No es común que un preso insista para que lo condenen. Pero Diego “Panadero” Ochoa tuvo que escalar una empinada cuesta para cerrar una causa que tenía pendiente desde sus años como jefe de la barra brava de Newell’s. En forma conjunta con dos históricos fiscales del caso presentó cuatro veces una propuesta de acuerdo abreviado por el crimen del hincha Maximiliano “Quemadito” Rodríguez, quien primero fue su ladero y después su oponente. Luego de seis meses y dos rechazos, el trámite prosperó. Fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión bajo un encuadre que lo corrió del rol de instigador y le asignó una participación secundaria. La pena se unificó en 18 años con la que cumple en la cárcel por el asesinato de Roberto “Pimpi” Caminos, su antecesor en la hinchada.
La propuesta de juicio abreviado había sido rechazada dos veces por jueces de baja instancia. Tras idas y vueltas, en un trámite tan accidentado como la propia causa, la camarista Carolina Hernández finalmente aceptó el convenio acordado entre los fiscales Luis Schiappa Pietra y Pablo Socca con el defensor Juan Pablo Audisio.
La jueza condenó a Ochoa como partícipe secundario de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El Panadero, de 45 años, cumple condena en la cárcel de Piñero por el crimen de Pimpi. Lo habían condenado en 2013 a 13 años y 4 meses de prisión por instigar ese ataque a tiros de marzo de 2010, cuando Caminos fue baleado frente a un bar de Servando Bayo y Zeballos. Las dos penas se unificaron ahora en una única condena a 18 años de prisión.
El ex jefe de la barra rojinegra asumió así su responsabilidad en el crimen de Maxi. La familia de la víctima, que es querellante, aceptó la pena. El aspecto medular de la condena es que le asigna a Ochoa un rol secundario en el crimen, no ya el de instigador. En esa verdad consensuada que construye todo abreviado, Ochoa fue considerado un colaborador en el ataque que sacudió la esquina de Pellegrini y Corrientes cuando mataron a Quemadito con un tiro en la nuca.
El aporte de Ochoa fue considerado una suerte de “refuerzo moral” a los autores materiales, condenados en en un juicio escrito. El acuerdo le asignó a Ochoa haber entregado 30 mil pesos para respaldar a ejecutores que tenían sus propios móviles para eliminar a Maxi. Motivos que no anidaban en internas de la hinchada sino en disputas del negocio narco.
El Quemadito fue baleado el 5 de febrero de 2013 cuando estaba con su novia en la esquina de Corrientes y Pellegrini. En un departamento de esa cuadra se resguardaba tras ser atacado a tiros una semana antes, cuando le lanzaron diez balazos frente a una casa de Comodoro Rivadavia al 3450 y un tiro le dio en una pierna. El atentado falló pero los agresores volvieron a intentarlo. Caminaba con muletas cuando un hombre le disparó a corta distancia en la cabeza desde atrás, en plena tarde, y huyó en moto con un cómplice.
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Escuchas telefónicas, pericias de antenas, rastreo de fotos y testimonios derivaron en las condenas a 16 años y medio de prisión de Héctor David “Porteño” Rodríguez como autor material y a 14 años y medio de Sergio Federico “Chuno” Acosta como el conductor de la moto. Marcelo Jesús Romano, amigo de la víctima acusado de entregarlo, recibió una pena de 13 años y Walter “Walo” Acosta a 6 años y medio como partícipe secundario, por hacer un gesto que distrajo a Maxi.
Ochoa quedó bajo sospecha porque estaba enemistado con Quemadito desde un incidente del 8 de septiembre de 2010 cuando el barra Matías Pera, Maximiliano y su padre Sergio “Quemado” Rodríguez _condenado por el triple crimen de Villa Moreno_ lo desnudaron en público y en pleno partido en el Coloso para quitarle el poder, en un hecho que se conoció como "la entangada". Pero no llegó a aquel juicio escrito porque su procesamiento fue revocado. Incluso llegó a ser sobreseído, pero Schiappa Pietra apeló y la camarista Carina Lurati opinó que había elementos para procesarlo.
