Policiales

Condenan a cinco policías por confabular con supuestos narcos

Eran empleados de la seccional 20a, en barrio Empalme Graneros. Las penas, que incluyen a dos civiles, van de tres a cinco años de prisión.

Sábado 15 de Junio de 2019

Cinco policías de la comisaría 20ª de Rosario con asiento en el barrio Empalme Graneros y dos civiles con residencia en esa zona de la ciudad fueron condenados a penas que van de los tres a los cinco años de prisión por el delito de confabulación en torno al comercio de estupefacientes. El fallo tuvo el voto en disidencia de uno de los tres magistrados del Tribunal Federal, que se inclinó por la absolución de todos los acusados, tal cual lo habían impulsado las defensas.

El veredicto que puso fin al sonado juicio de los llamados "narcopolicías" de la comisaría 20ª de Rosario concluyó ayer con la sentencia condenatoria de la mayoría de los imputados, pero con una acusación menos gravosa a las que se preveían cuando comenzó el proceso bajo la imputación de "comercialización de estupefacientes", impulsada por el fiscal Federico Reynares Solari.

Es que sobre la marcha y tras realizar severas críticas a la investigación de la Policía Federal, lo cual evidentemente limitó su actuación, el funcionario debió modificar el encuadre legal de la conducta ilícita de los enjuiciados por el delito de confabulación, conducta que igualmente tenía el objetivo de enmascarar la circulación de drogas en Empalme Graneros y liberar zonas de esa jurisdicción, según la hipótesis fiscal.

Los condenados

Bajo la hipótesis inicial de que los uniformados brindaban amparo, protección y cobertura a vendedores de droga, Reynares Solari logró llevar a juicio a Roberto "Queja" Quiroga, de 47 años y jefe de la seccional 20ª; al subjefe Jorge "Obra" Ocampo, de 49 años; y a los subalternos Cristian "Gavia" Gelabert, de 35 años; Víctor "Mochila" Villalba, de 44; y Gustavo "Empleo" Elizalde, de 43.

Entre los civiles que llegaron al debate estaban Sixto Daniel "Chaqueño" Pérez, de 35, años y señalado como vendedor de estupefacientes junto a Silvia Blanca Di Morelle, alias "La gorda bulona", de 67 años y a quien se le adjudicaba comandar un búnker en José Ingenieros al 2800. Su nieta, Micaela Pared, de 25 años, también llegó a juicio pero la Fiscalía desistió de acusarla.

En su alegato final, el fiscal explicó el cambio de calificación del delito y en ese marco también criticó la investigación de la Policía Federal. Es que en la acusación original del pedido de elevación a juicio sindicó al grupo como una organización dedicada al comercio de estupefacientes, algo que no prosperó.

Sin embargo, con el correr del debate y la exposición de pruebas (basada exclusivamente en escuchas) debió modificar su hipótesis y terminó por endilgarles la "confabulación" entre dos o más personas para cometer una serie de delitos, contemplado en el artículo 29 bis de la ley 23.737, y con penas menores a las previstas en la calificación original.

Además, no se logró conectar a ninguno de los imputados con un expediente que habría sido la punta del ovillo a partir de algún dato suelto, y terminó con la condena a 9 años de prisión a Gustavo "Tuerto" Cárdenas, hallado responsable de conformar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes de la zona noroeste rosarina.

La causa de los policías de la comisaría 20ª comenzó en 2016 como un desprendimiento de otra pesquisa por narcotráfico al entorno de Rosa Caminos, la hermana del asesinado jefe de la barra de Newell's, Roberto "Pimpi" Caminos. En escuchas se detectó que el policía Gelabert brindaba protección al negocio de las drogas en barrio Tablada.

Desdoblamiento

Durante la pesquisa "Gavia" Gelabert fue trasladado a la comisaría 20ª de Empalme Graneros y la causa se desdobló al detectarse que efectivos de esa seccional tenía conexión con narcos, y hacían negocios con ellos, según los argumentos de la Fiscalía.

