Proyecto de ley educativa nacional: debates y tensiones

La educación argentina está otra vez frente a un punto de inflexión. El proyecto de ley de libertad educativa presentado por el gobierno nacional abre un debate que supera lo técnico y que toca las fibras más profundas.

A partir de su implementación, se cambiaría el rol del Estado actual, como garante del derecho a la educación y del financiamiento en condiciones de equidad, por un rol subsidiario y compartido de manera complementaria con las familias, a las que reconoce como agentes primarios de educación.

En ese contexto, ¿qué entendemos por libertad?, ¿qué significa igualdad? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias reales -no declamadas- pueden transformar el sistema educativo desde este paradigma?

Comparar esta propuesta con la ley de educación nacional Nº 26.206, aún vigente, no es sólo un ejercicio jurídico, es una lectura política y cultural sobre dos modos de imaginar la escuela: como bien público y derecho social -visión que guía la ley actual- o como un servicio regulado por un Estado más “delgado”, donde las familias asumen un rol protagónico en la definición de trayectorias educativas. Entre esos dos polos, se juega mucho más que una reforma normativa: se juega el sentido de lo común y de lo público como garantía de equidad.

La ley de educación actual parte de un concepto robusto: la educación es un derecho que debe ser garantizado con igualdad y calidad para todos. El Estado se concibe como responsable indelegable de asegurar condiciones de acceso, permanencia y egreso. Esa lógica ha ordenado durante años el sistema, con mayor o menor cumplimiento según las jurisdicciones, pero con un horizonte compartido: nadie debería quedar afuera por su condición ni por su origen social, geográfico o cultural.

El proyecto oficial

Sin embargo, el proyecto oficial de libertad educativa propone un giro. Uno de los grandes ítem es que habilita propuestas educativas con idearios propios -incluidos los religiosos-. Es sorprendente que, de las 720 horas obligatorias, 540 deben ser de contenidos mínimos y las 180 restantes (el 25 %) podrían ser usadas para historia y filosofía de las religiones, por ejemplo, con programas acordados con instituciones religiosas. Una vez más, retrocedemos 150 años en un tema ya clausurado en 1884 con la ley Nº 1.420, primera norma de educación común que garantizaba la laicidad y cerraba un debate histórico.

El núcleo común de contenidos obligatorios planteados por la ley actual y acordado federalmente, garantiza formación ciudadana, derechos humanos, inclusión y laicidad estatal. Esos principios funcionan como piso compartido para toda la población escolar. En cambio, el proyecto actual plantea mantener “contenidos mínimos”, pero deja una amplia libertad para que cada institución diseñe su propuesta. Sin un núcleo fuerte y común, la escuela corre el riesgo de perder su función de cohesión social y puede convertirse en un archipiélago de experiencias inconexas donde la pertenencia colectiva se diluye.

También plantea que, sin eliminar la obligatoriedad escolar, amplía considerablemente las modalidades para cumplirla: educación domiciliaria, homeschooling, experiencias híbridas e incluso la posibilidad de que cada institución cree sus propios planes académicos. En países donde se expandió la enseñanza en el hogar o los sistemas de vouchers, las investigaciones muestran un patrón repetido: la diversidad crece, pero también lo hace la segmentación.

Este proyecto de ley también alienta la publicación de resultados de evaluación por escuela, hecho que podría llevarlas a la estigmatización. Para muchos, eso representa un paso hacia la transparencia; pero puede significar una puerta abierta a la fragmentación y la desigualdad.

Interrogante clave

La pregunta clave es: ¿quién se beneficia realmente con esta transformación? A su vez, ¿es necesaria? La flexibilidad educativa puede ser un motor de innovación, pero también puede profundizar brechas. Si el acompañamiento familiar es determinante para sostener trayectorias, ¿qué ocurre con estudiantes cuyos hogares enfrentan jornadas laborales extensas, bajos niveles educativos o contextos de vulnerabilidad económica? ¿Quién garantiza la calidad, la presencia de adultos responsables, la perspectiva de género en modalidades domiciliarias donde no hay vínculos institucionales cotidianos?

En un marco de desigualdad estructural es muy difícil darles a las familias la “libertad de elegir”, no todas las familias pueden elegir del mismo modo, lo harán en función de sus condiciones y de las posibilidades que encuentren. Entonces, la libertad sin igualdad y equidad se transforma en privilegio.

Sin embargo, hay elementos del proyecto que podrían ser tomados en cuenta. La autonomía institucional puede generar experiencias innovadoras y creativas si se les permite llevarlas a cabo; las evaluaciones más frecuentes pueden ofrecer información valiosa para intervenir antes de que sea tarde y la educación híbrida, bien regulada, puede ampliar oportunidades en zonas rurales o en contextos sin movilidad para llegar a la institución educativa. Pero esos avances requieren más que voluntad: necesitan recursos, supervisión, formación docente y políticas de equidad que compensen las desigualdades estructurales que atraviesan al país.

Por eso, más que rechazar o aceptar la propuesta en bloque, el debate debería centrarse en su implementación. Una libertad educativa sin un sistema robusto de controles, sin protocolos de protección y sin financiamiento diferenciado para sectores vulnerados es una invitación a que las desigualdades se profundicen. Pero una política que combine autonomía con responsabilidad, innovación con regulación y libertad con justicia educativa podría abrir caminos valiosos. El tema es que nada de esto está explicitado.

La educación es un territorio donde se definen las oportunidades vitales de millones de niñas y niños: por lo tanto, merece una conversación seria, con evidencias, sin consignas fáciles ni promesas simplistas.

La pregunta obligada no es si queremos más libertad o más Estado, la cuestión es qué tipo de libertad queremos construir: una libertad que habilite proyectos sin reproducir privilegios o una libertad que se transforme en un espejo de las desigualdades preexistentes, donde el que menos tiene quede en el camino. La democracia se fortalece cuando la escuela sigue siendo un espacio común donde se aprenden, además de saberes, valores compartidos: respeto, justicia, igualdad de derechos, diversidad cultural, perspectiva de género. Nada de eso puede quedar librado al azar.

El desafío es grande y urgente. La oportunidad, también. Ojalá este debate no quede atrapado en eslóganes sino que se transforme en una conversación profunda sobre el futuro educativo del país. Porque las leyes pueden cambiar, pero lo que está en juego es más trascendente, es la posibilidad de garantizar, para cada niña, niño y adolescente una libertad que no excluya y una igualdad que no uniformice. Una educación que sea, a la vez, diversa y justa.