“No sé cuál es el delito por el que yo estoy detenido desde hace 20 días y quiero aclarar que mi inocencia está escrita, y tengo la documentación que la avala. Estoy preso por hacer mi trabajo. Asumo el riesgo de que, después de esta nota, sea enviado a otras condiciones de detención”, dijo el sargento Gabriel Godoy, uno de los cinco policías imputados y detenidos por encubrimiento en el marco de la causa por el homicidio y desaparición de Paula Perassi. El funcionario fue el primero en intervenir en la investigación, de la que fue apartado a los 10 días de radicada la denuncia por averiguación de paradero de la joven madre sanlorencina, cuyos restos son buscados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una cava en las cercanías de Puerto San Martín.
El policía hoy está privado de la libertad en la comisaría de Roldán, mientras el juez sanlorencino Juan José Tutau evalúa su situación procesal. En este sentido el abogado defensor del funcionario, Paul Krupnik, radicó un pedido de pronto despacho, por entender que hubo un “error técnico” en la imputación y el pedido de detención formulados por los fiscales Román Moscetta y Donato Trotta. El apuro también se debe a los rumores, provenientes desde el propio seno de los Tribunales, de que “no habría ninguna novedad hasta después de las elecciones del 14 de junio”, reveló el penalista (ver página 30).
Apartado. Paula Perassi desapareció el 18 de septiembre de 2011, cuando Godoy se desempeñaba como efectivo de la brigada de calle dentro de la Agrupación de Unidades Especiales. Fue él quien se encargó de las actuaciones en los primeros 10 días de investigación, hasta que se lo desvinculó. Las operaciones pasaron de la comisaría 1ª a tener sede en la propia secretaría privada de la Jefatura y quedaron a cargo de dos oficiales: Aldo G. y María José G (ambos también imputados hoy por encubrimiento y detenidos). “Por ese entonces el caso ya había tomado estado de prensa y mi jefe regional me explicó que iba a poner al frente a dos oficiales por la repercusión que había tomado todo esto, para que cuando los periodistas quisieran venir a preguntar o saber algo los atendieran ellos y no yo, que era un sargento. No fue por otra cosa. Después perdí contacto, no hablé más con el juez y no puedo contestar lo que pasó luego porque no estuve”, se defendió el acusado.
Sobre su gestión en esos primeros días de investigación, Godoy considera que “nadie en el ámbito de la policía de la provincia ha hecho lo que yo hice por esta causa, porque nadie por una averiguación de paradero hace lo que hice yo”. Y recordó que tras la denuncia de Rodolfo Ortiz (marido de la víctima) por la desaparición, se presentó ante la comisaría 1ª de San Lorenzo Alberto, el padre de la joven, quien declaró que un amigo de la familia, Gabriel Strumia —luego se comprobó que éste era amante de la joven, supuesto padre del hijo que ésta esperaba, y hoy está imputado como autor de su homicidio y detenido—, había recibido un mensaje de texto en su teléfono, “como si fuera de Paula, dando aviso que se dirigía hacia la provincia de San Juan y que no la molestaran”, contó el sargento.
El 20 de septiembre, dos días después de la denuncia, “yo, desde mi Nextel, me comuniqué con Strumia para que se presente en la sede de la AUE para prestar declaración testimonial que se le tomó, bajo juramento, el día 22 ,y donde dijo que hacía 10 días que no veía a Paula, lo cual me di cuenta que era mentira porque en un listado de llamadas salientes del celular de ella que ya teníamos en nuestro poder había un montón de llamadas al teléfono de él, el mismo día 18, 17 y anteriores. Así se lo manifesté al juez (Eduardo) Filocco, quien ordenó un allanamiento en el domicilio de Strumia para buscar el celular de donde se mandó ese automensaje, para despistar. El operativo dio negativo y luego se lo liberó”.
A punto de confesar. Fue en esa primera declaración testimonial en la que “Strumia, que se mostraba muy apagado, estuvo a punto de confesar: estuve hablándolo durante horas, había momentos en que se quebraba y luego daba marcha atrás. Hasta que en un momento dijo: «Yo voy a contar la verdad». Le dije: «Eso es lo que yo quiero», y sin querer lo interrumpí (se lamentó). Tomó aire y salió con cualquier otra cosa. Conmigo no reconoció que tenía algo que ver con Paula. El juez lo sabe a esto y el fiscal también”, remarcó el policía.
“Estoy en Investigaciones desde el 2004. Para 2011 tenía un montón de circunstancias y hechos «en el lomo». No era un improvisado y me daba cuenta de que este hombre mentía. Luego, cuando le tomé la declaración informativa ya estaba asesorado por una abogada, y se quedó callado. Y si uno se queda callado es porque tiene algo que ver. Así se lo dije a Alberto Perassi, con quien por esos días hablaba tres veces por día. Le contaba todo lo que estaba sucediendo y yo tenía la esperanza de que la hija estuviera viva, pero cuando vi que esto venía mal, yo mismo le dije que acudiera a la prensa”, resaltó Godoy.
Contra el fiscal. Godoy cuestionó el accionar en el caso de la Fiscalía, al adjudicarse que “la constatación con una médica del Sanatorio Británico de Rosario de que Paula Perassi estaba embarazada y la hipótesis de que Strumia se había autoenviado el mensaje de texto la establecí yo. Es la misma hipótesis que el fiscal Moscetta postula a tres años y siete meses del hecho, siendo que yo la deduje en cuatro días, con 14 horas por jornada abocado al esclarecimiento del caso, y en permanente contacto directo con el juez Eduardo Filocco, con el conocimiento de mis superiores. Este fiscal que pidió mi detención es el mismo que estaba a cargo por entonces, y de quien no recibí orden ni llamado alguno en los 10 días que actué, siendo que él tomó conocimiento del caso el lunes 19 de septiembre de 2011”.
Además de Godoy, desde el 20 de abril hay otros cuatro policías imputados y detenidos por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación: Aldo G., María José G., Jorge K. y Daniel P. También están privados de la libertad Gabriel Strumia (apuntado como autor del homicidio y posterior desaparición del cuerpo), Roxana M. (considerada como partícipe del plan criminal al esgrimir coartadas), además de Mirta R., quien habría practicado un aborto clandestino a la víctima.
Según la investigación de la Fiscalía, el día anterior a su desaparición, Paula se iba a realizar un aborto con un médico en Rosario, que no se hizo por una supuesta afección que le ocasionaría hemorragias. Se presume que, ante su negativa a perder al bebé, fue obligarla rápidamente a realizarse la interrupción del embarazo, con el fatal desenlace. Hasta aquí la primera etapa del crimen. La segunda, es la desaparición del cuerpo y la distorsión de los hechos para desviar la investigación, lo cual para la los fiscales es imposible sin la participación de los policías acusados.
