Por enésima vez, el narco Esteban Lindor Alvarado cumplió con el ritual de la acusación penal. Esta vez fue en el ámbito del Juzgado Federal 4, a cargo de Marcelo Bailaque, del que salió procesado como autor de los delitos de lavado de activos de origen delictivo, realizado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza: blanqueo de vehículos en el mercado negro, que luego eran modificados y vendidos en el mercado legal. Alvarado está detenido en el penal federal de Ezeiza sometido a duras medidas de detención tras su frustrado intento de fuga en helicóptero el pasado 10 de marzo.
Junto a Alvarado fueron procesados con prisión preventiva Patricio César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamir Clavero como coautores de los delitos de lavado de activos como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza. También fueron procesados Germán Darío Lauretti, Gustavo Armando “Tuerto” Cárdenas, Diego Emanuel Fraietta y César Humberto López Sena como supuestos autores del delito de lavado de activos, y recibieron falta de mérito sobre el delito de integrar la asociación ilícita.
Fueron sobreseídos con falta de mérito Fernando Ariel Ayala, Natalia Soledad Ortiz y María Fernanda Abaca. Mientras que lograron ser excarcelados, tras el pago de 15 millones de pesos per cápita, Germán Darío Lauretti, Gustavo Armando Cárdenas, Diego Emanuel Fraietta y César Humberto López Sena.
Según la resolución, se trabó embargo sobre los bienes de Alvarado, López Coronel, González y Clavero hasta cubrir la suma de cien millones de pesos y en el caso de Lauretti, Cárdenas, Fraietta y López Sena hasta cubrir la suma de 30 millones.
En el provincial
Hace un mes Alvarado se sentó en el banquillo de los acusados, acompañado de otras ocho personas, para escuchar de la boca de los fiscales provinciales Marisol Fabbro, jefa de la Unidad de Delitos Complejos, y Miguel Moreno, de Delitos Económicos, la acusación de liderar una asociación ilícita que se dedicaba a la compra de vehículos en el mercado negro, que luego eran modificados y vendidos en el mercado legal. Lo que en la jerga se denomina "emponchar" autos. También, simulando un negocio de venta de carbón, lavaban activos.
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A partir de que el juez Florentino Malaponte se excusó en la cuestiones finas de interés federal es que la causa quedó en manos del juez Bailaque y la Fiscalía en turno. Para investigación provincial esta organización funcionó al menos entre enero de 2022 y el 28 de junio del mismo año.
A tres integrantes de la banda se los acusó por al menos tres tentativas de homicidios, la más grave de las tres fue la ocurrida el 11 de marzo de 2022 en un taller de chapa y pintura de calle Bolivia al 2300, entre Viamonte y La Paz, en el que un mecánico y un cliente fueron atacados a balazos para que entregaran las llaves del negocio y se fueran.
Uno recibió una herida en la rodilla y tras ser asistido en un nosocomio recibió el alta. Y el otro fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) con heridas en abdomen. Para la Justicia provincial Alvarado ordenó el ataque desde su calabozo en la cárcel federal de Ezeiza y los ejecutores fueron Lucas González y Nahuel Clavero.
Causa federal
La Justicia Federal se centró en dos aspectos de la investigación: asociación ilícita y lavado de activos. Así fue que Alvarado quedó al tope de la pirámide de la asociación ilícita, como líder, que se dedicó a cometer una serie de delitos contra "las personas, contra la vida, contra la propiedad, contra la libertad, contra la administración pública, contra la seguridad pública, contra la fe pública, contra la salud pública, entre los cuales se destaca el lavado de activos, durante el período comprendido entre julio de 2012 y abril de 2024", según se explicó en la resolución.
Además de "haber administrado de manera conjunta con las personas mencionadas, a través de la ejecución de una serie de acciones coordinadas por Alvarado (la utilización de testaferros a efectos de operar con, inscribir y/o registrar la titularidad de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves)", se explicó
Además, a Alvarado se le imputó "el haber creado, capitalizado y utilizado, desde al menos el mes de mayo del año 2022 hasta la actualidad, un fondo de comercio mediante el cual se puso en circulación bienes de origen delictivo. Concretamente, se trata de una distribuidora de carbón que opera en plaza bajo el nombre de Carbón Rosario, cuya razón social se encuentra a nombre de Clavero" y que opera desde el domicilio ubicado en Ocampo 6600 de barrio de Belgrano.
La investigación puso bajo la lupa a "una organización criminal" que procuró "ocupar distintos establecimientos dentro de Rosario, incluso por intermedio de la violencia, excluyendo de allí a las personas que detentaban la legítima posesión".
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La resolución continúa textualmente: "Bajo la fachada de venta de carbón, y a fin de utilizar (los establecimientos) como base para actividades ilícitas y para ocultar vehículos adquiridos" para lavar activos y "ocultar el origen del dinero con el que se adquirían", les realizaban modificaciones en la búsqueda de incrementar su valor. Dentro de esas modificaciones podía estar "pulidos o alteraciones del su cuenta kilómetros", para luego colocarlos en venta y de esa forma "dar apariencia de licitud a las operaciones y a los bienes mencionados".
Y para llevar a cabo ese objetivo los integrantes de la banda "cometieron diversos delitos, entre otros: tentativa de homicidios, privación ilegítima de la libertad, extorsiones, estafas, encubrimientos, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y lavado de activos", según explica la resolución.
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Se puso el ojo en "un conjunto de operaciones tendientes a reciclar sus ganancias por intermedio de las personas indagadas, por un monto de por lo menos 5.842.000 de pesos y 40.200 dólares (esto solo considerando las realizadas entre enero de 2022 y el 28 de junio 2022), dinero que tenía disponible la organización para adquirir los vehículos a pedido de Alvarado, modificarlos para incrementar su valor, venderlos y también para simular el negocio de carbón", se indicó en la resolución.
Alvarado fue condenado en junio de 2022 a prisión perpetua en el fuero provincial por cometer homicidios, extorsiones, amenazas y ataques a balazos contra edificios judiciales entre el 2012 y 2019, y a 15 años en el federal por narcotráfico.
