Belkis llegó a Rosario en 2005 desde Victoria para estudiar Derecho en la UNR. De familia modesta y con seis hermanos, ni bien se afincó consiguió empleos para sostenerse en la carrera. Trabajó de niñera, en una tienda de ropa, en un minimarket y como asistente en un estudio jurídico. Alguien le dijo que había ingresos en la policía y se anotó para el escalafón administrativo. Cursó y aprobó. Su primer destino fue en la comisaría 7ª, donde la asignaron a atención al público. Llevaba allí dos meses en octubre de 2014 cuando ingresó detenido Franco Casco.
Hoy está afrontando el juicio por la desaparición forzada seguida de muerte del muchacho bonaerense de 22 años. Está procesada como partícipe secundaria del hecho que se ventila en juicio. Se recibió de abogada en 2016. Un año después, un fiscal federal pidió su detención junto a otros 29 empleados policiales. Estar desde hace casi siete años implicada en este proceso penal es algo que, asegura, no consigue asimilar mentalmente. Afirma que ella no tenía contacto con detenidos y que por sus funciones no gestionaba documentación relativa a detenciones.
Pero lo que más la atormenta, dice, es el peso de la sospecha. "Tengo cuatro trabajos para sostener también mi defensa y la terapia. Pero en algunos no saben que estoy en juicio. Medité mucho si hablar con usted. Por un lado, necesito defenderme. Por otro, corro el riesgo de perder algún trabajo si saben que tengo una acusación tan terrible. Yo no hice absolutamente nada y tampoco sé por qué me están acusando".
Lo que se ventila en el juicio oral que se celebra en Oroño al 900 es una historia devastadora. Un chico que entra en una comisaría detenido y que termina muerto en el río. Con relación a lo que pasó, confrontan con fiereza dos posiciones contrapuestas y excluyentes. Fiscalía y querella indican que al joven le dieron muerte en la comisaría y que hicieron desaparecer su cuerpo para borrar ese delito. Las defensas sostienen que el muchacho se fue de la comisaría caminando y que no hay dictamen que pruebe muerte violenta. Al trámite le quedan pocas jornadas para el inicio de los alegatos y para el anuncio de la sentencia.
Casada, madre de un nene de dos años y medio, Belkis dice que el trabajo la aleja de la depresión. "No analizo mucho lo que pasa en el juicio, dejo todo en manos de mi abogado. Es mi forma de poder soportarlo", dice. Y afirma que se obliga a estar ocupada. "Si no lo hago me pongo triste, me angustio". Por el tipo de delito por el que responde le pueden corresponder hasta 15 años de prisión.
- ¿De qué se la acusa?
- Yo sé que estoy acusada de partícipe secundaria de lo que pasó con Franco. Lo que no sé es por qué llegan a esa conclusión. El día que trajeron a Franco yo había llegado a las 16 a la comisaría. Mi trabajo era atender al público por denuncias de delitos, constancias de buena conducta, extravío de documentos. No tenía ningún contacto con detenidos. Las consultas por detenciones o los legajos de detenidos no eran parte de mi trabajo. No tengo instrucción policial ni armas. Solo tengo estado policial, que significa que nos regimos por la ley policial en cuanto a licencia, permisos, régimen laboral. Pero no tenemos autoridad policial, no podemos intervenir en ningún acto preventivo o represivo, yo no recibí jamás entrenamiento de tiro ni tengo armas de fuego.
- ¿Qué cree que pasó con Franco Casco, un chico que es ingresado a la comisaría y que la siguiente información es que está sin vida en el río?
