Por Jorgelina Hiba
La agrupación Paren de Fumigarnos y los diputados provinciales por el Frente Social y Popular (FSP) Carlos Del Frade y Mercedes Meier participaron de un "relanzamiento" del proyecto de ley de fomento a la agroecología, presentada en 2015 por el entonces legislador José Tessa y que está cerca de perder estado parlamentario si no se apura su tratamiento.
El objetivo del proyecto es fomentar la producción agroecológica de alimentos "para garantizar el derecho a la alimentación saludable, sustentable y variada en toda la población de la provincia de Santa Fe, mediante la promoción, la capacitación, el incentivo y la regulación de las prácticas productivas sustentables", explicaron los legisladores.
De Frade dijo que a pedido del Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat) y del "Paren" pedirán que se vuelva a debatir el proyecto de fomento a la agroecología, entendiendo que eso significa que los productores puedan disponer de un espacio libre de agroquímicos donde desarrollar una agricultura sustentable y saludable que pueda suministrar productos "de mejor calidad y mejores precios a las comunidades cercanas".
"Es algo que no sólo tiene que ver con el campo, sino también con la posibilidad de ampliar estas prácticas en la agricultura urbana, dentro de las ciudades", dijo el legislador, quien explicó que por eso la ley contempla un capítulo vinculado con educación en agroecología en los niveles de primaria, secundaria y terciaria.
El debate sobre la necesidad de iniciar una transición de los modelos productivos hacia formas más respetuosas con el ambiente y la salud humana ocurre en simultáneo con el tratamiento de una nueva ley de límites a las fumigaciones, la llamada ley Bertero, muy resistida por las organizaciones ambientalistas por pretender acortar las distancias entre las fumigaciones y las poblaciones.
Carlos Manessi, del Cepronat, destacó que el proyecto "está pensado como una herramienta que acompaña el de agrotóxicos, porque planteamos 800/1.000 metros libre de fumigación alrededor de cada pueblo y la agroecología puede llenar esa franja".
"Hay pruebas fehacientes en la Argentina de producción agroecológica a gran escala y los resultados económicos y de producción son superiores a la agricultura tóxica, incluso el Inta está trabajando en eso, porque hay muchos factores que nos ayudan a pensar que es posible transitar un camino hacia una agricultura sin veneno", dijo Manessi.
Juicio en Corrientes. Los riesgos para la salud que implica el uso indiscriminado de agroquímicos tendrá un capítulo judicial clave en noviembre próximo, ya que el Tribunal Oral Penal de Goya confirmó que entre el 21 y 25 de ese mes se hará el primer juicio en el país por homicidio con agrotóxicos.
Se trata de un caso por intoxicación con el insecticida Endosulfan abierto ante la muerte del niño Santiago Nicolás Arévalo, el 4 de abril de 2011, juicio del cual participarán 19 testigos según dijo la Unión de Asambleas Ciudadanas.
La fecha fue confirmada por el Tribunal Penal Oral de Goya a la familia querellante al igual que la convocatoria al juicio para que declaren 19 testigos del hecho.
Arévalo tenía cuatro años y falleció en el hospital Pediátrico Juan Pablo II a donde llegó en gravísimo estado derivado desde el Hospital zonal de Goya por fuertes dolores en todo el cuerpo y vómitos.
Era oriundo de Lavalle, un pueblo de tres mil habitantes situado a 10 kilómetros de Goya, la segunda ciudad en importancia de Corrientes. La zona rural llega hasta el frente de la casa la familia Arévalo, lindante con una chacra ubicada en el paraje Puerto Viejo.
Nicolás presentó un cuadro de intoxicación que habría sido provocado por el uso indebido de un plaguicida altamente peligroso en una chacra ubicada en el paraje Puerto Viejo. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue por intoxicación con el insecticida Endosulfan.
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