Virginia Benedetto
El padre y demás familiares de Franco Casco escucharon el veredicto afuera de los Tribunales Federales.
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Los 19 policías y el vecino de barrio Agote que llegaron a juicio por la desaparición y muerte de Franco Casco fueron absueltos este martes en un fallo dividido luego de 70 jornadas de debate en el juicio oral y público llevado a cabo en los Tribunales Federales. Del total de acusados 14 enfrentaban un pedido de prisión perpetua de parte de la Fiscalía, señalados por el delito de desaparición forzada de persona seguida de muerte.
“No hay justicia en este país”, sintentizó conmocionado Ramón Casco, padre del joven de 20 años que en octubre de 2014 llegó a Rosario desde la ciudad bonaerense de Florencio Varela para visitar familiares y apareció muerto en el río Paraná después de haber sido visto con vida por última vez en la comisaría 7ª. “Se hizo justicia, no había ningún elemento para dictar una sentencia condenatoria”, analizó por su parte Antonela Travesaro, defensora de Diego José Álvarez, ex jefe de la seccional donde Casco estuvo detenido.
“No hay justicia en este país. Yo creía que iba a haber condenas, quiero irme a mi casa”. Con la voz baja que lo caracteriza, las palabras de Ramón Casco luego de escuchar el fallo fueron pocas, pero concisas. Pasaron casi 9 años desde que llegó a Rosario para buscar a su hijo, de quien cuando había desaparecido sólo sabía que había estado detenido en la comisaría 7ª de Cafferata al 300. Luego de 24 días de búsqueda el cadáver del chico apareció en el río Paraná y entonces la familia encabezó, junto al acompañamiento de organismos de derechos humanos, un reclamo por el esclarecimiento del hecho.
En ese contexto, luego de una investigación inicial que había comenzado en la Justicia provincial como búsqueda de paradero, se consolidó en el fuero federal y con el impulso del entonces defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, la hipótesis acusatoria que ubicó a los 26 policías que trabajaban en la comisaría 7° como responsables de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, además de las torturas sufridas por el joven en su paso por esa seccional. También fueron imputados por encubrimiento los agentes de Asuntos Internos que participaron de la investigación en un comienzo, y por falso testimonio un vecino de la seccional. Con ese marco, luego de la absolución previa de 12 agentes inicialmente procesados, en diciembre de 2021 se llegó a un juicio oral con 19 agentes acusados.
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Este martes, minutos antes de que se conociera la sentencia, los familiares de Franco expresaron sus expectativas. “Que haya una buena condena para todos los culpables y estar más tranquilos en la familia para que Franco pueda descansar en paz”, había dicho Ramón Casco, el albañil que desde la muerte de su hijo se mudó a Rosario para seguir los avances de la causa. Luego de conocida la sentencia, y acompañado por sus familiares y organismos de derechos humanos, se retiró de los Tribunales Federales visiblemente angustiado pero con la misma templanza que mostró todos estos años en las distintas etapas del proceso.
La audiencia comenzó a las 9.30 cuando el Tribunal Federal Oral N° 2, compuesto por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y Eugenio Martínez Ferrero, ofrecieron a los imputados decir sus últimas palabras antes de la sentencia. Luego de que cinco de ellos accedieran a hablar se acordó un cuarto intermedio que se extendió hasta las 14. Entonces Palucci, en su carácter de presidente del Tribunal, leyó el veredicto.
El agente Walter Daniel Ortiz fue el primero en ser absuelto ante la falta de acusación al final del juicio de parte de la Fiscalía y de las querellas que representan a los familiares de Casco. Luego el Tribunal absolvió a Diego José Álvarez, y los agentes Cecilia Rut Elizabeth Contino, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha, Esteban Daniel Silva, Ramón José Juárez, Romina Anahí Díaz y Franco Luciano Zórzoli. Todos ellos policías que en octubre de 2014 trabajaban en la comisaría 7ª.
La misma medida fue para los agentes de Asuntos Internos Pablo Andrés Síscaro y Daniel Augusto Escobar, y para el vecino de barrio Agote Daniel Crespo. A su vez los jueces dictaron la libertad inmediata de Álvarez, Benítez, Blanco, Contino, Acosta, Gianola Rocha, Greiner, Guerrer, Gysel y Silva, quienes desde 2017 acataban distintas modalidades de la prisión preventiva.
