Desde la cárcel de Piñero, Diego “Panadero” Ochoa se conectó ayer a una audiencia por videoconferencia. El ex líder de la barra brava de Newell’s se presentó dispuesto a aceptar una condena unificada a 18 años de prisión por el crimen de su ex ladero Maximiliano “Quemadito” Rodríguez, baleado en la cabeza en Corrientes y Pellegrini hace siete años. En un convenio abreviado con dos históricos fiscales del caso, Ochoa había aceptado una pena en el rol de partícipe secundario. Todo estaba listo para cerrar ese viejo capítulo de la historia criminal rosarina pero el juez Héctor Núñez Cartelle no estuvo de acuerdo y rechazó el planteo.
Fue otro traspié en una causa de trámite accidentado, con idas y vueltas y opiniones divididas entre camaristas que la revisaron bajo el vieja sistema escrito. En el medio de ese derrotero cambió el sistema de enjuiciamiento en la provincia, hubo testigos que modificaron sus declaraciones e implicados que aportaron nuevos datos.
En ese contexto los fiscales Pablo Socca y Luis Schiappa Pietra consideraron que no estaban dadas las condiciones para llevar a Ochoa a un juicio oral en el rol de instigador por el que estaba acusado, algo que él siempre negó. Por eso acordaron con el defensor Juan Pablo Audisio imponerle una condena a 5 años de cárcel como partícipe secundario del homicidio. Una pena que se unificaría en 18 años con la que cumple en prisión desde 2013 como instigador del crimen de su antecesor en la hinchada, Roberto “Pimpi” Caminos.
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A las 14.30 de ayer las partes se ubicaron en una sala del Centro de Justicia Penal (CJP) ante el juez, con Ochoa en pantalla, y expusieron el núcleo de sus argumentos. Pero el juez rechazó la propuesta. Dijo que a su criterio hay elementos para sostener la acusación más grave contra Ochoa como instigador en un juicio oral. Un punto de vista que los fiscales no comparten. A diferencia de lo sucedido en el crimen de Pimpi, en el que se constató un vínculo directo con uno de los ejecutores —Alberto “Betito” Godoy, quien lo llamó minutos antes y después del crimen y a quien le siguió pagando un “sueldo” en prisión— en este caso el contacto con los autores materiales no estaba tan claro. Para probar la instigación es clave demostrar ese vínculo.
Eso está explicado en el texto del acuerdo. Allí se señala que Rodríguez habría sido asesinado por disputas vinculadas a la venta de drogas y que Ochoa aportó dinero a atacantes que ya estaban convencidos de concretar el hecho, en una suerte de “refuerzo moral o complicidad psíquica” pero no como instigador. Los fiscales dijeron que Ochoa tenía motivos personales para participar del plan: Rodríguez había intentado desbancarlo en un célebre incidente en el paraavalanchas y por eso se plegó a un ataque que admite más motivaciones.
“El juez hizo un análisis sobre la entidad de las pruebas que la Fiscalía no comparte. Creemos que no alcanzan para probar una instigación pero sí, sin dudas, una participación secundaria”, dijo el fiscal Socca, quien era sumariante en el juzgado de Instrucción de Javier Beltramone donde nació la investigación contra Ochoa. Primero por el crimen de Pimpi, baleado el 19 de marzo de 2010 frente a un bar de Servando Bayo al 1400, y luego por el de Quemadito, cometido cuando estaba en turno el mismo juez.
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El acuerdo tenía el visto bueno de la fiscal regional María Eugenia Iribarren y del fiscal general Jorge Baclini. En un tramo que el juez objetó por cuestiones formales, la defensa se comprometía a desistir de apelar la condena a 13 años y 4 meses por el crimen de Pimpi, pendiente de revisión ante la Corte Nacional. El juez dijo que no puede unificar condenas si la anterior aún no está firme.
