El actual Régimen Penal de la Minoridad, ley 22.278, data de 1980. Fue sancionado durante la última dictadura cívico militar y con esas pocas hojas se maneja el tema desde esa fecha en todo el país. Los casos de chicos menores de 18 años detenidos o a disposición de la Secretaría de la Niñez se multiplican. Chicos con armas largas y que al conversar con los jueces les dicen que en Rosario hay una guerra y que ellos son los que hacen “los ajustes”.
>>Leer más: Más crímenes y víctimas menores de edad: las cifras de la violencia en el primer semestre de 2021
La edad de punibilidad de los menores es entre 16 y 18 años. En caso de tener esa edad y un problema con la ley penal la Justicia de Menores determina si quedan recluidos en institutos, como el caso del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario, ex Irar, de Saavedra y Cullen. En tanto, los menores de 16 quedan a disposición de la Secretaría de la Niñez, que determina qué camino a seguir con el caso.
En Santa Fe hay varios programas de abordaje de esta problemática. Uno es el programa de libertad asistida con sedes en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela, San Jorge, San Lorenzo, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, Casilda y Firmat. Estos dispositivos se llevan acabo en establecimientos de puertas abiertas o cerradas.
En los de puertas abiertas los adolescentes habitan durante las 24 horas, como ocurre en Rafaela, Coronda, Venado Tuerto y Alvear con talleres y asistencia. Sin embargo los institutos de Venado y Alvear no funcionan por falta de personal y el que estaba en General Lagos sigue cerrado desde 2012, según funcionarios del área, por “presión de vecinos que no querían allí un instituto de esas características por el movimiento de gente que concurre a las visitas”.
Por otro lado hay dos de privación de la libertad llamados “Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil”, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario.
Según estadísticas judiciales los delitos cometidos por menores en la provincia de Santa Fe son el 5% de los delitos generales y la reincidencia es del 30%. En su momento eran robos menores, amenazas o daños, pero la incursión de las drogas cambió el panorama. En un análisis rápido se destaca que el 70% de los menores “puede rehabilitarse”, como sostuvo un antiguo funcionario. Pero hay una característica administrativa caprichosa: “Las otras provincias difícilmente acepten a chicos que les podríamos enviar para sacarlos de un contexto social complejo”, advierten funcionarios del área. Este traslado es a veces fundamental para correr al menor del entorno de violencia y adicciones.
Captados
En lo que hace al riesgo delictivo como social, según el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia en Rosario se registraron en lo que va de este año 446 personas heridas de arma de fuego: 85% varones y 15% mujeres, de las cuales cerca de 100 son niñas, niños y adolescentes. Entre ellos 18 son menores de 15 años, y más de 80 tienen entre 15 y 19 años.
La última semana de agosto se realizaron más de 30 allanamientos para desbaratar una banda que, según expresó el fiscal de Balaceras Pablo Socca “tiene como característica principal el reclutamiento de menores de edad. Uno chico de 14 años esta identificado por llamadas y dos chicos de 15 que andan con ametralladoras en el marco de extorsiones”.
>>Leer más: Demoraron a un menor implicado en una tentativa de homicidio
Para Socca las detenciones —23 adultos y algunos adolescentes—realizadas para desmembrar a la banda de Mauro Gerez “van a debilitar a la banda, porque le quita recursos y gente de confianza en la calle”. El fiscal destacó que la banda, que al parecer opera como célula de Los Monos en Ludueña y Empalme Graneros, se dedica a reclutar “soldaditos” adolescentes que no son punibles.
“Uno siente impotencia porque en los operativos había muchos menores. Sé quiénes son, los conozco, sé dónde viven. Hemos comprobado que andan con pistolas calibre 9 milímetros o ametralladoras, pero tienen 14 años y no se puede hacer nada desde la Justicia. Muchos vienen de generaciones de familiares delincuentes: padres, madres, hermanos. Entienden o ven que es normal vender droga o que lo tienen que hacer. Estos chicos saben que terminan presos a los 20 años o muertos. Yo pienso que no les importa, es un detenido que acepta con tal de disfrutar por un tiempo de la fama del narco”, dijo Socca.
