Villa Gobernador Gálvez y la nueva Ley de Municipalidades: un puente hacia la modernización institucional

por Edgardo D. Violante. Lic. en Ciencia Política de la UNR. Ex Secretario del Concejo Deliberante de Villa Gdor. Gálvez.

La provincia de Santa Fe ha dado un paso histórico al derogar la vieja Ley de Municipios de 1939 y reemplazarla por una nueva. Para la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, este cambio no es solo un trámite administrativo, es la apertura de un nuevo paradigma de autonomía y gestión.

Sin embargo, en el marco de la reciente reforma constitucional de la Provincia de Santa Fe, nuestra ciudad se encuentra ante la oportunidad —y el desafío— de redefinir su identidad política y social a través de la redacción de una Carta Orgánica.

La nueva ley representa un puente, necesario y oportuno, entre la actual organización institucional y la que dará la futura Carta Orgánica; convirtiéndose también en un elemento basal y un buen insumo para la elaboración de esta última.

Según la última medición censal (año 2022) la ciudad se ubica, de acuerdo a la flamante ley, en el rango que va de los 80.000 a los 150.000 habitantes. Esto impacta directamente en la composición del Concejo Deliberante, que pasará de 10 a 11 miembros. De todas formas el cuerpo legislativo tiene la potestad, mediante una ordenanza, de no incorporar esa banca extra para las elecciones del 2027; de lo contrario, el ajuste será automático.

Si bien el monopolio de la fuerza pública permanece, acertadamente, en manos de la Provincia para evitar fragmentaciones, la ley empodera al municipio para llevar a cabo acciones de seguridad comunitaria. El monitoreo y la vigilancia dejan de ser asuntos accesorios para ser parte central de la política local de convivencia urbana.

En paralelo, surge la posibilidad de un compromiso inédito: la educación inicial desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad. El Municipio podrá tener un rol activo en la formación temprana, transformando la asistencia educativa en una política pública. Cabe mencionar que ello es una tendencia creciente en los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel provincial (la ciudad de Venado Tuerto representa un buen ejemplo en la materia).

Como novedad la nueva normativa promueve que, por una ordenanza, se garantice el ingreso a la administración pública municipal por concurso público; asegurando también la estabilidad, el escalafón y la carrera administrativa de los trabajadores municipales, siempre respetando los criterios de idoneidad y de igualdad.

Con la nueva legislación, la municipalidad deberá crear un organismo o sistema de control; el cual se encargará de revisar la rendición de cuentas de los fondos públicos. Examinará, tanto al Departamento Ejecutivo, como al Concejo Deliberante.

El rol central de la ciudadanía

Quizás el avance más disruptivo sea el despliegue de herramientas de democracia directa. La nueva normativa no solo convoca al ciudadano a votar cada dos años, sino a involucrarse permanentemente. En tal sentido, con la Iniciativa Popular todos los ciudadanos podrán presentar proyectos de ordenanza, teniendo incidencia en la creación de políticas públicas. Mediante el Referéndum el Concejo podrá poner a votación la sanción, reforma o derogación de ordenanzas. Aquí el voto es obligatorio y el resultado es vinculante con la participación de (al menos) el 35 % de los electores. Con la Consulta Popular el Intendente y el Concejo pueden convocar a la población a opinar sobre asuntos de interés común. En ella el voto es optativo y el resultado no es vinculante. Por medio de la Revocatoria de Mandato, los ciudadanos, ante faltas graves, pueden destituir a los funcionarios electivos. Para iniciarla se necesita el aval del 40 % del padrón; haciéndose efectiva con el voto de la mayoría. Con las Audiencias Públicas: el Intendente y el Concejo podrán invitar a la población a debatir sobre asuntos de interés general. Vale mencionar que actualmente la ciudad cuenta con una ordenanza que establece este mecanismo. Finalmente, con el Presupuesto Participativo, el municipio podrá, por ordenanza, definir los parámetros para su implementación.

La nueva Ley de Municipalidades no es el final del camino para Villa Gobernador Gálvez, sino el punto de partida para que la dirigencia local y la sociedad se sienten a escribir, por primera vez, su propia hoja de ruta hacia el futuro.