Los diputados de la comisión investigadora del triple crimen de villa Moreno, ocurrido la madrugada del 1º de enero pasado y que costó la vida de tres jóvenes militantes sociales, elevaron un informe preliminar a la Cámara baja de la provincia en el cual sostienen que el trágico suceso expuso "una compleja trama de relaciones entre bandas delictivas relacionadas con el tráfico de drogas, con clara capacidad económica y poder logístico, y diversos actores institucionales", en referencia específica a la policía provincial. Asimismo, el escrito remarca en una de sus partes (que contó con la disidencia de las legisladoras oficialistas) "la pérdida casi absoluta de la presencia estatal" en algunos sectores del espacio urbano rosarino y la "falta de diseño de políticas públicas de seguridad permanentes".
El trabajo de la comisión se inició el pasado 17 de febrero cuando la Cámara baja autorizó a la Comisión de Derechos y Garantías que preside el diputado Eduardo Toniolli a "recabar información y documentación que coadyuve al esclarecimiento del hecho" en el que fueron acribillados a balazos en el predio de la Agrupación Infantil Oroño, ubicada en Dorrego y Presidente Quintana, los jóvenes Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, ajenos totalmente a los motivos que detonaron el sangriento ataque, según quedó demostrado en la propia Justicia.
Desde entonces, los legisladores no sólo hicieron un detallado seguimiento de la causa que lleva adelante el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola, sino que también acompañaron en distintas instancias y escucharon los testimonios de los familiares de las víctimas, y entrevistaron a las autoridades policiales implicadas en lo que se ha definido como "una verdadera trama de encubrimiento".
No al ajuste de cuentas. La presentación del informe se realizó en la sesión que Diputados realizó el último jueves y estuvo a cargo de la diputada María Eugenia Bielsa, quien aprovechó la ocasión para pedir un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del hecho al cumplirse 11 meses de su muerte. Al referirse a las conclusiones del trabajo, la legisladora justicialista dijo que "el episodio de villa Moreno fue una expresión muy clara de la connivencia policial y la delincuencia, el narcotráfico y otros tipos de delitos". Y remarcó que se pudo llegar a esclarecer lo ocurrido "a pesar de que la primera declaración oficial que hubo sobre el hecho fue definirlo como un «supuesto ajuste de cuentas»".
En ese sentido, la diputada planteó que "es hora de desterrar esa descripción, porque el ajuste de cuentas supone que en algunos barrios marginales de la ciudad se matan entre ellos y eso tranquilizaría al resto de la sociedad. Pero eso no es así, como en este episodio quedó demostrado. Y además, hablar de «ajuste de cuentas» es dar un mensaje negativo hacia la sociedad porque le quita responsabilidad al Estado en la investigación de los hechos".
Al respecto, el escrito de la comisión remarca que "la figura del «ajuste de cuentas» aparece como una herramienta discursiva que permite invisibilizar las circunstancias y causas del delito y crear un sentido común en torno a la idea de que los elevados niveles de delincuencia y violencia son propios de ciertos sectores sociales, permitiendo construir un mensaje que circunscribe el hecho delictivo a un enfrentamiento entre bandas sin quedar en claro los contextos y los móviles, pretendiendo desde esa contextualización quitar las responsabilidades que el Estado debe asumir tanto en la prevención como en la investigación y esclarecimiento de estos ilícitos".
Ausencias y reformas. Asimismo, los diputados expresan que su trabajo "permite habilitar conclusiones de cara a la concreción de reformas legislativas orientadas a aportar herramientas institucionales válidas para abordar la problemática del crecimiento de la violencia y de la tasa de homicidios en determinadas zonas de la ciudad de Rosario y de otros grandes centros urbanos de la provincia".
El informe fue firmado por los diputados Eduardo Toniolli, Germán Kahlow y María Eugenia Bielsa (PJ), Germán Mastrocola (Unión Pro Federal), Inés Bertero y Griselda Tessio (Frente Progresista). Sin embargo, estas dos últimas plantearon algunas disidencias parciales, principalmente cuando el escrito refiere al texto del procesamiento que el juez Juan Andrés Donnola dictó a los implicados en el triple crimen. Ese texto sostiene que "el hecho de este triple homicidio refleja una pérdida casi absoluta dela presencia estatal en el espacio urbano".
Y agregan los legisladores, también con la disidencia de sus pares oficialistas, que "es necesario concluir en que existe una falta de diseño de políticas públicas de seguridad permanentes; de acciones de control de las fuerzas de seguridad en cabeza de funcionarios que no tengan estado policial; de revisión de normas de procedimientos internos de las fuerzas de seguridad que impidan a sus miembros la consumación de acciones u omisiones que consoliden y/o permitan sustraer faltas administrativas y/o hechos que puedan configurar delitos —propios o de terceros— de la acción del Estado (Poder Ejecutivo y Poder Judicial); de afectación de recursos económicos suficientes para dotar a unidades investigativas de delitos complejos de equipamiento teconoógico y recursos informáticos de alta complejidad —acompañados de la adecuada capacitación de recursos humanos preseleccionados a tal fin—; de normas que prohíban el otorgamiento de nuevas funciones a personal de la fuerza de seguridad que se encuentren bajo sumario administrativo o investigación judicial y consecuentemente de eventuales ascensos; y profundización de las normas vigentes para el personal que se incorpora a las fuerzas de seguridad, extendiendo las capacitacionesa quienes ya integran la fuerza".
Finalmente, el informe dice que "a la luz de la información relevada...se permitió demostrar la existencia de relaciones entre la banda encabezada por Sergio El quemado Rodríguez (detenido y procesado como el líder del grupo que cometió el triple crimen) y algunos funcionarios policiales, así como diversas irregularidades que tenían como protagonistas centrales a miemebros de la fuerza de seguridad provincial".
Procesados. Vale recordar que, además de El quemado Rodríguez, se encuentran procesados por el trágico hecho los jóvenes Daniel Alejandro Teletubi Delgado, Brian Isamel Pescadito Sprío y Brian Damián Damiancito Romero como autores penalmente responsables de homicidio en tres hechos doblemente agravado por la participación de un menor y el uso de armas de fuego; y Mauricio Ezequiel Maurico Palavecino como partícipe necesario.Además, el comisario inspector Eduardo Ismael Carrillo, el suboficial Norberto Claudino Centurión y el agente Lisandro Jesús Martín fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por su condición de policías.
Estadísticas
De acuerdo a fuentes de la Jefatura de la Unidad Regional II, entre el 1º de enero y el 30 de noviembre del presente año en el departamento Rosario se registraron 159 homicidios, mientras que a lo largo de todo el 2011 sumaron 164. A partir de esas estadísticas, el diputado Eduardo Toniolli mostró su preocupación porque mientras que “en 2011 la tasa de homicidios fue de 13,75 por cada 100 mil habitantes, la proyección para este año da 15 por cada 100 mil, lo que se sitúa a Rosario muy por encima de ciudades similares, como Córdoba”.
