En el marco de la ley de microtráfico, la intervención se realizó en Mateo Booz 9013, donde fue asesinado Lucas Urrutia el 5 de enero de 2025
El búnker 105 derribado por la provincia se encontraba en la zona oeste de Rosario.
La provincia procedió este jueves por la mañana al derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la zona oeste de Rosario. Se trató de la inactivación número 105 de este tipo de espacios en toda la provincia, desde la vigencia de la ley de microtráfico sancionada a fines de 2023.
El operativo se realizó en calle Mateo Booz 9013, zona oeste de la ciudad. En ese lugar sucedió el homicidio de Lucas Urrutia, un crimen ocurrido en enero de 2025 en un conocido aguantadero de la zona vinculado al narcotráfico.
La vivienda no tenía dueño y había sido copada por bandas criminales, donde terminó ocurriendo este homicidio, que tiene dos personas detenidas mayores de edad y un menor de edad también involucrado en la causa.
“Los búnkers son lugares generadores de violencia, en toda una zona donde hay viviendas de gente trabajadora que se ve afectada por la presencia de estos puntos, que lo único que hacen es envenenar a la juventud y niños, y terminan con homicidios, balaceras, convirtiendo así “a un barrio tranquilo en peligroso donde los vecinos temprano tienen que esconderse en sus casas y ser testigos de lo que sucede”, dijo Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública provincial.
En ese sentido, valoró la implementación de la ley de microtráfico que permitió “liberar toda esa carga que pesaba en los vecinos y vecinas, permitiendo avanzar actualmente en el búnker 105 derribado en el territorio provincial”.
Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), César Cabrera, reconoció que tras el homicidio “la vivienda siguió involucrada con hechos violentos e incluso fue usada como aguantadero de un vehículo robado”, ya que había sido usada por “bandas criminales que operaban en la zona donde se encontraron más de 120 incidencias entre venta de estupefacientes, disparos de arma de fuego y amenazas”.
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Los derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.
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