Un dato que se suma a esta situación que crece en cuanto a menores y delitos es una captura que se realizó en San Nicolás la semana anterior, “un chico de 17 años detenido con 29 bochitas de cocaína y una pistola 9 milímetros” a quien en Fiscalía tienen anotado como “parte de la banda de Gerez”.
Demandas de pasillo
Tanto en las fiscalías como en los pasillos de los tribunales de Menores la demanda es la misma: la necesidad de una reforma penal juvenil, que ya está en marcha, que logre una sincronía en los procesos de la Justicia de mayores con la de Menores. A eso se suma lograr una coordinación en los casos en se cruzan delitos entre adultos y menores, o cual “a veces es imposible por falta de recursos y tiempos procesales”, aseguran jueces y fiscales.
Los menores son usados tanto como tiratiros como en venta de drogas en las esquinas. En cuanto al narcomenudeo, dicen los actores judiciales, no se trabaja en coordinación para desarmar la banda sino para correr al chico del entorno. “Pero a menudeo se hace muy difícil, las familias están al tanto y muchas veces los instigan a cometer delitos porque saben de su inimputabilidad”.
La calle es una guerra
Sobre los roles de tiratiros u homicidas que a veces les toca ejecutar, los chicos no suelen denominarse “sicarios” sino “ajustadores de cuentas”. En las declaraciones frente a jueces de Menores suele escucharse: “Me dijeron de hacer ajuste y lo hice”.
Pero nada es gratis y los chicos saben que hay un antes y un después de una muerte. Un juez comentó que un chico le confesó que luego de participar de un crimen “ahora escucho ruidos y me despierto de noche” y otro solo se lamentó frente a un juez: “Usted no sabe, es una guerra esto. La calle es una guerra”.
Lo tradicional en cuanto a delitos de menores son hechos contra la propiedad o amenazas, pero esto cambia tanto como se modifican los hábitos de los delitos en mayores de edad.
>>Leer más: "Seño, no llego a los 20, me matan antes": el presagio de un chico asesinado a los 17 años
Experimentados y antiguos funcionarios del sistema penal juvenil sostienen que es preciso “volver a coordinar entre los funcionarios de Trabajo Social, Niñez, y los docentes”. La maestra y el enfermero del dispensario “aun son tenidos en cuenta, se respeta el guardapolvo”, sostienen.
Sobre la reforma futura del Código Procesal Penal Juvenil aún falta que se unifique en un texto común los distintos proyectos presentados en la Legislatura provincial. Los cambios propuestos en el procedimiento buscan que esté a tono con la transformación de los sistemas judiciales y en especial el nuevo sistema penal para adultos modificado en 2014. Las Cámaras legislativas no tienen potestad para cambiar la edad punible, si se considerara necesario, pero sí en lo que hace al proceso penal.
“Tenemos en el plano nacional un régimen de minoridad obsoleto de la época de la dictadura. Y en 1996 se reglamentó un proceso penal juvenil en Santa Fe que está desacoplado de los estándares internacionales en cuanto a derechos. Además, los jueces de Menores se encuentran a veces con vacíos legales y mucho mérito les cabe a ellos al tratar el tema de los no punibles. Los magistrados notaban un déficit que nos remarcaron en innumerables ocasiones y esperamos corregir”, dijo en abril pasado Gabriel Somaglia, Secretario de Justicia de la provincia.
“El actual Código Procesal de Menores —dijo por su parte el el director de Justicia Penal Juvenil, Federico Lombardi— plantea el modelo inquisitivo, donde está clara la función de investigar, acusar y sancionar que queda en manos del juez de instrucción. El Código Procesal Penal de adultos pasó de un modelo inquisitivo a uno acusatorio y aquí se pretende lo mismo: volverlo oral, público y con ello lograr transparencia y celeridad. Se debe pasar hacia un sistema acusatorio donde queden diferenciadas las funciones del fiscal y del juez, donde se termine el sistema como funciona ahora, que es secreto y escrito, donde un adolescente no este a merced de la Justicia y por no se sabe cuanto tiempo. Este sería uno de los puntos fundamentales que atraviesa la discusión”, manifestó el funcionario.
Lombardi sostuvo que se debería incluir en el trámite a la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, “porque nosotros ejecutamos las órdenes judiciales. Entonces hay una relación de hecho en la práctica con los juzgados de Menores que no está regulada”.