Esos altibajos marcaron una causa que, tras ocho años de controversia, se terminó resolviendo por la vía del acuerdo. El paso del tiempo, nuevos testimonios y el cambio a un sistema oral y público llevaron a los fiscales a revisar la evidencia. Consideraron que la instigación no podría demostrarse en un eventual juicio oral y en octubre pasado presentaron la propuesta de abreviado por primera vez ante el juez Héctor Núñez Cartelle, quien lo rechazó al considerarlo improcedente.
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El juez planteó que la propuesta no se ajustaba a la evidencia: le pareció sesgado dejar afuera las motivaciones futbolísticas si Ochoa aportó dinero para la empresa criminal. Las partes entonces apelaron ante la camarista Carolina Hernández, quien revocó esa decisión y ordenó que intervenga otro juez. Fue entonces el turno de Facundo Becerra, quien dictó un nuevo revés en diciembre. “Esta idea del refuerzo psíquico, impecable en términos dogmáticos, no es cosa que se desprenda de la evidencia. Se sacan de ella conclusiones un tanto forzadas”, opinó.
En lo que fue la cuarta presentación en medio año, las partes volvieron a apelar. Nuevamente terció la jueza Hernández y dictó la nulidad del segundo rechazo. Encontró en la argumentación del juez “valoraciones personales y subjetivas” a las que tachó de “conjeturales e hipotéticas”. Dijo que el juez pudo dejar a salvo su opinión personal pero nunca correrse de la orientación de una instancia superior. Y en lugar de convocar a otro juez, para evitar un mayor dispendio de recursos, homologó el abreviado.
“La fiscalía explicó razonablemente por qué adopta en este proceso la decisión de recortar el reproche de Ochoa al grado de participación secundaria y ello es en función de nueva evidencia colectada que impuso un reanálisis global”, dijo. Observó que “el acuerdo en su análisis de legalidad y admisibilidad formal cumple con todos los requisitos exigibles” y consideró que el cambio de rol “aparece razonablemente explicado. La fiscalía dio sobradas fundamentaciones de la existencia de un móvil propio de los autores materiales”.
Así, tras ocho años y unos cuantos vaivenes, la acción delictiva que Ochoa asumió haber cometido es la que quedó escrita en el acuerdo: “Haber ofrecido a Sergio “Chuno” Acosta, Héctor David “Porteño” Rodríguez y una tercera persona a la fecha no identificada dinero en efectivo, como así también beneficios económicos ilegales relacionados con la pertenencia a la mal llamada barra brava del club NOB que liderara como jefe de una banda a partir del mes de diciembre de 2008, con el fin de darle muerte a Maximiliano Rodríguez”. Esto último, motivado en la enemistad previa y en que luego de salir de prisión tras casi un año preso Quemadito había anunciado sus intenciones de copar la barra.
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Las razones por las que Diego Ochoa no fue considerado instigador de crimen del Quemadito Rodríguez están explicadas en el abreviado. Allí se menciona que en las declaraciones del propio Ochoa, de un condenado como ejecutor (el “Porteño” Rodríguez) y de la hermana de la víctima surgió que a Maxi lo mataron en medio de una disputa por un búnker de drogas que gestionaba en Doctor Rivas e Iriondo y que sus homicidas le arrebataron durante una temporada en que estuvo preso.
“Sé que me gano el odio del Panadero, pero con ellos no tengo nada que ver”, dijo en julio de 2016 el condenado como ejecutor, cuando contó que al fallar un primer atentado contra Maxi le pidieron dinero a Ochoa. La hermana de la víctima también había dicho, en agosto de 2013, que uno de los implicados en el crimen y un conocido de su hermano se habían quedado con un búnker de Maxi: “Ellos son los actuales dueños del búnker de drogas que puso mi hermano mientras estaba detenido, de Doctor Rivas entre Crespo e Iriondo. En el frente tiene un tapial. Lo puso con el apoyo de los Cantero. Ellos dos actualmente son las mulas del búnker. Llevan la droga, buscan la plata. Ese búnker era de mi hermano desde antes del triple crimen”.
