La desvinculación de uno de los imputados por el crimen del ex concejal y pastor evangélico Eduardo Trasante generó una nueva controversia a partir del malestar expresado por la querella que representa a la viuda de la víctima. Por un lado el concejal de Ciudad Futura Pedro Salinas, del bloque al que perteneciera el ex edil durante el año que ocupó una banca, cuestionó la decisión de los fiscales Gastón Avila y Matías Edery de desvincular a Maximiliano Aníbal Galván, apodado “Archi”, quien pasó varios meses detenido sospechado de haber comprado el auto con el cual los asesinos llegaron a la escena del crimen y luego huyeron.
Por su parte, Edery afirmó que no había evidencias de que el acusado haya formado parte del plan homicida urdido desde el penal de Piñero por lo cual no encontraban más razones para mantenerlo tras las rejas. En ese contexto el fiscal afirmó que hay tres imputados de haber participado del plan homicida para los cuales se está preparando la elevación a juicio, mientras se siguen investigando dos líneas sobre quiénes pudieron haber instigado el crimen.
Trasante fue asesinado el martes 14 de julio del año pasado cuando dos hombres ingresaron a su casa de San Nicolás al 3600 y le dispararon sin mediar palabra delante de su esposa Carolina y una de sus hijas. Mientras el móvil del hecho sigue siendo un misterio, el hallazgo del auto en el que llegaron y luego huyeron los sicarios alumbró una red de órdenes y pedidos originados en la cárcel de Piñero, donde se presume que el crimen fue organizado.
El primero en caer fue un joven acusado de haber robado en una entradera el auto que se utilizó en crimen, Ariel Sosa, quien no quedó vinculado al crimen. Días después del crimen cayeron Archi y Nahuel “Buba” Alvarez, acusados de haberlo comprado. Luego fue imputado Facundo López, quien mensajeó a Buba “de parte del extranjero” (en alusión a otro imputado, el peruano Julio Rodríguez Granthon, preso en Piñero acusado de narcotráfico) para pasar a buscar el auto en cuestión.
El otro imputado es Alejo Leiva, vecino de Villa Moreno en cuyo celular se hallaron fotos de la casa de la víctima y quien según la investigación tuvo en su poder el auto luego de cometido el crimen y antes de que fuera descartado por López.
En ese marco, los fiscales desincriminaron a Archi Galván luego de establecer que las evidencias para mantenerlo con prisión preventiva no eran suficientes. La decisión fue rechazada desde Ciudad Futura y las abogadas de ese partido que representan a la viuda del pastor como querellantes. “Hace meses insistimos en que la investigación está prácticamente paralizada, que no surgen novedades de relieve y que la fiscalía se ha mostrado más proclive a confrontar con la querella en los medios que a trabajar con diligencia en desentrañar la verdad en esta causa de una ostensible gravedad institucional”, sostuvo Salinas, titular de una comisión de seguimiento de este crimen que funciona en el Concejo.
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El edil situó a Galván como parte de una “empresa criminal conjunta” con roles determinados cuyo objetivo fue matar a Trasante. Y se preguntó por qué los fiscales lo desvincularon “antes de consumar todas las medidas de prueba”.
Salinas valoró que la decisión de los fiscales “abre espacio a la impunidad en una causa de una tremenda gravedad institucional, que ha generado un profundo estremecimiento público por ser ni más ni menos que el asesinato de un líder social que luchaba por paz y justicia en nuestra ciudad”.
En tal sentido, indicó que la querella manifestó su disconformidad ante la fiscal regional María Eugenia Iribarren, “quien tiene en sus manos la posibilidad de volver a poner las cosas en su lugar y ordenar que se continúe investigando el rol de este imputado en el homicidio. De convalidar lo actuado por Edery y Avila elevaremos el reclamo ante el fiscal general Jorge Baclini.
