Las nueve firmas comerciales que dirigía el empresario narco Esteban Alvarado, usadas tanto para disimular ganancias del delito como para financiarlo, siguieron operativas tras su arresto en un camping de Embalse Río Tercero, cuando arrojó al lago un celular del que se recuperaron 4.500 mensajes con buena parte de la evidencia. Un medio hermano del sindicado como líder de una asociación ilícita asumió este martes haber sido quien organizó ese entramado de negocios tras la caída del jefe del clan y aceptó una pena de 4 años de prisión efectiva. Gustavo Fernando Ramos, un transportista de 48 años, fue además declarado reincidente y se dispuso el decomiso de un camión Scania con cabina y chasis de su propiedad.
La condena fue impuesta en un juicio abreviado por el juez Hernán Postma, quien homologó un acuerdo entre los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y el defensor particular Fernando Arias Caamaño. Ramos no sólo aceptó la pena sino que admitió haber administrado las empresas legales de Alvarado -preso y con pedido de prisión perpetua- quien es su medio hermano.
Al determinar la pena, que supera el mínimo de 3 años, los fiscales remarcaron que el acusado “en todo momento actuó contando con el dominio del hecho, perteneciendo de manera estable y consciente a la organización criminal. Gustavo Ramos resultó ser, como reconoce en este acto, un engranaje más de la compleja organización de Esteban Alvarado”.
Consideraron que “no queda claro cuál habría sido el móvil, seguramente vinculado a la relación familiar con el líder, pero en cualquier situación lo que resulta claro es que ninguno justifica en modo alguno el accionar del imputado”. Tampoco se vislumbró, según plantearon, que sus motivos “sean la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos. Muy por el contrario, Ramos cuenta con antecedentes que demuestran una permanente y extensa vinculación a los negocios ilícitos de Alvarado”.
La sentencia se dictó ocho días después del crimen de Carlos Argüelles, un mecánico que integró la organización y declaró como testigo contra su ex jefe. Estaba amenazado y fue atacado con tres balazos frente a su esposa e hijos en su taller de Garay al 3500.
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El nombre de Argüelles, de hecho, figura en el texto del abreviado como uno de los integrantes de la organización a la que se atribuyen homicidios, atentados a edificios del Poder Judicial, usurpaciones ligadas al negocio narco y a la vez la gestión de una red de empresas legales que retroalimentaban el dinero del delito. Alvarado fue acusado de liderar una asociación ilícita con al menos once civiles y cuatro policías. Junto a tres colaboradores cercanos espera juicio, con pedido de prisión perpetua, por el crimen de Lucio Maldonado. El prestamista que apareció asesinado a tiros frente al casino City Center en noviembre de 2018.
Otros hechos violentos que se le atribuyen a la banda son el ataque a tiros de enero de 2019 a la casa de una empleada de la Fiscalía y un incidente previo en el que le arrojaron la cabeza de un perro, además de dos balaceras a los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal de diciembre de ese año.
De acuerdo con la acusación, la organización estaba integrada por tres estamentos. El primero ocupado por las personas que se ocupaban de cometer crímenes violentos como robos, usurpaciones, amenazas, privación de la libertad y provisión armas de fuego, donde habían sido ubicados tanto el mecánico Argüelles como Nicolás “Fino” Ocampo, mano derecha de Alvarado que fue seguido y asesinado en abril delante de su hijo. El segundo era conformado por los policías que brindaban protección a la banda. Y el tercero por quienes gestionaban el entramado de empresas.
Operando entre el primer y el tercer nivel fue ubicado Ramos, a quien le dicen “Tuerto”. Fue imputado en junio de 2019 como quien tomó las riendas del negocio de su medio hermano cuando Alvarado cayó preso en Córdoba el 3 de febrero de ese año. La red financiera de la organización puso bajo la lupa de la Justicia un total de 109 vehículos y 35 propiedades.
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A través de las sociedades de responsabilidad limitada Toia, Edra, Logística Santino, Logística TSC, Sagrado Corazón de María y otras cuatro empresas unipersonales “se proveía de bienes, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal”, lo que incluía los vehículos usados en los hechos y los inmuebles donde residían sus miembros.
En esa red, Ramos fue acusado de dar directivas para “disponer jurídicamente de los automóviles de la organización, indicando cómo confeccionar la documentación y quién debía figurar formalmente como titular de los bienes”. Asimismo, según el abreviado, era quien se ocupaba de fijar los precios de los bienes, administraba las propiedades y pagos en moneda extranjera, negociaba los cheques, decidía “cuál empresa debía facturar por diversos servicios y cuáles debían tener un balance negativo” y “manipulaba facturación y pagos mezclando fuentes de rentas lícitas e ilícitas”.
Para los fiscales existió un uso fraudulento de las empresas porque muchos de los socios, domicilios y hasta el personal eran coincidentes o se cruzaban de una firma a otra. Como evidencia se citaron audios recuperados del iPhone 8 de Alvarado en el que le daba órdenes sobre la gestión de esos bienes y una escucha en la que el fallecido “Fino” Ocampo y el acusado Leandro Suárez sostienen que tras la detención de Alvarado quien se haría cargo del negocio era “su hermano”.
Los fiscales remarcaron que Ramos tenía 40 años cuando en 2012 comenzó a operar la asociación ilícita que funcionó al menos entre junio de ese año y octubre de 2019. Ramos fue además declarado reincidente porque en septiembre de 2009 había sido condenado a 12 años de prisión y al pago de una multa de 20 mil pesos por el juzgado federal 2 de Córdoba en una causa por contrabando de estupefacientes agravado.
Por último se dispuso el decomiso de un camión Scania con chasis y cabina, con 30 años de antigüedad, del que es titular Ramos. Dos años atrás, al momento de la audiencia imputativa, había dicho que con ese camión trabajaba haciendo fletes para las empresas de su hermanastro con una comisión del 6 por ciento. Ahora, al firmar el abreviado, reconoció las acusaciones.
Con esa firma, Ramos se sumó a lista de otros diez acusados que firmaron abreviados por pertenecer a la banda, entre los que se cuentan cinco policías acusados de otorgar impunidad al grupo, un abogado y la socia comercial de una de las empresas.