- De todo corazón, no lo sé. El no conocía Rosario, se fue de la comisaría, tal vez no se ubicó. No sé que habrá pasado en el medio y no tengo ningún elemento para contestar eso. Entiendo profundamente a la familia. Yo trabajaba hacía dos meses en esa comisaría atendiendo a la gente. Me puede tocar una pena muy dura por una acusación que no consigo entender. ¿Qué hice para ser partícipe? Yo nunca mentí, jamás oculté información a los familiares, me confundieron con que yo atendí al padre de Franco, lo que no fue así y después se aclaró. Soy comprensiva con la gente que venía a hacer sus trámites y me gusta ayudar. Creo que soy una persona correcta, estudié, gané el concurso para entrar a la policía con esfuerzo y sin ayuda, mientras estudiaba Derecho. Entré en la policía para ser administrativa, no para ser del escalafón general, porque para la tarea policial no tengo vocación. Me recibí, me casé, mi mamá se enfermó de cáncer de útero y no tenía obra social. Yo la acompañaba en el tratamiento oncológico. Y en toda esa situación difícil me cayó esto.
Hacia el juicio
Tres años después de la muerte de Franco el fiscal federal Marcelo Di Giovanni pidió la detención de 30 policías por su destino. El juez Carlos Vera Barros procesó y llegaron a juicio 19 de ellos. Belkis fue una de las incluidas. "En 2017 yo estaba prestando servicio en el despacho de Casilda y me fueron a detener ahí. Realmente no sabía qué hacer. Creo que estuve una semana detenida o quince días. A mí me desestabiliza tanto que no lo recuerdo ni pienso nunca en esto. Mi marido se acuerda de todo, pero yo lo bloqueo. Dejo todo en manos de mi abogado y no analizo nada. Es mi forma de poder soportarlo".
Belkis afirma que vive para afrontar lo que implica la imputación, pero lo que más la afecta es el efecto de la sospecha. "Vivo en la intranquilidad de que me puedan preguntar si soy yo la que está acusada en este juicio. Para hablar tuve que meditar mucho y no sé si hacerlo me conviene. Por un lado quiero decir que esta acusación no tiene sentido y defenderme hablando. Pero hacerlo puede significar perder algún trabajo que necesito para pagar mi defensa y mantener a mi familia".
Saberse ajena a cualquier ilegalidad, dice, no la tranquiliza. "La carátula del caso es muy pesada. Yo tengo la expectativa de no terminar condenada pero tengo miedo de que me pase aunque no hice nada. Yo no decidía nada. Yo no puedo encubrir ni participar cuando no manejaba información, cuando no tenía contacto con detenidos, cuando no pasaba por mí ninguna documentación relacionada con detenidos".
En este momento, Belkis tiene que presentarse todos los meses a firmar las condiciones de su libertad. Trabaja en el 911 en Casilda, da clases de Derecho en distintos terciarios, hace jubilaciones en un estudio jurídico y se desempeña en una repartición municipal. "Uno de mis trabajos es solo para pagar mi abogado, que me da facilidades y en quien confío. Tuve que empezar una terapia que me cuesta dinero. Cuido a mi hijo que tiene dos años y medio. Mi marido estuvo enfermo y se recuperó. Mi mamá murió de cáncer en 2018 y ahí sí caí en una depresión. Cuando tengo que ir al juicio, que hay audiencias donde debo asistir, es muy duro para mí. Lo duro es no entender. Estoy atrapada por todo esto y siento que no me puedo realizar. Me afecta personalmente, profesionalmente y a toda mi familia".
El peso de estar en un juicio, dice, es algo muy presente. "Te sigue a todos lados. Yo me he anotado en el API, en la Municipalidad, en el Poder Judicial para ser administrativa. Pero en todos lados hay un requisito que es no estar implicado en un hecho doloso. Y yo lo estoy. Soy una persona recta, he hecho cursos, me esforcé, me recibí de abogada trabajando en donde podía. Hice en la UCA el profesorado de Derecho, me elogiaron cómo preparé mi residencia y me invitaron a participar de las cátedras. Jamás traté mal a nadie, soy una persona de mediar, creo que soy solidaria y leal. Pero aquí estoy".