Luego de este revés, los fiscales cuentan con un acotado menú de opciones. Pueden apelar ante la Cámara Penal —donde ya hubo opiniones disímiles sobre el caso— o readecuar la acusación al nuevo rol endilgado a Ochoa. Esto a su vez puede abrir dos caminos: un juicio oral bajo ese parámetro más leve o una nueva propuesta de abreviado. La defensa también evaluaba los pasos a seguir.
Enemigos
Ochoa estaba enemistado con Quemadito desde un incidente del 8 de septiembre de 2010 cuando Maximiliano, junto con su padre Sergio Rodríguez —el “Quemado”, condenado por el triple crimen de Villa Moreno— y el barra Matías Pera, desnudaron al Panadero en público y en pleno partido en el Coloso para quitarle el poder.
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A Maxi lo mataron el 5 de febrero de 2013 cuando estaba con su novia en la esquina de Corrientes y Pellegrini, cerca del departamento donde se resguardaba tras ser baleado una semana antes. Un hombre le disparó a corta distancia en la cabeza desde atrás, en plena tarde, y huyó en moto con un cómplice.
Escuchas telefónicas, pericias de antenas, rastreo de fotos y testimonios derivaron en las condenas a 16 años y medio de prisión de Héctor David “Porteño” Rodríguez como autor material y a 14 años y medio de Sergio Federico “Chuno” Acosta como el conductor de la moto. Marcelo Jesús Romano, amigo de la víctima acusado de entregarlo, recibió una pena de 13 años y Walter “Walo” Acosta a 6 años y medio como partícipe secundario, por hacer un gesto que distrajo a Maxi.
Ochoa no participó de ese juicio escrito porque el camarista Daniel Acosta revocó su procesamiento. Incluso llegó a ser sobreseído pero Schiappa Pietra apeló y la camarista Carina Lurati opinó que había elementos para procesarlo.
Otros móviles
En el acuerdo fallido los fiscales plantearon que esas “idas y venidas, sumadas al efecto del paso del tiempo” impactaron en la evidencia. Dijeron que la prueba pensada para un proceso escrito tendrá otro peso en un debate oral, donde incluso puede variar el aporte de testigos.
“Los autores materiales del homicidio tuvieron móviles propios para cometerlo”, dice el texto. Esos móviles “se vinculan a la disputa por un búnker «propiedad» de Maximiliano Rodríguez que habría sido «expropiado» por el grupo de quienes luego fueron condenados”, que aprovecharon cuando Maxi estaba preso para arrebatarle un puesto de drogas en Doctor Rivas e Iriondo.
Entre los elementos que dan cuenta del trasfondo figuran una declaración del acusado Rodríguez en la cual admitió que participó del crimen, contó el plan y dijo que al fallar el ataque anterior uno de sus socios le pidió 30 mil pesos a Ochoa para contratar a un sicario en barrio Las Flores. “Sé que me gano el odio del Panadero, pero con ellos no tengo nada que ver”, dijo en julio de 2016.
En abril de 2018 Ochoa denunció un complot narco para acusarlo de esa muerte. Aludiendo sin nombrar a la banda de Los Monos, dijo que lo inculparon porque la organización de la zona sur estaba tras el crimen de Maxi, al que adjudicó un trasfondo narco. La prueba, revisada a la luz de esa declaración, daría cuenta de que Rodríguez pudo ser atacado desde distintos frentes.
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La hermana de la víctima también había dicho, en agosto de 2013, que uno de los implicados en el crimen y otro conocido de su hermano se habían quedado con un búnker de Maxi: “Ellos son los actuales dueños del búnker de drogas que puso mi hermano mientras estaba detenido, de Doctor Rivas entre Crespo e Iriondo. En el frente tiene un tapial. Lo puso con el apoyo de los Cantero. Ellos dos actualmente son las mulas del búnker. Llevan la droga, buscan la plata. Ese búnker era de mi hermano desde antes del triple crimen”, contó, y dijo que cuando mataron a Quemadito ella fue a buscar plata para pagar el velorio y “un pibito” que atendía el puesto le dijo que esa semana obedecía a otro dueño.
