De hecho, el controvertido mensaje de la jefa del Senado fue fijado en esa red social, a modo de única y desafiante respuesta a una movida tendiente a suavizar la previa del próximo desembarco del mandatario argentino en territorio galo para participar de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Karina —quien potencia su poder en el gabinete— y Victoria, protagonistas de una puja sin intervalo en el oficialismo.
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También quedó claro en los últimos días que en la galaxia oficialista los satélites deben orbitar tres planetas: el presidente, su hermana y el influyente Santiago Caputo. De ellos depende el margen de autonomía del resto. Ejemplos abundan: Julio Garro fue eyectado de la Subsecretaría de Deportes por presunción de tibieza ideológica frente al affaire con Francia. Y hasta asesores y referentes del establishment, como el consultor Fausto Spotorno y el empresario textil Teddy Karagozian, fueron desalojados del círculo de confianza de Milei por objetar al ministro de Economía, Luis Caputo, la única estrella no libertaria del staff.
La estadística refleja que, en tan solo siete meses de gestión, casi 60 integrantes del gobierno nacional atravesaron la puerta de salida. En ese marco, el acierto más palpable respecto del aporte de racionalidad que la gestión libertaria venía necesitando fue el ascenso de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete.
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Sin embargo, la mano firme del Ejecutivo con los díscolos, o aquellos proclives a ensayar una autocrítica, contrasta con la mesura adoptada frente a los seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad y detenidos en el penal de Ezeiza (“No lo hubiera hecho, es voluntad de ellos”, aseveró Milei).
En ese sentido, el profesor de Derecho Político y Constitucional Oscar Blando aportó algo de luz al debate. “Más allá de discusiones reglamentarias sobre corrección o exclusión de esos diputados, el tema es político: depende de las oposiciones si sancionan, o por lo menos repudian, o si contribuyen al deterioro del pacto democrático del Nunca Más”, graficó.
Consumada la firma del Pacto de Mayo, el marco de conformación del consejo que deberá articular el decálogo de iniciativas propiciadas por la Casa Rosada sigue sin entusiasmar a los gobernadores, más enfocados en el orden doméstico en un contexto de crisis general. Solo resalta el acuerdo entre Milei y el alcalde porteño, Jorge Macri, que estipula la reposición del porcentaje de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, desde agosto, y la continuidad de las tratativas sobre la deuda en el campo de la Corte Suprema de Justicia nacional.
Otro escenario
En Santa Fe, el oficialismo opta por priorizar la armonía como garantía de eficiencia: como adelantó La Capital, las conducciones de los partidos que integran Unidos se reunirán el martes próximo en Rosario para analizar la marcha de la gestión de Pullaro y retos inmediatos como las reformas previsional (que también abonará el terreno para una inminente actualización de la Justicia) y constitucional.
A la par del consenso interno acerca de la necesidad de ponerle un freno al millonario déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina, en el entorno del jefe de la Casa Gris destacaron a este diario el guiño de gremios estatales y legisladores de la oposición, más allá de que luego no quede expresado en los posicionamientos públicos o parlamentarios. “Hay que sanear el sistema previsional y, al mismo tiempo, hacer justicia”, argumentaron.
Las coincidencias básicas entre los actores que tallan en la discusión es que la Caja debe continuar en el Estado provincial, al igual que el beneficio del 82 por ciento móvil. También que el Ejecutivo refuerce el reclamo ante la Nación por la deuda histórica (ya toca los 800.000 millones de pesos), su actualización y el regreso de las remisiones mensuales.
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Se vienen las últimas dos semanas de trabajo de la comisión multisectorial que elevará un informe —no vinculante— sobre la potencial reforma previsional.
Foto: Archivo / La Capital.
Por lo pronto, la Gobernación ajusta una nueva demanda ante la Corte Suprema nacional por el DNU Nº 280 de Milei que eliminó los adelantos mensuales a cuenta de un déficit que Balcarce 50 se comprometió a cubrir.
La apuesta oficial es que haya progresividad en los aportes —los tres poderes serán los mayores— y un tope para los beneficios más elevados. También terminar con la compra de años vía moratorias nacionales o fórmulas como el 2x1 que posibilitan el adelantamiento de la jubilación y conservar, aunque con retoques, los regímenes especiales.
También se pretende definir un nuevo tope a implementar por beneficiario y no por cada beneficio. El objetivo: evitar que alguien cobre una jubilación y, al mismo tiempo, perciba una pensión, en el caso de una pareja en la que ambos hayan aportado a la Caja santafesina.
Asimismo, tomando que parámetro el crecimiento de la expectativa de vida, se procurará equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres. La idea es dejarla, de modo progresivo, en los 65 años.
En la provincia, el oficialismo opta por priorizar la armonía como garantía de eficiencia" En la provincia, el oficialismo opta por priorizar la armonía como garantía de eficiencia"
Se vienen ahora las últimas dos semanas de trabajo de la comisión multisectorial que elevará un informe —no vinculante— sobre la potencial reforma previsional. La administración de Pullaro quiere enviar un proyecto a la Legislatura a mediados de agosto para sancionarlo ese mismo mes, o a más tardar en septiembre, y activar a fin de año la nueva estructura de la Caja.
Aunque los topes en las jubilaciones y pensiones, que afectarán mayormente a la Justicia, también son parte del amplio refresh de ese servicio, incluida la Corte Suprema provincial, que fogonea Pullaro.
Cinco de los actuales seis miembros del alto tribunal superan los 75 años, la edad más alta que determina la Constitución Argentina. El rosarino Mario Netri (82) se retirará en noviembre. La Casa Gris aguarda que otros tres o cuatro hagan lo propio antes que concluya 2024. Y, al menos por el momento, por obra y gracia del consenso.
Paralelamente, ya se pautó una autonomía superior para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y un nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura, entre otras medidas.
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Pero hay más: los fideicomisos y las sociedades comerciales estarán ahora bajo control del Ejecutivo. El Registro Público de Comercio quedará a cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) para ampliar el rango del combate al delito complejo.
En esa línea, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) viene de tomar posesión de varios inmuebles decomisados a las dos principales bandas en pugna por el narcomenudeo en Rosario y, en su mayoría, a subastar en público.
Párrafo aparte para una situación llamativa detectada por la administración de Unidos: la Justicia había avisado al Ejecutivo a fines de 2022 que esos bienes estaban a disposición de la Aprad, pero la gestión que encabezó Omar Perotti no produjo avance alguno.
Asimismo, la Casa Gris remitirá en los próximos días a la Legislatura un proyecto que busca otorgarles la potestad de Registro Civil a todos los Juzgados Comunitarios de Pequeñas Causas de la provincia.
Sin pausa
Consumada la reforma previsional, llegará la hora de tratar las eventuales enmiendas a la Constitución santafesina. Entre agosto y septiembre Unidos podría alumbrar un texto base, que luego irá a manos del peronismo y las demás fuerzas de la oposición para su estudio.
En ese contexto cobra fuerza la probable separación de las elecciones locales de las parlamentarias a nivel nacional en 2025. Entre otros factores, si la Legislatura habilita la reforma constitucional, habrá que votar convencionales el mismo día de los comicios provinciales.
