Foto: Virginia Benedetto / La Capital
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"Hace 9 años que esperamos la condena", aseguró Ramón, padre de Franco Casco, quien considera que a su hijo "lo agarraron entre todos y le pegaron hasta matarlo". El hombre sostuvo que "la expectativa es que haya una buena condena para todos los culpables y estar más tranquilos en la familia”. Y que Franco pueda al fin "descansar en paz".
Familiares del joven de 20 años hallado muerto en el río Paraná en 2014 y distintas organizaciones nucleadas en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional se dieron cita este martes al mediodía en las inmediaciones de los Tribunales Federales para seguir la lectura de la sentencia en la causa que investiga su desaparición y muerte. “Como desde aquel octubre de 2014, acompañamos a Ramón y a toda la familia de Franco en esta instancia clave para una sociedad más justa, menos violenta y cruel”, precisaron desde las organizaciones en su convocatoria.
"Hoy deberíamos escuchar un veredicto condenatorio", aseguró por su parte Salvador Vera, abogado de la familia.
El juicio por la muerte de Franco Casco llegó a su fin tras 70 audiencias en las que se desarrolló el debate iniciado en diciembre de 2021. En los Tribunales Federales -donde hay un operativo de seguridad en el que participan 300 uniformados- se conocerá la sentencia a 19 policías de la provincia, entre los cuales hay 14 con pedido de pena de prisión perpetua de parte de la Fiscalía. Están acusados de haber participado en la desaparición forzada seguida de muerte del joven que en octubre de 2014 fue hallado sin vida en el río Paraná luego de que se lo viera por última vez en la comisaría 7º, donde estuvo detenido.
A mediados de octubre de 2014 una familia oriunda de Florencio Varela, conurbano bonaerense, llegó a Rosario para buscar Franco Casco. El joven, que entonces tenía 20 años, había llegado a la ciudad para visitar a unos parientes en el barrio Empalme Graneros. Unos días después avisó a sus padres que quería regresar a Buenos Aires, adonde llegaría al amanecer siguiente en un tren que partiría desde la estación Rosario Norte. Sin embargo nunca regresó y, después de días de búsqueda con la única certeza de que había estado detenido en una comisaría, su cadáver apareció el 30 de octubre de aquel año en las aguas del río Paraná.
Hoy 19 policías procesados por la Justicia Federal conocerán el veredicto de una causa que se investigó bajo la carátula de desaparición forzada seguida de muerte. La sentencia la dictará el Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez.
Pasaron 9 años en los que una investigación que comenzó en el fuero provincial como búsqueda de paradero de una persona terminó en los Tribunales Federales con una hipótesis acusatoria que posicionó a 19 uniformados de la provincia como responsables, en distintos grados, de la desaparición y muerte de Casco. En ese marco primero fueron 31 los policías procesados, medida que se tomó teniendo en cuanta el total de personas que trabajaron en la comisaría 7ª y otros que participaron en la pesquisa. Con el paso del tiempo 12 agentes fueron sobreseídos y otros 19 llegaron en diciembre de 2021 a un juicio oral acompañado por un fuerte debate público.
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Es que la reconstrucción de lo que ocurrió con Franco Casco está atravesada por dos hipótesis diametralmente opuestas. Por un lado la Fiscalía Federal y las querellas que representan a familiares de Casco sostienen que el joven fue detenido el 6 de octubre y alojado en un cuarto de la comisaría 7ª, de Cafferata al 300, conocido como "la jaulita". Allí, según esta teoría del caso, lo sometieron a torturas que le ocasionaron la muerte para luego arrojarlo al río Paraná y así ocultar su cadáver. En ese marco la familia de Casco fue acompañada por organismos de derechos humanos de la ciudad, la mayoría de ellas nucleados en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional.
La versión inicial de los hechos, que fue la que los policías de la comisaría 7ª sostuvieron a partir de actas policiales y posteriores declaraciones, es la que asegura que Casco no fue detenido el 6 de octubre sino el 7, luego del llamado de un vecino que alertó por una persona sospechosa en la zona de la seccional. Según esta teoría Casco fue liberado esa misma noche y por lo tanto los policías se desligan de la muerte, conocida el 30 de octubre de aquel año cuando salió a flote el cadáver del muchacho. Desde el año 2017, cuando los policías quedaron detenidos luego de ser indagados, sus familiares formaron la asociación civil "Inocente Colectivo" desde la cual sostienen la inocencia de los acusados.
El 7 de mayo pasado, durante los alegatos de cierre, el fiscal federal Fernando Arrigo solicitó la pena de prisión perpetua para 14 policías: el entonces jefe de la comisaría 7ª, Diego José Álvarez, y los agentes Cecilia Rut Elizabeth Contino, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha, Esteban Daniel Silva, Ramón José Juárez, Romina Anahí Díaz y Franco Luciano Zórzoli.
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A todos los acusó como coautores del delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”. Pero a cuatro de ellos (Álvarez, Contino, Benítez y Blanco) también les endilgó el delito de “imposición a persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad de cualquier clase de tortura seguido de la muerte de la víctima”.
Para otros dos agentes, Belkis Elizabeth González y Rodolfo Jesús Murúa, el fiscal solicitó 14 años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación por ese plazo, por considerarlos partícipes secundarios. Mientras que para los efectivos de Asuntos Internos Pablo Andrés Síscaro y Daniel Augusto Escobar como coautores de encubrimiento agravado. En cuanto al restante, Walter Daniel Ortiz, el acusador solicitó la absolución.
Para la teoría acusatoria la versión policial fue parte del entramado de encubrimiento de la desaparición y muerte de Franco Casco, por lo cual en una causa paralela fue procesado el vecino que declaró en la causa como quien llamó a la comisaría por una persona sospechosa. Se trata de Daniel Crespo, para quien la Fiscalía pidió 3 años de prisión en suspenso por el delito de falso testimonio.
Además de las condenas, el fiscal Arrigo solicitó al tribunal una serie de medidas reparatorias para tomar cuando la sentencia quede firme. En primer lugar requirió que se ordene al Poder Ejecutivo de la provincia que desafecte las instalaciones de la comisaría 7ª para que allí funcione "un centro de atención de víctimas y familiares de violencia institucional". También pidió que la sentencia se incluye como contenido obligatorio en la currícula de formación de policías de la provincia y que se dicten cursos obligatorios al personal actual. Por último requirió que se de publicidad a la sentencia en portales y sitios de difusión pública "con sentido reparatorio y no de repetición".
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