El fiscal federal Fernando Arrigó solicitó ayer penas a prisión perpetua para 14 de los 19 policías acusados en el juicio por la desaparición forzada y muerte de Franco Casco, el joven bonaerense de 22 años que en octubre de 2014 estuvo preso en la comisaría 7ª de Rosario y cuyo cuerpo fue encontrado 22 días después en aguas del río Paraná. El funcionario judicial cerró de esa manera su alegato en el Tribunal Federal de Oroño al 900 y dio por probados todos los hechos y la participación de los acusados, salvo uno de ellos para quien solicita la absolución.
Arrigó pidió la pena de prisión perpetua para 14 policías: el entonces jefe de la seccional de Cafferata al 300, Diego José Alvarez, y los agentes Cecilia Rut Elizabeth Contino, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha, Esteban Daniel Silva, Ramón José Juárez, Romina Anahí Díaz y Franco Luciano Zórzoli.
A todos los acusó como coautores del delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”. Pero a cuatro de ellos —Alvarez, Contino, Benítez y Blanco— también les endilgó el delito de “imposición a persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad de cualquier clase de tortura seguido de la muerte de la víctima”.
Al formular ese pedido de pena cambió la calificación con la que habían sido imputados Díaz, Juárez y Zorzoli: de partícipes secundarios los terminó acusando como coautores. Sí mantuvo esa calificación para los dos administrativos de la policía que forman parte de los acusados: Belkis Elizabeth González y Rodolfo Jesús Murúa, para quienes pidió una pena de 14 años y diez meses, así como inhabilitación absoluta por ese plazo.
El fiscal Arrigó también pidió cinco años y diez meses de condena e inhabilitación por ese lapso para los policías de Asuntos Internos Pablo Andrés Síscaro y Daniel Augusto Escobar como coautores de encubrimiento agravado. En tanto pidió la absolución para Walter Daniel Ortiz, quien arribó al proceso acusado de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima”.
Para el vecino que dio origen a la causa, Daniel Crespo, solicitó la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena por dar testimonios falsos sobre los hechos.
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Además de las condenas a los policía el fiscal requirió al tribunal medidas reparatorias. En primer lugar ordenar al Poder Ejecutivo provincial que adopte medidas para desafectar las dependencias de la comisaría 7ª y que ese espacio “deberá ser convertido en un centro para la atención de víctimas y familiares de violencia institucional de las fuerzas de seguridad, en el cual se deberá brindar acompañamiento jurídico y psicológico”.
También le pidió al tribunal que ordene al gobierno santafesino “que incluya esta sentencia como contenido obligatorio en la currícula de estudios de la policía de la provincia y se dicten cursos obligatorios a todo el personal que revista actualmente en la fuerza que la incluyan”.
Otra medida requerida por Arrigó a los jueces es que “se dé amplia publicidad a la sentencia que se dicte en portales y sitios de difusión pública de todo el país, con sentido reparatorio y de no repetición; todo ello una vez que esté firme la sentencia”.
