Cinco miembros de la organización del empresario narco Esteban Alvarado aceptaron en juicios abreviados condenas a 3 años de prisión, en un caso efectiva, como integrantes del entramado de empresas legales de la banda. Las condenas pusieron el acento sobre el aspecto económico: se impusieron multas por cien millones de pesos y además se decomisaron propiedades _una en Puerto Roldán, otra en 27 de Febrero y Ovidio Lagos_ y seis vehículos que serán ofrecidos a remate. Una de las condenadas es Rosa Natalí Capuano, de 34 años y ex pareja del líder de la organización, quien deberá afrontar una multa por la mitad de esa cifra. Los otros condenados son Estefanía y Nadia Toledo, vinculadas a cuatro firmas comerciales del grupo; Leandro Suárez, titular de una agencia de autos propiedad de Alvarado, y Ricardo Ariel Ianni, detenido en 2018 por transporte de droga a Río Negro.
Las condenas acordadas la tarde de ayer en procedimientos abreviados impactan sobre el capital de la organización de Alvarado, condenado por desguazar autos de alta gama robados en el conurbano bonaerense. Está preso desde febrero de 2019 y espera juicio, con pedido de prisión perpetua, junto a tres de sus colaboradores más cercanos en la ejecución de delitos violentos. Entre ellos el crimen del prestamista Lucio Maldonado, quien apareció asesinado a tiros frente al Casino City Center en noviembre de 2018.
Legales
Capuano es la madre de los dos hijos de Alvarado. En junio de 2019 había sido imputada junto a otros seis acusados de dirigir empresas legalmente inscriptas que se usaban para lavar dinero del delito y a la vez para financiarlo. El clan Alvarado gestionaba cinco sociedades comerciales y cuatro firmas unipersonales inscriptas en rubros de servicio, transporte o concesionarias de venta de autos. Todas estaban relacionadas entre sí, con facturación cruzada y traspaso de bienes que siempre quedaban bajo el mismo ámbito de influencia.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery acordaron con el abogado defensor Paul Krupnik una pena de 3 años de prisión condicional para Capuano como integrante de una asociación ilícita. La mujer también admitió haber participado de maniobras de lavado de activos. El acuerdo fue homologado por el juez Ismael Manfrin.
Como parte de la condena se le impuso a la mujer una multa de 51.600.000 pesos, una suma equivalente al doble del monto del lavado. Ese importe se calculó en base al costo de tasación de una vivienda de Fuerza Aérea al 2300 de Funes donde residía la mujer y de la que, según se acreditó en la investigación, intentó desprenderse con una venta simulada para evitar el decomiso.
Para afrontar esa multa las partes acordaron la liquidación de un inmueble y siete vehículos inscriptos a nombre de Logística Santino SRL, una de las empresas de la organización, además de un semirremolque y dos autos de los que es titular Capuano. Los bienes serán puestos a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) para ser ofrecidos a remate.
Además se decomisaron vehículos que según los fiscales eran parte del capital de “sociedades y personas que no tenían en principio posibilidad de adquirir esos bienes de acuerdo a su condición fiscal”. La pesquisa realizó un inventario de autos secuestrados, quién era el tomador de seguros de cada uno y quién tenía permiso para conducirlos. Así, cuatro vehículos a nombre de Capuano fueron parte del decomiso. Además se fijaron para la mujer ciertas reglas de conducta, entre las que figura la prohibición de acercarse a otros imputados en la causa, algunos ya condenados.
Administradores
Al igual que el resto de los condenados, Capuano fue acusada de integrar el segundo estamento de la organización: el conformado por una red de empresas comerciales a través de las cuales se “proveían los recursos materiales y humanos para la comisión de delitos”: se les otorgaba movilidad y residencia a los otros miembros, dinero para pagar a personas que aportaban información o a miembros de las fuerzas de seguridad que blindaban de impunidad a la banda. Ella era la titular de una de las empresas unipersonales e integró la sociedad comercial Logística Santino SRL junto a Flavia Gori, ya condenada en un proceso abreviado. Las otras sociedades de responsabilidad limitada son Toia, Edra, Logística TSC y Sagrado Corazón de María.
