Las acciones comenzaron en 2012, pero debían estar en terrenos fiscales. La ley de microtráfico ampara las acciones por extinción de dominio o estado antijurídico. Se destruyeron búnkeres usados por peligrosas bandas; entre ellas las de Funes y Fran Riquelme.
Por Claudio Berón
Foto: Virginia Benedetto/ La Capital
El último búnker derribado, atribuido al clan Funes, en Derqui al 7200
Más de 20 búnkeres de acopio de estupefacientes han sido derribados en el sur provincial. Si bien las acciones comenzaron en 2012, hasta la ley de microtráfico las edificaciones afectadas debían estar sobre terrenos fiscales. Pero este año, y a partir de la sanción de la norma, se voltearon viviendas y quioscos usados por peligrosas bandas, entre ellas, las de Funes y Fran Riquielme.
En los barrios de Rosario los mismos vecinos iniciaron en junio de 2012 la acción de derrumbar propiedades usadas como búnkeres de drogas. El 20 de junio “Maxi”, un soldadito que custodiaba un reducto narco en Uruguay y Felipe Moré en la Vía Honda, asesinó a balazos a César Oviedo, un carrero del barrio de 34 años quien vivía a 30 metros del punto de venta. Pasaron minutos hasta que los propios vecinos persiguieron al asesino sin poder capturarlo pero comenzaron a demoler el lugar. Pocas horas más tarde una topadora municipal completó la tarea. Así comenzó la historia del derrumbe de puntos de venta de droga en la ciudad con participación estatal. En ese momento, lo que habilitó el derrumbe fue que los lugares estaban enclavados en terrenos fiscales, según el secretario de Seguridad de aquel entonces, Angel Ruani, y en el gobierno de Antonio Bonfatti la decisión fue política y no generó mayores problemas.
Pasados los años y en enero de este 2024, ya con la ley de ley de microtráfico promulgada por la Legislatura de la provincia de Santa Fe, sancionada el 20 de diciembre de 2023, y que que dispuso adherir al artículo 34 de la ley nacional Nº 23.737(estupefacientes) se logró que el fuero provincial asumiera su competencia para investigar y sancionar los delitos por drogas. De esa norma se desprendió un hecho correlativo: la extinción de dominio sobre bienes injustificados y propiedades dio paso al pedido de distintos fiscales para proceder al derrumbe de propiedades consideradas búnkeres bajo la figura de estado antijurídico o extinción.
El procedimiento se activa mediante una acción civil. Un fiscal puede iniciar una demanda, amparada en institutos jurídicos nacionales, para que un magistrado defina si se probó o no el origen legítimo de los bienes. Distintas medidas en este sentido fueron solicitadas por el fiscal Franco Carbone, del Equipo de Microtrafico de la Fiscalía General.
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Así, el 11 de enero pasado las propiedades usadas como búnkeres que fueron derrumbados estaban en Felipe Moré 612 bis y Felipe Moré 600 bis –ambas atribuidas a Francisco “Fran” Riquelme, un conocido narco barrial de zona sur– y otra en Ayacucho al 4300; otra en Biedma 255 y la última en Necochea e Ivanowski. Riquelme está detenido en el penal de Marcos Paz y fue acusado de ordenar desde ese penal federal atentados contra la comisaría 19ª y contra la escuela Paulo VI. El día en que se voltearon los búnkeres atribuidos a Riquelme, el ministro Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que era “la primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta de la ley de microtráfico”.
El 23 de mayo se derribaron tres búnkeres en Parque Casas: en Leonardo Fabio y Pizzurno, Cavia y Larrechea, y por último en el cruce de Cavia y Ghiraldo. En las inmediaciones de estos enclaves de terror se sucedieron los homicidios de Leonardo Rodrigo Contreras, de 23 años; Daniel Pacheco, de 22, y Claudio Barrionuevo de 34. Una vez detectados los lugares y cómo funcionaba cada una de las bandas que operan en la zona, se realizaron allanamientos en Leonardo Fabio y Pizzurno, Cavia y Larrechea, y por último en el cruce de Cavia y Ghiraldo. Los búnkeres fueron derribados y abandonados, hasta que a principios de julio efectivos federales limpiaron el lugar y hoy solo se aprecian terrenos baldíos.
En el caso de Parque Casas el fiscal regional Matías Merlo sostuvo que los allanamientos estuvieron ligados a la aplicación de la ley de microtráfico: “Estos hechos están enmarcados en una lucha por territorio de bandas criminales de esta zona, de los cuales en medio de una semana se sucedieron los homicidios".
El 8 de julio pasado fue derribado un kiosco en Biedma al 2800 que funcionaba como puesto de venta de estupefacientes y estaba relacionado al clan Cantero. Había sido una almacén. “Aquí funcionaba la venta de drogas al menudeo desde hacía al menos cuatro años y también aquí se asesinó a una persona", dijeron. El lugar era ocupado por Brenda Barbosa, pareja de Nelson 'Pandu' Aguirre. "Esa gente se la vendió con un boleto irregular a una policía que acaba de entregar la casa, la semana anterior", indicó sobre quien vivía en el lugar. Allí vivía Yamila M. la ex suboficial de policía que era pareja de un integrante de la banda de los Monos, a esta mujer no se le encontró material relacionado con la actividad ilegal”, manifestaron entonces fuentes vinculadas a la investigación.
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En esta última semana de julio el búnker derribado fue una propiedad de Derqui al 7500. En este caso Carbone detalló que al allanar ese lugar se encontraron “Unos 5.000 dólares y tenemos muchos reportes de incidencia de violencia altamente lesivas en este lugar. Son tres los inmuebles allanados; encontramos una pistola calibre 9 milìmetros; más de 400 municiones, 250 bochitas de cocaína listas para la venta y 50 gramos en un trozo de cocaína que aún no había sido fraccionado. Fue una intervención exitosa”, detallaron.
Los fiscales atribuyeron la propiedad del lugar a la organización criminal dirigida por Alan Funes y su novia Leila Schmitt, conocido por sus vínculos con el tráfico de drogas y distintos asesinatos.
Durante la audiencia imputativa a la mujer detenida en ese búnker, Aylén Adriana C., de 28 años, por comercialización de drogas y tenencia de armas, el fiscal Franco Carbone pidió la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, dos años, y la jueza Silvia Castelli dispuso al prisión. además el fiscal pidió el estado antijurídico del inmueble y la jueza lo otorgó. Según datos oficiales con el derribo de estos búnkeres de venta de drogas se han destruido más de treinta propiedades en el sur provincial desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.
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