“Hemos recibido una policía con una escala salarial muy baja que obliga inevitablemente a nuestros efectivos al doble empleo. El objetivo final de la reforma que enviaremos próximamente a la Legislatura tiene como finalidad la exclusividad del policía, esto significa que no tengan necesidad de afrontar el doble empleo”. Fiel a su estilo, y en medio de una protesta que parecía desmadrarse frente a la Jefatura de Rosario, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, anunció ayer una estrategia institucional de bienestar policial que incluye aumentos de salarios.
Así, el ministro trató de dar respuesta al reclamo de “la familia azul” concentrada en la puerta de la Unidad Regional II en demanda de una mejora salarial y al petitorio que los gremios no reconocidos de la fuerza, Apropol y Utrapol, habían elevado al gobernador Omar Perotti horas antes. Sin embargo, la promesa de una recomposición que elevaría el sueldo inicial a la fuerza a unos 40 mil pesos no conformó a los concentrados en Ovidio Lagos al 5200, quienes montaron un campamento para pasar la noche a la espera de una propuesta superadora bajo la amenaza de bloquear los portones para impdir la salida de los móviles, como ocurrió en el alzamiento de 2013.
En lo que en rigor fue el primer anuncio público de la reforma que impulsa, Sain dejó en claro que la policía “no puede estar sentada en las mesas paritarias de la provincia porque no tiene representación gremial”, y confirmó que el gobierno provincial aplicará al personal de la fuerza el mismo programa de recomposición salarial que ofreció en paritarias a los trabajadores del Estado nucleados en ATE y UPCN.
Al respecto vale aclarar que ese acuerdo contempla bonos no remunerativos pagados en tres tramos de entre 4.000 y 8.500 pesos según la categoría salarial a pagarse desde agosto a noviembre inclusive. En ese sentido, el ministro explicó que esa recomposición se aplicará a la totalidad del personal priorizando a los grados policiales más bajos y en especial a los empleados que cumplen funciones operativas (de calle), a los que asignará además una suma fija de 7 mil pesos y una tarjeta alimentaria que alcanzará a 15.800 efectivos. También anunció que aumentará un 30% por ciento el valor de las horas extras (OSPE).
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Sain dijo que “como uno de los ejes de nuestra gestión vamos a ponderar las tareas operativas y dado que hay una disparidad enorme en los plus no remunerativos que reciben algunos sectores de la policía, por lo que se encuentran en una situación desfavorable, se otorgará un suplemento por tareas operacionales para el personal de calle y bomberos de 7 mil pesos por mes que beneficiará a quienes no estén recibiendo otros suplementos. La suma a percibir abarca a 10.500 policías, prácticamente la mitad de la dotación del personal de la provincia, lo que totalizará una inversión de 74 millones de pesos por mes”.
En su alocución, el ministro buscó demostrar que los anuncios no fueron improvisados ni impulsados por la cascada de malestar policial que estalló en la provincia de Buenos Aires y en todo los casos fue historiando el desarrollo de las medidas y como venían analizándolas. En ese contexto subrayó que la semana pasada se anunció el decreto 931 por el que se asignó suplementos de 12 mil pesos mensuales para “la policía de Seguridad Rural y la Policía Acción Táctica que son muy específicos, centrales, con turnos muy amplios, que cubren distancias muy extensas y requieren desempeños muy forzosos, diferente del personal de calle”.
Siguiendo con su libreto, el ministro citó el decreto 49 del 22 de enero para desarrollar lo que rotuló como “servicios extraordinarios, en los que se incrementó el valor de las horas de los servicios adicionales que estaba extremadamente retrasado. Se pasó para los requirentes públicos de 101 pesos a 254 el valor de la hora y para los privados de 126 a 351 pesos por hora; es decir, se produjo un aumento de 180%. Desde febrero el promedio de incremento por servicio de horas adicionales fue de 145.400 pesos por policía”.
Asimismo confirmó que finalizó la elaboración de un nuevo reglamento para las Ordenes de Servicio Extraordinario de Seguridad y Prevención (Osesp, ex horas Ospe) que “aumentarán un 30%. Esto significa que la remuneración por este ítem pasará de 99,65 pesos a 129,33 pesos en su valor más bajo, y de 119,60 pesos a 155,22 pesos en su escala más alta”. Y remarcó que “el gobierno en lo que va del año lleva invertidos 250 millones de pesos en pagos de horas Ospe”.
Las restantes medidas anunciadas se formalizarán en un decreto la semana próxima. Entre ellas el Programa de Asistencia Económica alimentaria para el personal de tareas operacionales de cumplimiento efectivo que abarca a los efectivos de calle de la policía preventiva, la Agencia de Investigación Criminal y la Agencia de Control Policial. Y también la Tarjeta Alimentaria para el personal operativo (TAP) en la cual se depositarán 4 mil pesos por mes para los 15.800 policías que desarrollen labores operacionales, lo que insumirá unos 64 millones mensuales.
Sain también repasó que el 24 de junio se creó una asignación por ejercicio de cargo complejo para el personal que ocupa los puestos de dirección superior, la Agencia de Investigación Criminal y la Agencia de Control Policial y que promedian 70.000 pesos mensuales, es decir unos 2.600 millones al mes.
El ministro sorprendió al hablar de los suicidios en la fuerza y anunció el Programa de Medicina Laboral. “En los últimos años hubo más de 30 suicidios y muchos de ellos en el lugar de trabajo”, reveló. Este programa será desarrollado con profesionales de la fuerza y de entidades externas. Además esbozó programas complementarios de Higiene y Seguridad; de Seguimiento para el personal con Traumas; de Gestión Ambientales Favorables; y un Centro de Aislamiento para víctimas de Covid. “Todo esto era prácticamente inexistente en la policía”, se quejó el ministro.
Y también se refirió al ausentismo: “Si bien éste es un problema en todas las áreas de la administración, en la policía configura un problema grave”.
Finalmente, si bien el ministro enfatizó que no hay gremios de policías, remarcó que el proyecto que se enviará a la Legislatura prevé dos herramientas “que harán diferencia. Una es la Comisión de Bienestar Policial, algo que ya funcionó muy escuetamente y tendrá representantes de todos los sectores además de la patronal (gobierno y cúpula) en una suerte de paritaria institucional. La otra es una Defensoría del Policía, una suerte de Ombudsman policial que ya fue implementado en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y funciona muy bien promoviendo los derechos humanos y laborales de los efectivos de la fuerza”.