Ante los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Otmar Paulucci, el fiscal solicitó seis años de prisión para el comisario Quiroga, para el subjefe Ocampo (al único a quien le incautaron 3 gramos de cocaína en su casa) y a Gelabert.

En tanto, para el policía Elizalde pidió 5 años y medio de cárcel y para el uniformado Villalba 5 años. A estos dos les atribuyeron funciones de recaudación. Respecto a los civiles la pena más alta requerida fue para "Chaqueño" Pérez: 5 años y 8 meses de prisión. Para Morelle (ausente por problemas de salud) solicitó 3 años y 3 meses de cárcel, al tiempo que impulsó la absolución de su nieta Micaela.

Durante la última jornada del juicio, desarrollada el jueves, de manera uniforme y con severas críticas a la investigación por la ausencia palpable de pruebas concretas (videos, fotos, secuestro de drogas o seguimientos demostrables) y al cambio de calificación que vulneró el derecho a una defensa justa, los defensores solicitaron la absolución de todos los imputados.

Cronológicamente lo hicieron el abogado Gonzalo López Ocariz por Elizalde; Marcelo Piercecchi por Quiroga; José Luis Giacaometti por Villalba; Alberto Blanco por Pérez; Carmela Meneguzzer por Morelle; y el defensor público Andrés Pennisi por Gelabert, Ocampo y Pared.

Fallo dividido

El Tribunal se tomó medio día para dar a conocer su veredicto, que finalmente se conoció ayer. El fallo fue dividido y tuvo el voto en disidencia del juez Paulucci, para quien se debía absolver a todos los acusados por el beneficio de la duda. Sin embargo la balanza fue inclinada por las posturas de Facciano y Martínez Ferrero, que optaron por las condenas.

La pena más alta fue para el policía Gelabert, que durante las audiencias reconoció ser adicto a las drogas y estar enfermo. Por el delito de confabulación le impusieron cinco años de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta.

Además, el Tribunal ordenó una medida de "seguridad curativa" de acuerdo a las pautas que surjan de un informe médico que se encomendó al gabinete interdisciplinario de la Cámara de Apelaciones.

El jefe de la seccional 20ª, "Queja" Quiroga, fue sentenciado a cuatro años de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta. Y al subjefe "Obra" Ocampo le aplicaron tres años y diez meses de encierro. Además a los tres uniformados lo penalizaron con ocho años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Al policía subalterno "Empleo" Elizalde lo sentenciaron a tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta e inhabilitación especial de seis años. Su compañero "Mochila" Villalba recibió un castigo de tres años y medio de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo plazo e inhabilitación especial de siete años.

Los civiles

Sobre los civiles hubo dos condenas y una absolución. "Chaqueño" Pérez, que durante los alegatos de cierre se declaró inocente y ante el jurado aseguró que se equivocaron de persona porque el verdadero narco "sigue vendiendo falopa en el barrio", le dieron cuatro años y seis meses de prisión, pena unificada a otra de tres años en suspenso que tenía en el Justicia provincial.

Aunque para la defensa de Blanca Di Morelle la mujer era inocente porque quedó envuelta en una historia familiar compleja con un hijo vinculado al mundo del crimen, y cuando se hicieron los allanamientos en la casa de José Ingenieros al 2800 ella ya no vivía allí, el Tribunal la condenó a tres años de prisión de ejecución condicional. Su nieta, Micaela, fue absuelta por ausencia de acusación y se dispuso su inmediata libertad.

Los defensores de los acusados coincidieron en remarcar los baches de la investigación. "Es una causa de droga sin droga", recalcaron Meneguzzer y Pennisi. El defensor público dijo que no se pudo "acreditar la existencia de un búnker" ni detallaron seguimientos y que la pesquisa se basó solamente en escuchas telefónicas y su interpretación "especulativa". Y que los hechos pudieron inscribirse en una interna entre la policía federal y provincial.

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