Un atentado a balazos, agresiones a trompadas y el ataque con un arma blanca que le provocó un corte en el rostro a una mujer. Esa cadena de incidentes registrada el mes pasado tuvo como víctimas a testigos que debían declarar en el juicio oral contra Jonatan “Peco” Almada, mando medio de una banda ligada a Los Monos que operó en los barrios Ludueña y Empalme Graneros entre 2021 y 2023. Seis personas del entorno del sindicado narco—parientes de otro cabecilla condenado— fueron imputadas esta semana por participar de las intimidaciones.
En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal (CJP), esas seis personas detenidas la semana pasada fueron acusadas por el fiscal José Luis Caterina por delitos de amenazas, lesiones y abuso de armas. Cuatro de ellos ya habían sido condenados por su pertenencia a la organización y seguían residiendo en Ludueña. Allí se registraron los aprietes a testigos días antes de que comenzara el juicio contra Almada, luego suspendido por un planteo de su defensa.
El propio Almada, sobre quien pesa un pedido de 40 años de prisión, sumó en esta ocasión otra causa por la usurpación de dos viviendas en la cuadra de Solís al 300 en las que gente del grupo cobraba el alquiler a quienes residían allí. En un caso, desde hace dos años. Por lo mismo fue imputado otro hombre fuerte de la organización, Andy Benítez, quien cumple condena a 50 años de prisión como organizador de la bandas desde la cárcel y por planificar desde el encierro el crimen del colectivero César Roldán.
El juicio en suspenso
Benítez fue condenado en diciembre del año pasado en un juicio abreviado aceptado por él. En caso de Almada, el derrotero de su causa fue otro: al no aceptar pena por esa vía llegó el mes pasado a un juicio oral y público. El debate arrancó el 29 de julio. El fiscal Pablo Socca acusa a Peco, de 34 años, como gerente de la organización subsidiaria de Los Monos que funcionó en los barios Ludueña, Empalme e Industrial.
Dedicada a usurpaciones, balaceras y narcomenudeo y en funciones desde julio de 2021, la banda entabló una guerra con una facción rival ligada a Esteban Alvarado que dejó decenas de muertos en esos barrios. Matías “Pino” César cumple condena como el jefe de la gavilla narco. Julián Aguirre y Mauro Gerez son otros cabecillas condenados. Ese armado es el que comenzó a discutirse en el juicio ante los jueces Lorena Aronne, Paola Aguirre y Lisandro Artacho. Pero el trámite se suspendió al apartarse la jueza Aronne porque la defensa planteó que ya había intervenido en causas contra la organización.
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El debate fue precedido por serios incidentes contra testigos que motivó más de una decena de allanamientos la semana pasada en Ludueña. La secuencia de esos ataques se detalla en la imputación que, entre este lunes y martes, formuló el fiscal Caterina ante el juez Alejandro Negroni.
Escalada de agresiones
El primer incidente ocurrió el 2 de julio a las 18.30 en la zona de Liniers y las vías. Un atacante armado abordó allí a los hijos de una mujer citada como testigo al debate, los amenazó y comenzó a efectuar disparos. Según el planteo fiscal, el tirador era Gonzalo E., un sobrino de Mauro Gerez imputado por amenazas coactivas agravadas y abuso de armas. Quien le entregó el arma, según la acusación, sería un séptimo implicado: Walter G., quien quedó fuera de esta ronda de imputaciones porque se entregó a última hora del lunes al saber que lo buscaban.
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Tras los disparos de aquella tarde, el incidente escaló cuando la propia testigo se acercó al lugar al enterarse de los disparos. Comenzó a discutir con Maricel G., hermana de Gerez, quien respondió con amenazas. Las mujeres se agredieron a golpes de puño y esto provocó que se acercaran más familiares de Gerez. Entre ellos sus primas Estefanía y Ludmila E., quienes lesionaron a la mujer en el rostro y en la cabeza. Lo hicieron con un elemento cortante que, a su vez, les entregó Gonzalo E., sobrino de ese cabecilla ya condenado. Este grupo fue imputado por lesiones dolosas y amenazas.
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Hubo un ataque posterior esa misma noche cuando Kevin “Yerba” A., considerado miembro de la banda desde que era menor de edad, se acercó a la casa de un familiar de la víctima. Allí anunció que junto a la novia de Gerez, Camila H., iban a ocasionar daños en el domicilio. Por lo que ambos fueron imputados por el delito de amenazas simples. El fiscal indicó que todos los hechos se cometieron en el marco del juicio oral contra Almada, “siendo la víctima un testigo ofrecido en el debate”.
Casas usurpadas, en alquiler
En ese contexto, y a partir de datos obtenidos en los 17 allanamientos efectuados la semana pasada en el barrio por la Policía de Investigaciones, fue que recayeron nuevas acusaciones sobre el ya condenado Benítez y el hombre del juicio en suspenso, Peco Almada, por la usurpación de dos inmuebles en Solís al 300. Eran mantenidos de forma ilegal en provecho de la organización para el cobro de rentas.
Así, los dos sindicados como cabecillas fueron acusados de “seguir usufructuando ilegítimamente” esas viviendas cuya usurpación “fue organizada y ejecutada por ambos en el marco de la asociación ilícita que integran”. En esa trama, la pareja de Andy, Sandra B., fue imputada por efectuar las cobranzas mensuales del alquiler a los inquilinos, maniobra que en un caso se extendió por al menos dos años y que en el otro comenzó en junio pasado.