En tanto el juez Paulucci votó en disidencia y optó por la condena a prisión perpetua de Álvarez, Zorzoli y Díaz, y la pena de seis años de prisión a Benítez, Acosta, Greiner, Guerrero, Gysel, Hernández, Silva y Juárez. Mientras que para Contino, Belkis, Murúa, Síscaro, Escobar y Crespo votó la absolución por el beneficio de la duda.
Desde primera hora de la mañana se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los Tribunales Federales. Unos 300 agentes de la Policía Federal cortaron bulevar Oroño y calle Alvear entre Rioja y San Luis para custodiar ambos ingresos al edificio. Sobre Oroño el vallado se extendió también al cantero central, dado que en varias de las audiencias realizadas durante el juicio ese sector fue el lugar en el que se situaron tanto los familiares de Franco Casco y las organizaciones de derechos humanos que los acompañaron, así como también los familiares de los policías acusados, nucleados en la asociación civil Inocente Colectivo.
Pero en esta ocasión los familiares de los imputados se concentraron en Santa Fe al 1000, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3. Por lo cual frente a los Tribunales Federales se reunieron solo los allegados a Casco y las organizaciones sociales y de derechos humanos convocadas por la Multisectorial Contra la Violencia Institucional. Allí montaron un escenario con una pantalla para transmitir el fallo.
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En ese marco se vivió la lectura de la sentencia, que generó entre los presentes frente a los Tribunales de bulevar Oroño un sentimiento de amargura que se expresó con algunos gritos y llantos. Julieta Herrera, referente de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, fue contundente al expresarse luego de conocido el veredicto: “Es muy bochornoso lo que acaba de suceder. Siguen condenando a la pobreza. A Franco lo llevaron detenido, lo cagaron a palos hasta matarlo y lo tiraron al río”. A su vez, indicó que buscarán apelar la decisión del Tribunal y seguir la causa en las instancias siguientes. “Vamos a seguir luchando y va a haber justicia, la verdad la tenemos nosotros, no la tienen ellos”, sostuvo Herrera.
“Ninguna de las partes esperaba esto”, dijo por su parte el abogado Salvador Vera, representante de una hermana y del hijo de Franco Casco como querellantes. “Esperemos la lectura de los fundamentos para analizar la decisión y ver en qué elementos se basaron los magistrados para dictar estas absoluciones. Hay una puerta abierta por el voto en disidencia del presidente del Tribunal que entendió que había elementos para condenar a algunos agentes y esos elementos son los que dan la pauta de la existencia de nuestra acusación”, analizó.
También consideró el impacto público que tendrá este fallo: “Es un mensaje muy fuerte para la sociedad. Es un hecho emblemático, que han intervenido numerosas autoridades judiciales del fuero provincial y federal, en distintas instancias. Nos parece que es un impacto fuerte y negativo”. “Se sigue manteniendo de manera oculta que existe esta práctica de detención sin registro y de aplicación de severidad y tormentos por parte de fuerzas policiales a grupos de jóvenes estigmatizados. Seguimos sosteniendo que Franco fue víctima de eso y lamentamos que judicialmente no se haya reconocido”, agregó.
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Por su parte, la abogada Antonela Travesaro, defensora junto a su par Rodrigo Mazzuchini del agente Diego José Álvarez, consideró que el fallo fue justo. "Se hizo justicia. No había ningún elemento para dictar una sentencia condenatoria. La acusación fue un relato sin pruebas, tanto del fiscal como de las querellas", analizó.
Previo a la lectura del veredicto fueron cinco los policías que hicieron uso de la palabra. Entre los testimonios más destacados estuvo el de Diego Álvarez, quien era jefe de la comisaría 7ª cuando Franco Casco estuvo detenido en esa dependencia. “Soy inocente señores jueces, lo que sufrimos es irreparable, pero tienen en sus manos mitigar algo de este dolor”, fue lo primero que dijo el ex comisario, que estaba preso desde 2017.
