Descubren una banda de prestamistas colombianos que cobraba sus créditos con violencia

Alguien tocó la puerta de una casa de zona oeste a fines de agosto pasado como a las diez de la noche. Dijo ser un albañil que buscaba al propietario de la vivienda. El dueño salió mientras su esposa quedaba adentro con su hija de seis meses. Desde adentro la mujer escuchó dos sonidos secos y corrió a la puerta. Vio a su marido caído al suelo de rodillas, blanco como una hoja agarrándose el abdomen, murmurando con la voz igual de pálida: “Fue el colombiano”.

Esa fue la punta que permitió descubrir a una red de prestamistas informales integrada por colombianos, una más de las que operan en Rosario, prestando dinero a niveles de usura, contra los que se ordenaron varios allanamientos en domicilios de la zona oeste de la ciudad concretados esta mañana, entre ellos en el de una empleada policial de la ex PDI que le brindaba protección a uno de los líderes, que fue detenida. Otro de los detenidos es José Francisco Ch, uno de los que se presume prestamista, que no es colombiano sino ecuatoriano. Lo acusarán de acciones de usura y tentativa de homicidio

Este grupo presta plata en barrios pero es conocido en el mercado de productores de 27 de Febrero y San Nicolás. Ofrecen efectivo en general a personas sin condiciones de tomar dinero en entidades oficiales pero que tienen alguna actividad que les posibilita repago. El acuerdo es entregar una cantidad, por ejemplo 8 mil pesos, y devolver diariamente 200 en plazos muy largos, que se extiende hasta producir a los prestamistas entradas leoninas. Se calcula que ganan el 360 por ciento anual lo que supone un lucro exorbitante.

Pero demorarse en los pagos tiene costos altísimos que se cobran al contado. El balazo que casi mata a un hombre al que no se le perdonó un retraso dejó ver la organización de prestamistas y sus violentos cobradores que no toleran la mínima tardanza en los acuerdos. Uno de los que comandaba este grupo, conocido como Rafael, gozaba de la protección de una empleada policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC, ex PDI) que usó sus influencias para ayudarlo cuando estuvo en un serio aprieto: yendo en auto por la zona oeste lo detuvieron en un retén el 24 de noviembre último con 40 mil pesos en efectivo de imposible justificación. El colombiano la llamó por celular y le explicó lo ocurrido.

La conexión policial

La funcionaria policial le pidió que le pasara con el hombre del retén. Se identificó con su nombre, le explicó que era subinspectora de la AIC y le dijo: “Esta persona lleva ese dinero para pagar un operación por una persona que había fallecido de coronavirus en el Carrasco". Le solicitó que bajo su responsabilidad lo dejara ir. Ahora esta mujer será acusada en audiencia por incumplimiento de deberes y encubrimiento por los fiscales que investigaron, Federico Rébola y Valeria Haurigot.

El ataque contra Pedro M. fue el 25 de agosto en la calle Patagones al 4300, en la zona de Vía Honda. El que disparó, un supuesto colombiano conocido como Brian, utilizó un revólver calibre 38. Cuando la víctima estaba en el piso le dijo que si no pagaba volvería por su esposa y su hija. Se marchó en una moto Yamaha YBR blanca.

La víctima había conocido en el mercado de productores a los prestamistas, donde éstos son muy conocidos. Había tomado una deuda de 5 mil pesos. Fue pagando a diario con sus tareas de changarín pero al ser despedido se quedó sin chances de cumplir su compromiso. Por esa morosidad forzada le quedó para siempre una colostomía con una bolsa en el abdomen y un cambio de casa por el miedo a que regresen.

A partir de datos fragmentados la Brigada Operacional Delegación de Tribunales realizó tareas de pesquisa en el Mercado de Productores donde establecieron que personas de nacionalidad extranjera realizaban préstamos y cobranzas en el lugar. Uno e los que se dedicaba a eso era un tal Brian pero su verdadero nombre, decían, era Víctor. Y su socio era José Francisco Ch. quien tenía un permiso de circulación expedido por el mismo mercado. Allí constaban datos de su identidad y que utilizaba una moto cuya marca y patente figuraban. En su actividad registrada había escrito: “Servicio de cobranzas”.

La consulta al Registro Nacional de las Personas dejó claro que José Francisco Ch. no era colombiano sino ecuatoriano. Su fotografía era coincidente con las descripciones de la víctima del disparo. También quedaba claro que la moto que tenía a su nombre era la Yamaha usada para disparar contra el changarín.

La sombra del colombiano

El ataque contra Pedro M. fue el 25 de agosto en la zona de Vía Honda. El que disparó, un colombiano conocido como Brian, utilizó un revólver calibre 38. Cuando la víctima estaba en el piso le dijo que si no pagaba volvería por su esposa y su hija. Se marchó en una moto Yamaha YBR blanca.

>> Leer más: Dos cobradores colombianos asesinaron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

La víctima había conocido a los prestamistas en el mercado de San Nicolás y 27 de Febrero donde éstos son muy conocidos. Había tomado una deuda de 5 mil pesos. Fue pagando a diario con sus tareas de changarín pero al ser despedido se quedó sin chances de cumplir su compromiso. Por esa morosidad forzada le quedó para siempre una colostomía con una bolsa en el abdomen y un cambio de casa por el miedo a que regresen. Se estableció que el ataque ocurrió porque la víctima le debía mil pesos a un prestamista al que conocía como José al que le prometió pagarle el fin del 22 al 23 de agosto. El 25 llegaron a la casa del tomador del crédito y le pegaron los dos balazos.

Las escuchas telefónicas

A partir de datos fragmentados la Brigada de Tribunales realizó tareas de pesquisa en el Mercado de Productores donde establecieron que personas de nacionalidad extranjera realizaban préstamos y cobranzas en el lugar. Uno e los que se dedicaba a eso era un tal Brian pero su verdadero nombre, decían, era Víctor. Y su socio era José Ch. quien tenía un permiso de circulación expedido por el mismo mercado. Allí constaban datos de su identidad y que utilizaba una moto cuya marca y patente figuraban. En su actividad registrada había escrito: “Servicio de cobranzas”.

Las escuchas telefónicas ordenadas reflejan con elocuencia que los diálogos son entre personas que se dedican a prestar dinero y a cobrar con una tasa de retorno usuraria. Hay también referencia a que organizan la compra de dólar ahorro a través de terceras personas que prestan su nombre y su DNI para comprar hasta 200 dólares a precio oficial y luego negociarlos a un precio mayor en el mercado blue “obteniendo con esta maniobra una ganancia en fraude y violación contra el orden financiero vigente”.

En varios diálogos captados se evidencia la forma de otorgamiento de créditos, los altos montos negociados y la tasa usuraria cobrada. Se advierte en varios casos que los clientes toman dinero luego de cancelar sus créditos. Por ejemplo se habla en una ocasión de un préstamo de 10 mil pesos con devoluciones a razón de 750 pesos por día en un plazo que ubican la tasa de interés a 360 por ciento anual.

Estas personas hablan con otra persona de nombre Rafael Guillermo B. que es el que demuestra tener mayor capacidad económica, que está identificado y tiene pedido de captura.