El empresario y expareja de Vicky Xipolitakis pasó casi dos semanas detenido en el marco de una causa penal federal
Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.
Lelo Pérez pagó una multa con la entrega del edificio de un amigo en Buenos Aires al 1000.
La Justicia federal de Rosario ordenó este martes la excarcelación del empresario Lelo Pérez. Su abogado confirmó la liberación tras el llamado a declaración indagatoria por lavado de activos en el marco de una causa por la que había sido denunciado junto a su hijo y otras personas apuntadas en relación al narcotráfico.
La expareja de Vicky Xipolitakis se encontraba privado de su libertad desde el 30 de julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) había pedido la captura a raíz de una denuncia sobre el blanqueo de dinero procedente de la venta de drogas. El defensor Carlos Varela le aseguró a LT8 que "no hay ningún indicio grave ni concordante" sobre un vínculo con la comercialización de estupefacientes.
El representante legal del empresario de 53 años señaló que su cliente fue liberado porque no hay riesgo de que pueda entorpecer la investigación. "Hay una debilidad probatoria, una baja densidad jurídica de la figura penal imputada", añadió con respecto a los argumentos para descartar la prisión preventiva efectiva.
Leandro David Pérez fue detenido hace casi dos semanas en la torre Aqualina, ubicada sobre avenida de la Libertad al 300. En la misma causa del viejo sistema judicial federal se investiga a su hijo Agustín y a su socio Marcelo M..
Por otra parte, los fiscales apuntaron como cómplices a Maximiliano N., un expolicía de Santa Fe que fue destituido en 2023. También está en la mira Emiliano H., un subinspector de la fuerza de seguridad provincial. Este último fue el único que no fue indagado ante el juez Carlos Vera Barros después de los allanamientos.
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Según fuentes oficiales, Pérez y su hijo comparecieron ante el magistrado el viernes 31 de julio, al igual que su socio y el expolicía. Todos se encuentran están bajo sospecha por lavado de activos.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) plantearon que los acusados tienen un patrimonio incompatible con sus ingresos declarados. Ante esta situación se abrió la hipótesis de que blanquearon dinero procedente de la venta de drogas a través de distintas personas jurídicas (Palabra Santa, Araca Corazón y Transporte Overland SRL), un fideicomiso constructor y la adquisición masiva de autos e inmuebles.
Casi una semana después de la captura del exnovio de Vicky Xipolitakis, el gobierno de Santa Fe anunció la toma de posesión de un edificio de tres pisos ubicado en Buenos Aires al 1000, en pleno centro de la ciudad. Fuentes oficiales indicaron que el inmueble fue entregado como parte de la condena del procedimiento abreviado correspondiente a a la causa de la megaestafa inmobiliaria, iniciada en 2016.
La propiedad cuenta con 27 departamentos. Algunos estaban habitados y otros usurpados, según explicaron fuentes del Poder Ejecutivo provincial. Ante esta situación, las autoridades impulsaron el desalojo.
Desde la Casa Gris adelantaron que el edificio ingresará en los próximos meses en la lista de bienes incautados al delito. El objetivo final es incluirlo en una subasta pública y la convocatoria podría formalizarse entre marzo y abril de 2027.
Luego del operativo del 5 de agosto, el abogado del empresario aclaró que el edificio no pertenecía a Pérez sino a un amigo suyo. "Él ofreció un bien que duplicaba el monto de la multa e igualmente se entregó, atendiendo a que es inminente la revocación del proceso", comentó el letrado.
Varela remarcó que Pérez "nunca estuvo imputado por infracción a la ley de drogas" ni figuró como titular del inmueble. Luego se mostró confiado en la posibilidad de que quede sin efecto la condena del juicio abreviado. Al respecto, advirtió: "Si lo pusieran a subasta, van a tener que devolver hasta el último peso, más los daños y perjuicios".
