Leonardo Peiti fue condenado este jueves por manejar una asociación ilícita de juego ilegal en distintos sitios de la provincia, pagar sobornos para garantizar la actividad y lavar dinero procedente de ello. Uno de los sostenes de esa sentencia fue una extensa declaración en la que reconoció haber entregado montos millonarios a actores de la política, fiscales y policías para desplegar su emprendimiento. El juez Rafael Coria convalidó el acuerdo abreviado entre cuatros fiscales y la defensa del empresario. Para ello dio por válida la figura de imputado colaborador que permitió, por la información aportada para avanzar en la pesquisa, una rebaja de seis a tres años de cárcel, pena que incluye el pago de más de 42 millones de pesos de multa.
La revelación más fuerte de la confesión de Peiti fue haberse contactado con el entorno del senador provincial por San Lorenzo, el justicialista Armando Traferri, y haber hecho contribuciones para que su grupo político hiciera lobby a fin de que el gobierno santafesino lo habilitara como concesionario legal de salas de juego online. En su declaración dijo haber puesto más de 250 mil dólares para tal propósito, incluso a otros senadores provinciales.
“Habré puesto para campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri. El nunca pidió nada, yo se los fui dejando y él se los llevaba”, dijo Peiti en su testimonio, según se volcó en la audiencia que comenzó a las 9.30. Un fiscal señaló que se constataron cinco reuniones en las que Peiti dijo que se iba a encontrar con Traferri. “Las antenas (de los celulares) demuestran que luego de los avisos las dos personas se juntan”, indicó.
Un club “muy raro”
En su testimonio extenso y detallado ante la jueza Eleonora Verón el pasado 13 de septiembre, Peiti contó que su llave de acceso a este sector político fue Ricardo Paulichenco, ex apoderado del PJ y secretario Legislativo de la provincia que lo contactó con Traferri. Dónde y cómo conoció a Paulichenco hizo abrir los ojos a quienes seguían la audiencia: el Club del Orden, institución que reúne a los círculos sociales más tradicionales y acomodados de la ciudad de Santa Fe, donde durante años funcionaron ruletas que Peiti aseguró que explotaba. “Aunque nunca tuve la suerte de poder cobrar, era un ambiente muy raro”, sostuvo.
>>Leer más: Juego ilegal: Peiti confesó que pagó más de 250 mil dólares a políticos
En su extensa declaración, recogida en video, Peiti sostuvo que se allegó a Traferri para que lo ayudara a legalizar en su favor el negocio del juego. Dijo que merced a las gestiones de este grupo, a través del empresario y ex piloto de fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri, consiguió que lo recibiera el ex gobernador Miguel Lifschitz en la Casa Gris. Dijo que esa vez Lifschitz no lo hizo pasar a él sino a Larrauri. “Nos habrá atendido 10 minutos, o sea al señor Larrauri. Yo no entré, quedé afuera. Y lo sacó, lo limpió en diez minutos, le dijo que el socialismo no quería apoyar el desarrollo del juego y no tuvimos ninguna clase de chance ni éxito”, sostuvo.
Mala inversión
Reveló entonces que Traferri le dijo que lo iba a ayudar a legalizar en su favor el negocio del juego digital pero que para eso Omar Perotti tendría que ganar las elecciones. “Dijo que tenía todo armado para apoyar a Perotti y que gane. Entonces yo lo fui ayudando, colaborando. Habré puesto para la campaña más de 200 mil dólares en varias entregas. Quiero aclarar que él nunca me dijo «tenés que dar tanto», yo lo fui ayudando”, resumió Peiti.
También afirmó haberle hecho entregas de 5 mil dólares a Paulichenco durante varios meses. Y haberle dado 50 mil dólares al senador por Iriondo Hugo Rasetto, quien se oponía al juego en su departamento. “Nuestra traba era Rasetto. Pero en la reunión con él se llegó a un acuerdo y nos autorizó”.
