Una vez más, Esteban Lindor Alvarado se sentó en el banquillo de los acusados, esta vez acompañado de otras ocho personas, fue acusado liderar una asociación ilícita que se dedicaba a la compra de vehículos en el mercado negro, que luego eran modificados y vendidos en el mercado legal. Lo que en la jerga se denomina "emponchar" autos. También, simulando un negocio de venta de carbón, lavaban activos, delito este que por pedido de las defensa será investigado por la Justicia federal. La organización funcionó al menos entre enero de 2022 y el 28 de junio del mismo año. A tres integrantes de la banda se los acusó por al menos tres tentativas de homicidios.
El juez de garantías Florentino Malaponte dictó prisión preventiva por el plazo de ley para Alvarado, Lucas Fabián G., Yamir Nahuel C.; y se declaró incompetente en relación a la asociación ilícita y lavado de activos agravado ordenando poner a disposición del Juzgado federal en turno todas las actuaciones, efectos secuestrados y a los detenidos César L.S.; Fernando Ariel A.; Germán Darío L., Gustavo Armando "Tuerto" Cárdenas y María Fernanda A.. Mientras que César Patricio López Coronel continuará en prisión preventiva efectiva, como venía siendo cumplimentada, en la cárcel de Piñero.
Para la acusación, en la voz de Marisol Fabbro, jefa de la Unidad de Delitos Complejos, y Miguel Moreno, de Delitos Económicos, Alvarado es "jefe de la organización y administrador de las actividades ilícitas". Los fiscales sostuvieron que este "sistema delictivo se caracteriza por contar con poderío económico y con capacidad de fuego, apreciándose que cuentan con liquidez en moneda nacional y extranjera obtenidas de actividades ilegales, usando una fachada de actividad lícita. Sus objetivos están direccionados a dar apariencia lícita a su patrimonio ilegal".
La jefatura principal ejercida por Alvarado operaba las 24 horas del día desde el establecimiento penitenciario en el cual se encuentra alojado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, ordenando distintas actividades ilícitas, los pagos de dinero correspondientes y las maniobras financieras a realizar, se explicó en la audiencia.
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“Entre otras maniobras delictivas se encuentra la utilización de testaferros para la adquisición de vehículos con dinero obtenido de los negociados ilícitos, las órdenes de usurpación de galpones en distintos puntos de la ciudad para resguardar los bienes adquiridos en su nombre valiéndose para ello del poder a los fines de concretar las acciones extorsivas que preceden a la ocupación efectiva de los inmuebles”, dijeron los fiscales. Alvarado fue condenado en junio de 2022 a prisión perpetua en el fuero provincial por cometer homicidios, extorsiones, amenazas y ataques a balazos contra edificios judiciales entre el 2012 y 2019, y a 15 años en el federal por narcotráfico.
Balazos en el taller
Buena parte de la extensa audiencia, que se prolongó dos jornadas entre jueves y viernes, se concentró en un incidente armado que por aquellos días, en marzo de 2022 y en medio de la ola de violencia diaria que sometía a la ciudad. La tarde del 11 de marzo, alrededor de las 17, dos hombres ingresaron armados a un taller chapa y pintura de calle Bolivia al 2300, entre Viamonte y La Paz, en los confines de barrio Belgrano y Villa Urquiza. Sin mediar palabra dispararon hacia dos personas que se encontraban en el lugar, quienes resultaron heridas. Uno recibió una herida en la rodilla y tras ser asistido en un nosocomio recibió el alta. Y el otro fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) con heridas en abdomen.
A partir de esta última acusación pudo determinarse que, a partir de una orden que Alvarado emanó desde su calabozo en la cárcel federal de Ezeiza, dos de sus hombres _Yamir Nahuel C. y Lucas Fabián G._ llevaron adelante el ataque intimidatorio con el fin de que la persona que alquilaba el lugar les entregara las llaves.
Según los fiscales Fabbro y Moreno, las amenazas escalaron en violencia ese 11 de marzo de 2022 cuando los gatilleros abrieron fuego contra la víctima y contra un ocasional cliente, quienes resultaron heridos. Dos semanas después, uno de los lesionados cedió ante las extorsiones e hizo entrega de la llave. La acusación sostuvo que los gatilleros ocuparon el inmueble, que posteriormente usaron para guardar vehículos “por encargo y con dinero adquirido ilícitamente de Esteban Alvarado”.