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Se estima que la organización funcionó al menos desde el 16 de junio de 2012 al 18 de octubre de 2019, con Alvarado como jefe y Jorge Benegas como organizador. En mayo pasado a Capuano se le añadió una nueva imputación por participar de una maniobra para evitar el decomiso de la vivienda familiar de Funes que había sido “adquirida con el producido de actividades ilícitas”. La maniobra consistió en simular una venta en julio de 2013 a un supuesto comprador que luego vendió la casa a Benegas y una mujer que “no tenían capacidad económica para adquirir el inmueble” y que luego “simularon contratos sucesivos de locación con Capuano”. La mujer vivió allí con sus hijos entre marzo de 2013 y enero pasado.
Otra de las personas condenadas es Estefanía Daiana Toledo, de 31 años, quien aceptó 3 años de prisión condicional en un acuerdo abreviado entre los fiscales y el defensor Hugo Leguizamón. La mujer había sido imputada en junio de 2019 como integrante del entramado comercial, ya que una de las empresas unipersonales estaba a su nombre.
A través de esas firmas “ se proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal”, dice el abreviado. Toledo era socia de “Edra Servicios Logísticos SRL” y cumplía el rol de administradora, directora y representante de la sociedad “Toia SRL”. En su caso, además de la pena de prisión y las reglas de conducta se dispuso el decomiso de un semirremolque y de las 24 partes societarias que detentaba en Edra.
Nadia Toledo, en tanto, era titular de otra empresa unipersonal y también aceptó una condena a 3 años de prisión condicional. La misma pena acordó Leandro Suárez, de 44 años y titular de la concesionaria “Suárez Automotores”, de Pellegrini al 5800. Una empresa que según los investigadores “pertenece a Esteban Alvarado”, quien impartía directivas sobre los movimientos del local. Inscripto como monotributista, Suárez contaba con tres vehículos y dos inmuebles. Una de las sociedades unipersonales estaba inscripta a su nombre y, por lo tanto, también fue acusado como integrante del estamento comercial de la banda. En el acuerdo celebrado entre los fiscales y el defensor Alejandro Impallari, homologado por el juez, se ordenó el decomiso de una Volkswagen Amarok cuya titularidad pertenece al acusado.
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Uno de los condenados tenía a su nombre una agencia de autos que según los fiscales pertenece a Alvarado.
Otro de los condenados es Ricardo Ariel Ianni, quien era socio junto Estefanía Toledo de Edra servicios logísticos. Es el único de los condenados a 3 años de prisión con la modalidad efectiva. En 2018 fue detenido por un transporte de 493 kilos de marihuana a Río Negro trasladados en un camión a nombre de él, quien iba como puntero en otro vehículo.
Organización
Alvarado fue acusado de liderar una asociación ilícita con al menos once civiles y cuatro policías. Además del crimen de Maldonado e incidentes de amenazas y usurpaciones ligadas al negocio narco, le atribuyen el ataque a tiros de enero de 2019 a la casa de una empleada de la Fiscalía y un incidente previo en el que le arrojaron la cabeza de un perro, además de dos balaceras a los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal de diciembre de ese año.
Dos acusados de ser sus asistentes fueron asesinados. El mecánico Carlos Argüelles, que integró la organización y declaró como testigo contra su ex jefe, fue ultimado el 6 de septiembre cuando lo atacaron con tres balazos frente a su esposa e hijos en su taller de Garay al 3500. Nicolás “Fino” Ocampo, mano derecha de Alvarado que había sido condenado en abreviado como integrante del primer estamento dedicado a actividades delictivas, fue seguido y asesinado en abril delante de su hijo. Un tercer nivel era conformado por los policías que brindaban protección a la banda, cuya red financiera puso bajo la lupa de la Justicia un total de 109 vehículos y 35 propiedades.
Por integrar la banda ya firmaron condenas en abreviados Gustavo Fernando “Tuerto” Ramos, quien tomó la posta del negocio cuando Alvarado fue detenido en un camping de Embalse Río Tercero en febrero de 2019; Flavia Gori, socia de una de las firmas comerciales; el abogado Claudio Tavella y cinco policías: Javier Makhat, quien vivía en una propiedad de Alvarado en Condominios del Alto y pagó una multa de 50 millones de pesos; Pablo Báncora, Cristian Di Franco, Luis Quevertoque, David Marcelo Rey y su hermano Martín Javier Rey.