Peiti también aseguró haber estado en una reunión cuya existencia fue probada en audiencias anteriores y en la que participaron el ex diputado provincial del PJ Darío Scattaglini, Traferri y el ex secretario Legal del municipio de Villa Gobernador Gálvez, el abogado Jorge Fernández Chemes. Contó que allí acordaron hacer lobby institucional para que le concedan el juego online. Calcularon un negocio de 1.200 millones de pesos brutos por año y que el 30% “quedaba para la política para que la política decidiera qué hacer con eso. A buen entendedor pocas palabras”.
Sin embargo el gobierno provincial, ya con Perotti en la Casa Gris, adjudicó las licencias del juego online al grupo que controla los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué. Por eso Peiti concluyó que había malgastado ese dinero porque no consiguió su propósito.
>>Leer más: Prisión preventiva para Leonardo Peiti por regentear el juego ilegal en el centro oeste provincial
El condenado dijo haber entregado dinero para el senador radical de General López Lisandro Enrico aunque no personalmente sino a través de Paulichenco. “Estuve con Rasetto en la casa de Paulichenco y después usamos una metodología similar con Enrico, a quien Rasetto se comprometió a hablar. Después le dejé el dinero a Paulichenco y cumplió con el rito para poder dejar de tener también una persecución en el departamento de General Lopez”.
Cuando los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le preguntaron a Peiti si Enrico había recibido ese monto, el empresario dijo que no sabía. “Sí indicó que a partir de esa situación pudo trabajar en esos departamentos, no sabía si por azar o por alguna intervención para favorecerlo”, observó Edery.
Validez
Los fiscales señalaron que en el testimonio de Peiti sobre los sobornos a Traferri queda validada evidencia rendida en audiencias anteriores como audios en los que el empresario le cuenta a su esposa que se reunió con el senador para hacerle un pago en San Lorenzo. Con el reconocimiento de Peiti de que esa cita fue para entregar dinero, sostuvieron, aquella evidencia se ratifica.
En la audiencia se leyó la transcripción de una llamada entre Traferri y Luis Rossini, abogado de Peiti. El senador le dice que hablará con los dirigentes socialistas Rubén Galassi y Antonio Bonfatti “para ver si llegan a Drivet”, por el camarista penal Matías Drivet que tenía que fallar en causas contra Peiti. Luego Traferri comenta que habló con esos dirigentes y que no tenían llegada. “Lo que se indica es que (Traferri) alguna gestión hizo”, dijo Schiappa Pietra. Drivet confirmó en su momento la prisión preventiva de Peiti.
Otro pasaje que quedó sonando de la declaración de Peiti tiene que ver cuando contó a los fiscales cómo operaba antes. “Yo le daba dinero a Corbellini y Amaya (dos ex altos jefes policiales que no están imputados en la causa) porque manejaban todo el juego en la provincia y después repartirían con distintos estamentos. Pero era una lucha, porque si vos le dabas cinco ellos querían 15 o 20. Una vez no le quise dar lo que querían y entonces el jefe de la PDI hizo una investigación que se la pasó a (el fiscal de Melincué, Matías) Merlo”, comentó.
Acuerdo de cooperación
Por la explotación ilegal de juego en distintos lugares de la provincia los fiscales de Rosario, Rafaela y Melincué acordaron con la defensa de Peiti una condena de seis años reducida a tres años de cárcel efectiva por su aporte como imputado colaborador, más una multa de 42.479.500 de pesos en cinco cuotas y otros 17 millones por lotes en el barrio Tierra de Sueños de Casilda y un Toyota Corolla.
Peiti se mostró conforme con la resolución. “Estoy totalmente de acuerdo. Asumo la responsabilidad. Entiendo que tal vez no recupere la libertad. Estoy de acuerdo en la multa y el importe”, admitió, para rematar: “Quiero que termine todo esto, lo mejor era ir por la verdad”.
>>Leer más: Tras más de un año detenido, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad recuperó la libertad
Esta condena cierra un importante capítulo de un expediente que comenzó al investigar el homicidio de un apostador del casino City Center y se topó con una trama extorsiva que terminaría develando otra de juego ilegal que entrelaza a fiscales, policías, políticos y empresarios. Este caso desplazó a los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, acusados de proteger a Peiti de procedimientos en su contra.
Con policías, fiscales y empresarios ya condenados resta resolver el aspecto más escandaloso de esta causa: qué pasará con la pata política.
