Estos datos nos permiten efectuar algunas relaciones simples pero muy ilustrativas. Por ejemplo, que el complejo sojero santafesino aportó por retenciones el equivalente a un 149 por ciento de lo que el gobierno provincial obtuvo por impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades comercial, financiera, industrial y servicios, entre otras. Es decir, por cada peso cobrado por ingresos brutos en Santa Fe, la provincia aporto $1,50 sólo en concepto de retenciones.
En igual sentido, su aporte equivale a 33 veces lo que los propietarios pagan por impuesto inmobiliario rural.
La recaudación de retenciones no es distribuida (coparticipada) bajo similares reglas a las aplicadas para el resto de los impuestos nacionales, ya que el Estado nacional se queda con el 70 por ciento de dicha recaudación (en comparación con el 38,89 por ciento que le queda bajo el régimen de coparticipación de impuestos), mientras que distribuye a las provincias sólo un 30 por ciento (en comparación con el 61,11 por ciento que prevé el régimen de coparticipación).
Tal tratamiento diferente en la distribución entre Nación y provincias respecto al criterio de reparto general y consensuado del sistema de coparticipación le implica un menoscabo a todas las provincias, incluida Santa Fe.
Por otra parte, de ese 30 por ciento que el gobierno nacional distribuye entre las provincias, Santa Fe recibe sólo un 8,3 por ciento (siendo que aporta un 58 por ciento a la recaudación nacional), lo que implica un menoscabo adicional que sólo perjudica a nuestra provincia.
Asimismo, hay provincias que no producen soja y aúu así reciben fondos de las retenciones sojeras. Como contracara de ello, a las que producen petróleo lea es de entera exclusividad el total de los derechos por regalías.
Para ponerlo en otras palabras, el menoscabo total que sufre Santa Fe es captado en parte por el Estado nacional y en parte por otras provincias, que reciben más por recaudación de retenciones de lo que contribuyen a la recaudación total del país.
Si los fondos de las retenciones se distribuyeran entre Nación y provincias siguiendo el criterio del régimen de coparticipación y, a su vez, entre provincias con criterio devolutivo según el sacrificio que hacen las respectivas economías regionales a la recaudación nacional, Santa Fe hubiera recibido en los primeros nueve meses del pasado año $18.370 millones, en lugar de los $1.342,2 millones que recibió.
De esa pérdida de recursos por $17.027,8 millones, unos $9.352,1 millones se deben a lo que el Estado nacional mantiene para sí mismo por encima del criterio de coparticipación, mientras que $7.675,7 millones se deben a lo que otras provincias y Caba reciben por encima de lo que aportan a la recaudación nacional.
Retenciones sojeras vs. impuestos provinciales. De comparar los datos que expusimos al principio, también surge que el complejo sojero santafesino aportó al gobierno nacional por retenciones a las exportaciones el equivalente al 118 por ciento de la recaudación total de impuestos de propia jurisdicción de la provincia. Dicho de otro modo, un solo sector económico de Santa Fe aportó al gobierno nacional por un solo gravamen más que el monto total recaudado por el gobierno provincial de todos los contribuyentes santafesinos por todos los impuestos de jurisdicción provincial (ingresos brutos, inmobiliario, patente automotor y sellos). El conjunto de relaciones, además, nos induce a otra conclusión más profunda que permite tener una idea más acabada de las presiones fiscales relativas y del impacto de distintos tipos de gravámenes: si Santa Fe recibiera de las retenciones al complejo sojero una proporción que respetara la distribución primaria del régimen de coparticipación federal y contemplara el sacrificio relativo que hace la producción santafesina para ese recurso, podrían reducirse en un 90 por ciento las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos. En tanto, si sólo se aplicara durante un año dicho criterio de distribución, Santa Fe obtendría el equivalente a 19 años de la recaudación del impuesto inmobiliario rural.
Para el debate. En todo país con distintos niveles de gobierno un Estado nacional soberano coexistiendo con Estados provinciales o regionales y Estados municipales o localeshay tres preguntas clave que definen lo que se denomina "federalismo fiscal".
¿Quién hace qué? Existe una multiplicidad de criterios para la asignación de funciones entre los distintos niveles (cercanía con la población, escala eficiente para la provisión del servicio, garantía de calidad uniforme en todo el territorio, entre otros). De esa definición deviene una estructura del gasto con mayor o menor nivel de descentralización en cada servicio específico. En el caso argentino dicha estructura es claramente descentralizada. Es decir, provincias y municipios prestan mayor cantidad de servicios que la Nación.
¿Quién recauda qué? Existen potestades definidas en la Constitución nacional y también otros tipo de criterios para esta definición. Hay casos donde la potestad constitucional radica en un nivel específico pero por razones de conveniencia, dicho nivel los "delega por tiempo determinado" en otro nivel. En el caso argentino, el perfil ha sido siempre centralizado con una tendencia a profundizar dicha centralización. La Nación concentra la aplicación de la mayor parte de la presión impositiva.
¿Quién financia a quién? Como resultante de los perfiles de gastos y recursos, y teniendo en cuenta que los criterios de asignación de gastos no son los mismos que los de los recursos, es muy probable que haya niveles donde los gastos de las funciones asumidas exceden los recursos recaudados y niveles con la situación inversa. En el caso argentino, las provincias y los municipios presentan la primera situación, mientras que el Estado nacional presenta la segunda. De allí la necesidad de contemplar en la institución "coparticipación", instrumento que Argentina ha elegido desde la década de 1930 y le ha dado rango constitucional en 1994, mecanismos de compensación vertical y horizontal que permitan el desarrollo armónico de todas las provincias del país.
(*) Gonzalo Saglione es licenciado en Economía. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR. Asesor de la Cámara de Diputados. Ex Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe en el periodo 2015/2019. Consultor independiente.
