Un retroceso. Esa es la definición en boca de jueces y fiscales provinciales al momento de mensurar el impacto de la reforma al Código Procesal Penal que el jueves pasado alumbró la Legislatura santafesina.
Coincidencias a la hora de considerar un retroceso los flamantes cambios promovidos por la Casa Gris
Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
El Código Procesal Penal tuvo un debate más intenso en Diputados.
Un retroceso. Esa es la definición en boca de jueces y fiscales provinciales al momento de mensurar el impacto de la reforma al Código Procesal Penal que el jueves pasado alumbró la Legislatura santafesina.
Los flamantes cambios en el Código, promovidos por la Casa Gris desde fines de 2023, implican la ampliación de facultades policiales, menos audiencias y plazos para revisión de detenciones, entre otros puntos.
En enero, representantes de magistrados, fiscales, funcionarios, sindicatos judiciales y abogados habían expuesto en Diputados sus objeciones y aportes a las reformas en la materia enviadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro.
En ese momento, el Colegio de Magistrados alertó a legisladores acerca de que la reforma “no resultaría beneficiosa para hacer más eficiente el sistema de enjuiciamiento penal”, deslizó a La Capital un habitual transeúnte de los pasillos de los Tribunales Provinciales.
Consumados los retoques al Código, entre los magistrados miran con recelo la delegación de mayores facultades a la Policía de Santa Fe para seleccionar y definir lo que terminará depositando en manos de fiscales como presunto hecho delictivo.
También es visualizada como potencial conflicto, respecto de su constitucionalidad, la extensión de los plazos de detención, a riesgo de que una persona quede en esa condición al menos 35 días sin saber por qué.
Otro factor que desvela a los magistrados es la logística e implementación de la reforma al Código en el sistema de enjuiciamiento penal.
Con las enmiendas aprobadas por la Legislatura se ven reducidos los procesos abreviados —cuando la sentencia condenatoria llega en un plazo más corto—, concebidos en su momento como una herramienta para descomprimir un sistema bajo amenaza de colapso, especialmente en Rosario.
Para los jueces, sumarse hoy a “corrientes con falsos paradigmas” parece atentar contra el funcionamiento de un sistema penal modificado diez años atrás frente a señales de ineficiencia.
En tanto, para evaluar el impacto de la reforma al Código entres los integrantes de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), basta con remontarse al documento presentado por el organismo en diciembre de 2023, cuando despuntaba el debate legislativo.
Por entonces, si bien los fiscales saludaron algunas medidas que posibilitarían “significativos avances”, también advirtieron acerca de “insalvables errores” que provocarían “un cercenamiento a los principios más elementales del sistema acusatorio, poniendo seriamente en riesgo su funcionamiento y, consecuentemente, su eficacia”.
Por eso solicitaron el tratamiento de la reforma con “la máxima dedicación y estudio, ya que el impacto y las consecuencias que acarrean ponen en serio riesgo la funcionalidad del sistema de Justicia Penal, llevando a resultados que podrían ser diametralmente opuestos a los buscados”.
“Se están tocando cosas que funcionan bien”, aseveraron —en voz baja— en la vereda de los fiscales, donde también alertaron sobre el peligro de “un mayor nivel de conflictividad”.
El gobierno provincial sustentó la reforma del Código en la necesidad de contar con nuevos instrumentos para las acciones contra el delito y en el marco de un ordenamiento normativo fijado el 11 de diciembre pasado.
En ese contexto, la Casa Gris ya avaló los últimos cambios en el MPA y tiene decidido avanzar con una renovación de la Corte Suprema santafesina.