“Yo soy inocente señores jueces. Esto implica para mí una deshonra, haber llegado como imputado a este proceso. Colaboré con la investigación, contestando preguntas. Este proceso nos ha acarreado a mí y al resto de mis compañeros una serie de perjuicios incalculables e irreparables. Me han quitado seis años de libertad”, remarcó Álvarez. “Ya no tengo, después de 20 años trabajando todos los días y ser un buen policía, mi carrera. Está aniquilada a raíz de este proceso", agregó el ex jefe de la comisaría 7ª, que llegó al juicio acusado por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima e imposición de torturas a persona privada de su libertad seguida de muerte.
Declaraciones similares brindaron otros cuatro agentes que tomaron la palabra. Esteban Silva, quien había sido acusado por el mismo delito que Álvarez, también sostuvo su inocencia. “Estoy acá hace 5 años y medio preso y si hubiera sabido algo y hubiera tenido que decir algo ya lo hubiera dicho antes”, indicó Silva, que también estaba preso desde 2017. “Solo sabemos nosotros lo que es esto. No le echo la culpa a nadie. Es parte del proceso. Pero a mí me arruinaron la vida”, agregó.
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De los ex policías de la comisaría 7ª también optaron por hablar Fernando Sebastián Blanco y Marcelo Guerrero. “Yo no hice nada. A esto no le encuentro explicación. Así y todo estuve a disposición de la Justicia”, dijo Blanco. Mientras que Guerrero dio su punto de vista sobre el desarrollo del juicio: “Le pido a este tribunal que me juzgue en base a las pruebas que se escucharon. La defensa demostró que el delito que juzgan no existió”.
De los agentes que llegaron al juicio en libertad solo accedió a hablar Pablo Síscaro, quien en octubre de 2014 trabajaba en Asuntos Internos y llegó al debate acusado por encubrimiento agravado y con un pedido de condena de la Fiscalía de cinco años y diez meses de prisión. “Tenía mucho por delante y algunos hasta decían que tenía un posible futuro de jefe de policía. Con mi pareja estábamos planificando tener un hijo. Lo postergamos hasta 2020. Hoy tiene tres años y estoy todas las noches con ella. Estoy con ella pero adentro estoy a pedazos”, sostuvo.
La causa Casco comenzó a mediados de octubre de 2014, cuando una familia oriunda de Florencio Varela, conurbano bonaerense, llegó a Rosario para buscar a Franco Casco, entonces de 20 años. El joven había llegado a la ciudad para visitar a unos parientes en el barrio Empalme Graneros y el 6 de octubre avisó a sus padres que quería volver a Buenos Aires, por lo que llegada la noche se tomaría el tren en la estación Rosario Norte. Sin embargo nunca regresó y sus familiares, tanto en Rosario como en Buenos Aires, le perdieron el rastro.
Ramón Casco, su padre, arribó a Rosario dos días después y, en un recorrido por distintos lugares de la ciudad, llegó a la comisaría 7ª de Cafferata al 300. Allí fue atendido por policías que le confirmaron que Franco había estado detenido en esa dependencia, pero que lo habían liberado el mismo día. Nada se supo del joven hasta que el 30 de octubre de aquel año su cadáver apareció en el río Paraná.
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Durante estos años la reconstrucción de lo que ocurrió con Franco Casco estuvo atravesada por dos hipótesis opuestas. Por un lado la Fiscalía Federal y las querellas que representan a familiares de la víctima sostuvieron que el joven había sido detenido el 6 de octubre y alojado en un cuarto de la comisaría 7ª conocido como "la jaulita". Allí, según esta teoría del caso, lo sometieron a torturas que le ocasionaron la muerte para luego arrojarlo al río Paraná y así ocultar su cadáver. Para esta hipótesis fue elemental el testimonio de las personas que habían estado detenidas en esa seccional cuando Casco estuvo detenido.
Esta teoría se opuso a la versión inicial de los hechos, que fue la sostenida por los policías de la comisaría 7ª a partir de actas policiales y declaraciones posteriores en distintas instancias de la investigación. La misma sostenía que Casco no había sido detenido el 6 de octubre sino el 7, luego del llamado de un vecino que había alertado por una persona sospechosa en la zona de la seccional. Según esta teoría Casco fue liberado esa misma noche y por lo tanto los policías en todos estos años aseguraron no tener nada que ver con la muerte del muchacho.
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