Distintas fuerzas de seguridad en la provincia comenzaron a realizar operativos de identificación de personas en espacios públicos que ocasionaron polémicas y, en algunos casos, llamaron la atención por la arbitrariedad. Por ejemplo, en el transporte urbano, personal uniformado solicita el DNI y consulta el destino de cada pasajero. En otros casos, algunas personas que debieron presentar la tarjeta hablaron de que tales averiguaciones connotan formas de discriminación ya que, según ellas, se ejecutan por “portación de rostro” y no de manera genérica.
Estas acciones desataron debates en redes sociales y entre vecinos de la ciudad donde está instalada la pregunta sobre cuál es la razón y, fundamentalmente, qué pasa si una persona no posee su documento durante el momento del control.
Este viernes a la noche dos jóvenes de 18 años fueron demorados en San Juan y Presidente Roca por la policía mientras tomaban de un contenedor de basura cartones y maderas. Los dos chicos fueron esposados e ingresados en un patrullero para ser llevados a la comisaría 2ª. Su acción no iba más allá de sacar los objetos que encontraban de utilidad para poner en el carro que tiraban. Los jóvenes permanecieron demorados hasta entrada la madrugada, alrededor de las 4 de este sábado, cuando los familiares pudieron ser localizados para que alcanzaran los documentos de los chicos hasta la comisaría céntrica.
“Nosotros vivimos en un estado de derecho, esto significa que la libertad debe ser siempre la regla, y que su privación, la excepción. La libertad está garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Existe un principio o estado de inocencia de los ciudadanos basado en la idea de la libertad, por lo tanto, toda restricción a ello debe ser justificada por el Estado. Debe decir por qué se restringe la libertad o el estado de inocencia que no solo rige en la Constitución, sino también en los pactos internacionales de derechos humanos”, explicó el especialista en Derecho Constitucional y docente Oscar Blando.
Entonces, a partir de dicho escenario, Blando manifestó que no existe una ley que contemple que en democracia, los ciudadanos tengan que llevar el DNI en la vía pública. “Si no hay obligación, uno tiene el derecho a no portarlo, si una autoridad policial o de Gendarmería pide documentación en base a un supuesto control de prevención del delito, el Estado es el que debe dar razones”, indicó el abogado.
¿Pero qué sucede si un individuo no posee su documento? En este caso, se genera una “presunción o sospecha” de que la persona pudo haber cometido un delito. De esta manera, se invierte aquel principio de estado de inocencia. Blando determinó que “la autoridad o la fuerza tiene que justificar por qué y para qué lo quiere”.
Unos pocos días atrás, en la línea 129 del transporte urbano de pasajeros, agentes federales solicitaban identificación y preguntaban el destino de cada rosarino. En este sentido, el especialista en derecho comentó: “Las fuerzas de seguridad pueden pedir identificación ya que no está prohibido, pero como no es obligatorio llevarlo, el problema está después. ¿Qué pasa si la persona no lo tiene?”.
Actualmente, todas las provincias de la Argentina, con excepción de La Rioja, tienen en sus legislaciones la posibilidad de detener a los ciudadanos para averiguar la identidad o los antecedentes. En Santa Fe, la ley 7.395 que fue promulgada en 1975 permite la detención para averiguar la identidad de las personas, que en la provincia es por un máximo de 6 horas, por una enmienda del artículo 10 bis de la ley orgánica de la policía. Hasta 1997 el plazo máximo era de 24 horas, lo que generó un acalorado debate en la Legislatura ese año. Varios legisladores insistían en que la detención para averiguar antecedentes era un instituto inmotivado y que servía para realizar detenciones sin causa. En el proyecto tratado se proponía la lisa y llana derogación que incluso admitía Roberto Rosúa, el entonces ministro de Gobierno del gobierno de Jorge Obeid. Pero una mayoría de legisladores se negó a eliminar la ley. Solo rebajó la cantidad de horas de plazo.
"Portación de cara"
Celia es paisajista y, junto a su equipo, el 8 de febrero pasado fue a Funes a realizar un trabajo. A la vuelta, en las inmediaciones de avenida Arturo Illia e Hipólito Yrigoyen, los frenó la policía. A los tres trabajadores que acompañaban a Celia les pidieron identificación, pero a ella no. “Ante esta situación les ofrecí mi DNI ya que expresaron que se trataba de un control de rutina. Dijeron que no se los diera, que no hacía falta. Fue discriminación. Soy una mujer de tez blanca y ojos claros, los jardineros que estaban conmigo no, les querían hacer sentir que a ellos los estaban controlando”, sostuvo la mujer.
En este contexto, el abogado constitucionalista, docente y ex candidato a intendente Roberto Sukerman remarcó que lo que se prejuzga "es que las personas que cometen delitos pertenecen a determinados sectores de la sociedad con ciertas características". Y que si se va a pedir DNI "tiene que ser al azar o de manera neutral".
Por su parte, desde el gobierno de Maximiliano Pullaro, a pedido de La Capital, se pronunciaron sobre este punto. “Estamos trabajando para que haya más presencia policial en la calle y que eso no solo se note en una respuesta más rápida, si no también en tareas de prevención”.
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Y ampliaron: “Nadie tiene por qué sentirse molesto si el personal policial le pide identificación. Es una de sus tareas y colabora en la prevención y detención de personas que van armadas o están a punto de cometer un ilícito. Prueba de ello es que aumentó el secuestro de armas y las detenciones en la vía pública”.
Blando, en tanto, le dijo a este diario: "En el estado de derecho existe el estado o principio de inocencia. Ergo, hay que investigar para detener y no detener para investigar".
Sukerman, por su parte, determinó que si bien no hay obligación de llevar DNI, “no está mal que se controle”. Y añadió. “Se tiene que realizar de forma ecuánime para que los ciudadanos no se sientan discriminados ante estas medidas. En Rosario estamos viviendo mucha violencia generalizada y es fundamental que el trabajo por parte de las fuerzas de seguridad sea ejecutado de la manera correcta, no se puede llegar a casos como muchas veces sucedió, de violencia institucional”.
El cierre del Inadi
Resulta pertinente mencionar que el gobierno nacional confirmó este jueves que avanza con el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en el marco de su plan de ajuste y reorganización del Estado. Así lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.
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El Inadi tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria.
“No sirve para nada”, expresó Adorni ante los periodistas acreditados en la casa de gobierno. “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. Empezamos a avanzar con el primero de ellos. El primero va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo”, indicó el portavoz presidencial.
