Un panadero de Reconquista fue condenado a 9 años de prisión al término de un juicio oral por abusar sexualmente de su expareja a lo largo de cuatro años entre 2020 y 2024. La pena dictada por el juez a cargo del debate también comprende los delitos de coacciones y amenazas hacia la víctima y por dañar con un palo el auto de la mujer, incidente tras el cual fue detenido. "No son hechos aislados. Esto es violencia de género en su forma más estructural, es un sistema de sometimiento”, planteó la fiscal tras la condena.
El condenado es Jorge Javier Gómez, de 49 años, a quien le impusieron 9 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en un número indeterminado de veces, mediando amenazas contra la víctima; además de coacción agravada por el uso de un arma impropia, daño y amenazas. La pena fue dictada por el juez Gustavo Gon al finalizar un juicio oral y público en los tribunales de Reconquista. El magistrado ordenó además preservar el ADN del acusado para el registro nacional de abusadores sexuales.
La fiscal Georgina Díaz había requerido 10 años de condena mientras que la defensa requirió la absolución por el beneficio de la duda. “El magistrado coincidió con las calificaciones legales que solicitamos en la acusación y en nuestros alegatos, y además impuso una pena solo un año menor a la que habíamos pedido”, remarcó la fiscal tras el fallo. Explicó que toda la prueba producida en el juicio permitió acreditar que los abusos sexuales se reiteraron a lo largo de cuatro años entre 2020 y 2024.
Un relato claro
Según indicó, la víctima relató cada uno de los hechos cometidos por el acusado contra su integridad sexual y sus libertades y “también brindó precisiones acerca de los períodos temporales en los que sufrió los abusos y pudo detallar la situación contextual e intrafamiliar”.
De acuerdo con la representante del Ministerio Público de la Acusación, “la víctima habló de amenazas, coacciones, hostigamiento, cosificación, abusos sexuales y aprovechamiento de la necesidad” e hizo hincapié en que “el relato de la mujer no estuvo solo, porque cada una de sus palabras fueron corroboradas por los testigos que declararon en el juicio”.
Según se ventiló en el juicio, la pareja había iniciado su relación en Intiyaco, unos cien kilómetros al norte de Reconquista, donde formaron una familia con dos hijos antes de trasladarse a la ciudad cabecera del departamento General Obligado. Con el paso del tiempo el vínculo se volvió violento y marcado por el control y la dependencia económica.
Convivencia forzada
En 2020 la mujer decidió poner fin a la relación pero el imputado no lo aceptó. Por escasez de recursos siguieron viviendo en el mismo domicilio, donde Gómez cometió los abusos bajo amenazas de expulsar a la mujer del hogar o matarla si lo dejaba. Ese ciclo finalizó en marzo de 2024, cuando la víctima resolvió volver a Intiyaco con su hijo menor.
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Las amenazas continuaron por vía telefónica hasta que el 21 de ese mes el panadero fue detenido tras destrozar con un palo el auto de la mujer —rompió los vidrios, el parabrisas, la luneta y las ópticas— que estaba estacionado en la calle. Está preso desde entonces.
“Si bien la relación de pareja ya había terminado, la víctima y el condenado vivían en la misma casa”, explicó la fiscal, pero aclaró que “eso ocurría porque él la amenazaba diciéndole que si no aceptaba ser abusada por él la echaría de la vivienda, no la dejaría ver más a sus hijos y la mataría”.
Díaz argumentó que “en una relación de pareja desigual, donde el varón controla los recursos básicos, la exigencia de sexo como condición para vivienda o comida encuadra claramente como violencia sexual y económica”. En tal sentido, la fiscal afirmó que “no son hechos aislados. Esto es violencia de género en su forma más estructural, es un sistema de sometimiento”.
