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Ludueña puede estar en el centro del tema por ser, con 24 homicidios en lo que va de 2022, el barrio con más víctimas de la violencia por el recrudecimiento de un conflicto con un grupo de Empalme Graneros. Eso profundizó una investigación que expuso la participación de menores de edad en una de esas bandas, pero la cuestión de fondo se expande en distintos puntos de la ciudad con dinámicas similares en las cuales la vinculación de adolescentes con bandas delictivas queda expuesta cuando son asesinados.
De los 23 menores de 18 años asesinados —todos en barrios periféricos— al menos once tenían un conflicto por la venta de drogas, o lo que desde el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia categorizan como “economía ilegal/organización criminal”.
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En otros nueve hechos las víctimas —entre éstas tres bebés de 1 año y una nena de 6— fueron asesinadas por error al estar con amigos o familiares vinculados a esos conflictos. Los tres restantes fueron una criatura abandonada al nacer y dos pibes asesinados en aparentes “conflictos interpersonales”.
“Saben lo que hacen”
Sobre el caso de la banda de Ludueña, dos de sus presuntos miembros menores de edad tienen 14 años, son primos y llevan el mismo apellido. La hermana y la madre de uno de ellos y el padre del otro fueron imputados de encubrimiento como integrantes de la banda de Gerez, concretamente acusados de “recibir, adquirir y ocultar teléfonos con los cuales se realizaban extorsiones”, y quedaron presos por 90 días. En cuanto al acusado de 17 años, cayó el 21 de agosto en San Pedro y le imputaron una tentativa de homicidio.
“Los conozco desde bebés. Nacieron en el quilombo y con el tiempo la crianza y la coyuntura social no los ayudó en su crecimiento. Son pibes que viven con madre y padre, tienen hermanos. A uno los padres lo ataban a la pata de la cama para que no se escapara y le pegaban. Y la escuela lo expulsó porque no podía contenerlo. Eso va cargando a los pibes de mucho odio, no les permite enamorarse de la vida”, contó un referente barrial que prefirió reservar su identidad.
“Estos pibes —agregó el referente— no consumen, no se tiran cartel de lo que hacen, viven en el anonimato. Tienen como referencia las series que ven y canciones sobre narcos. Creen que la vida se vive como la cantan. No tuvieron una porción de amor o una posibilidad de ternura... o sí la tuvieron pero no encontraron de dónde agarrarse. La única manija que encontraron fue convertirse en gatilleros. Aman sicariar, se enamoraron de algo totalmente distinto a lo que se enamora el resto de la pibada”.
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Esta persona suele encontrárselos en el barrio. “Nos abrazamos, todavía me dicen profe, me preguntan cómo estoy, si necesito algo. Son pibes con conciencia, saben lo que hacen y eso es una cagada, porque se mentalizan para gatillar”, reflexionó el referente, para agregar: “No dejan de tener sueños y preguntarse si algún día llegarán a ser alguien en la vida”.
Sobre posibles alternativas para esos proyectos de vida, en barrios como Ludueña suelen estar acotadas a programas estatales de capacitación en oficios. “Pero hoy paga más un tipo que los manda a hacer una balacera que un programa provincial, municipal o nacional. ¿Cómo se pelea contra eso?”.
Reemplazables
El juez de Menores Nº 3 Alejandro Cardinale analizó en diálogo con La Capital la situación de chicos vinculados a bandas y las complejidades que se presentan cuando tienen menos de 16 años. “Hay una disputa entre dos estructuras. Una es la estatal con todas sus aristas, pero principalmente con educación, salud y recreación, que son herramientas sociabilizadoras. Otra estructura es la que los objetiviza y muchas veces los pone en situaciones de trata”, explicó.
“Hay una disputa muy clara y espacios que están ocupando estas bandas. La pandemia aceleró el retroceso del Estado en el territorio, lo que generó un avance de esa otra estructura”, agregó el juez que analizó, acerca de cómo es que los menores se integran en estos grupos: “Un desafío es desentrañar hasta dónde hay un factor de fascinación y voluntad, de querer pertenecer, y dónde hay mandatos familiares o directos”.
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Para Cardinale estos pibes que “ponen el pecho, caen detenidos y justifican una intervención judicial o policial, son fácilmente reemplazables para la organización. La pérdida de esa persona, porque la detienen o la matan, no genera grandes costos a las bandas”.
“El gran desafío es disputar una opción distinta a estas vidas, a la constitución de estos chicos que en algunas ocasiones desde muy temprana edad ven esa forma de relación casi como la única”, analizó Cardinale.
El juez también consideró “importante destacar que los menores de edad atravesados por estas situaciones son pocos en relación a la población adolescente de Rosario”, lo cual ubica la problemática en un contexto general a resguardo de “declaraciones que piden mano dura y el eslogan de que todos los pibes quieren ser soldaditos”.
Servicio local
Dimensionar el contexto de violencia urbana en Rosario implica reconocer que, aunque sean una minoría, hay chicos menores de 16 años involucrados en bandas y hasta sospechados, en algunos casos, de homicidios u otros hechos graves. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Virgilio, explicó a este diario que esos casos nunca se abordan desde una óptica penal sino de vulneración de derechos.
Primero, a tono con la ley provincial de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se activa un primer nivel de intervención a cargo del servicio local que implica que las instituciones públicas del barrio lo acompañen sin tener que apartarlo de su círculo familiar. Cuando esto no es posible se toman medidas de protección excepcionales y entonces los abordajes llegan a la Secretaría de Niñez.
“El caso de Ludueña no llegó a nosotros porque lo trabajó el servicio local. Todo lo que ha sucedido se resolvió en el primer nivel. Son chicos como cualquiera pero a los que les pasó algo. Hay que ver qué les pasó, qué pasa con su familia, qué lazos sanos tiene cada uno. Hay que trabajar desde ahí en vez de debatir si tiene que ir preso o bajar la edad de punibilidad”.
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En ese marco Virgilio indicó que Niñez busca, más allá de que los casos concretos no lleguen a esa área, articular con otros ministerios. “En Ludueña hacemos reuniones interministeriales, nuestra parte la aporta el Centro de Acción Familiar 16. La provincia está haciendo el trabajo para entrar a Ludueña, aportar a la primera infancia y contener a los chicos para que no estén en las calles”.
Información para un tema que va mutando
Los juzgados de Menores abordan situaciones de chicos de 16 a 18 años en conflicto con la ley penal. En Santa Fe, cuando una situación lo amerita, un juzgado dispone alojarlos en instituciones. “Cuando no es grave y vemos un contexto que lo puede exponer a situaciones de vulnerabilidad, intervenimos de una manera integral. Por ejemplo en un caso de portación de arma no nos quedamos con ese hecho concreto sino en por qué la tenía, para qué y de dónde la sacó”, explicó el juez de Menores Cardinale.
“La justicia penal juvenil —remarcó— no se entiende si no es articulando con el poder administrativo del Estado, con personal civil, acompañantes, profesionales que aborden el momento de detención pero también las posibilidades afuera”. El juez insistió en la necesidad de actualizar lecturas y análisis en función de los cambios que el tiempo aporta a las dinámicas juveniles.
“Hace décadas descubrimos que el consumo problemático de sustancias era parte de una realidad que debíamos abordar con adolescentes y fue terrible admitirlo. Hoy uno de los insumos es la información criminológica, dónde desarrolla la vida esa persona. Si no abordamos lo socioambiental con conocimiento de que forma parte de una banda nos quedamos cortos. El taller está bárbaro para compartir lazos con pares, pero si a cinco cuadras tiene a la banda contraria es la nada misma”, analizó.
