provinciales Pablo Socca y Miguel Moreno solicitaron la inhibición de 14 propiedades que figuraban a nombre de Ortigala. Se sospechaba que las había adquirido por sus vínculos con Guille Cantero, a quien se había acercado tras alejarse del entorno de Alvarado. En ese marco se comenzó a investigar si Ortigala estaba involucrada en lavado de activos como testaferro del líder de Los Monos, causa que pasó a la Justicia federal.
La evidencia más clara del vínculo entre Cantero y Ortigala fue una de las propiedades inhibidas. Ubicada en Alberdi al 1400 de Funes, un enorme caserón fue el domicilio que la pareja de Cantero, Vanesa Barrios, fijó ante la Justicia para su prisión domiciliaria en el marco de su condena por la causa "Los Patrones". En diciembre pasado los tres fueron procesados por lavado de dinero por la Justicia federal.
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Otras de las propiedades que la Justicia inhibió también corresponden a zonas con cierta exclusividad. Por ejemplo un lote en Tierra de Sueños III de Roldán o dos casas del barrio Funes Town ubicadas en Pérez Esquivel al 6100 y Scalabrini Ortiz al 700. También se detectaron una vivienda en Pintor Musto al 500, en La Florida, y departamentos en Corrientes al 100, Francia al 800, San Luis al 1100 y Servando Bayo al 1000.
Uno de los inmuebles era explotado comercialmente y también fue blanco de varios ataques a balazos. Se trata del minimarket de Mendoza y Matienzo que hace algunos años era propiedad de un hombre condenado por narcotráfico en una causa desprendida de "Los Patrones". En un allanamiento a Ortigala los fiscales hallaron un boleto de compraventa de ese local a nombre de la mujer.
Aguantaderos céntricos
En enero de 2024, cuando ya se había formalizado la imputación a Ortigala y la inhibición de sus propiedades, uno de esos departamentos fue noticia tras otra detención vinculada al narcotráfico. Noel R., sindicado como parte de la banda de Julio Andrés "Peruano" Rodríguez Granthon, cayó en uno de los departamentos de Corrientes al 100 vinculados a Ortigala. Lo había comprado la madre de la mujer en abril de 2023.
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El uso de departamentos del centro por parte de personas requeridas por la Justicia es una modalidad que se repite en los últimos años más allá de las personas involucradas en estas dos investigaciones. Como ejemplo aparece el caso de Jonatan Almada, imputado junto a su padre expolicía como miembros de la asociación ilícita liderada por Mauro Gerez, Andy Benítez y Matías César que para la Justicia es una suerte de célula de Los Monos. Oriundo de Ludueña, luego de lograr evadirse de varios allanamientos Almada cayó en agosto de 2022 en un departamento de Entre Ríos al 1400.
La información que le había facilitado evadirse de la Justicia la había proporcionado una empleada de la policía provincial que ya fue condenada. La suboficial Analía Francia, madre de un sicario de la banda, le había anticipado a Almada un procedimiento que tenía como objetivo su detención. Tiempo después, tanto la mujer como su hijo fueron detenidos en inmediaciones del departamento que alquilaban en Mendoza al 600.