Roles
Por debajo de Alvarado la acusación colocó a Yamir Nahuel C., en carácter de organizador, quien según los fiscales se ecargaba de ocupar efectivamente los galpones y cocheras obtenidos por las maniobras de la asociación (fueran extorsiones, homicidios, compras o alquileres), organizando el movimiento de productos comercializados bajo la fachadas con apariencia de licitud (en este caso la venta de carbón). Por otro lado, resultó ser testaferro y encargado de transportar los vehículos adquiridos "con el dinero ilícito de Alvarado y ocuparse de sus modificaciones y su posterior entrega y/o venta, con el fin de darle apariencia lícita tanto al vehículo como al dinero generado por las operaciones", explicaron los fiscales.
El interior del taller de Bolivia al 2300 donde dos hombres fueron baleados por orden de Alvarado el 11 de marzo de 2022.
Para los acusadores, es el "principal nexo" entre las órdenes intelectuales de la cadena de mando y la ejecución de los autores materiales. También gestionaba la logística necesaria para llevar adelante lo ordenado y reclutaba personas que formarían parte de la asociación para materializar los encargos de sus jefes, así como de "la administración y gerencia del patrimonio ilegal de la organización, ya que no solo procedía al traslado de los vehículos, sino que se presentaba como «vendedor» de los mismos".
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El vínculo con la jefatura de la banda se desarrollaba a través de mensajes de Whatsapp, siendo que por ese medio se cumplían con los objetivos. Se pudo corroborar que Yamir C. adquirió a pedido y con dinero de su jefe, obtenido a partir de actividades ilícitas, siete vehículos, los que colocó a su nombre o a nombre de otros miembros de la organización que obraron como testaferros de Alvarado "a fin de darle apariencia lícita".
César Patricio López Coronel, quien está preso en la cárcel de Piñero, es para los fiscales la persona que organizaba la ocupación de los galpones donde se resguardaban los bienes adquiridos ilícitamente, "ocupándose personalmente del tramo final de las extorsiones y atentados contra las personas; organizados para asegurarse el resultado y luego realizar el traspaso de los inmuebles al resto de los miembros del grupo".
Su vínculo con la asociación ilícita se dio a través de comunicaciones que mantenía con personas ligadas al jefe de la banda, particularmente a través de Damiana Ghirardi, condenada en junio de 2022 como miembro de la asociación ilícita liderada por Alvarado a tres años de prisión condicional y a pagar una multa de 46 millones de pesos por un hecho de lavado de activos en carácter de coautora.
Otro de los acusados con prontuario es Gustavo Armando “Tuerto” Cárdenas, quien junto a Fabián G. y Germán Darío L., se ocupaban del traslado de los vehículos desde otras localidades hasta los galpones utilizados por la banda. El Tuerto fue identificado por conversaciones telefónicas con Yamir C. y Germán L., según la acusación. También está dentro del listado de personas que visitaba a Alvarado en la cárcel de Ezeiza.
Germán L. trabajaba "sobre los vehículos dentro de los galpones para incrementar su valor". Fabián G. realizaba funciones "relacionadas también con el negocio simulado de la venta de carbón". Este hombre estaba en el taller de calle Bolivia al 2300 el día de los allanamientos del miércoles 1º de mayo pasado cuando fueron secuestrados "una Toyota Hilux ,Volkswagen Amarok y Vehículo Sprint", del que Yamir C. es titular registral.
César Humberto L.S. realizaba, por su parte, "actividades destinadas a materializar las maniobras de lavado de los activos construyendo y realizando modificaciones en viviendas lujosas bajo las directivas de Alvarado" y personas de su confianza. Los fiscales destacaron que en el allanamiento a la vivienda de Liniers 1800 de Rosario, se secuestraron 37 boletos de compraventa de diversos vehículos de fechas que van desde el 29 de enero de 2007 al 18 de febrero de 2010.
En tanto, María Fernanda A. mantenía contacto con Alvarado y con Nahuel C., a fin de "gestionar las pólizas de seguro de los vehículos que otros miembros de la asociación traían de distintas localidades sin corroborar su estado real y a sabiendas del origen de los fondos con los que se habían adquirido y su verdadero titular, coadyuvando a dar opacidad a la cadena de transmisión para ocultar el origen ilícito de los fondos con los que se adquirieron”.
