Denuncian abandono y repudian vandalismo en la Quinta de Funes

Vecinos, organizaciones y referentes de Derechos Humanos denuncian que la Quinta de Funes, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención en la última dictadura cívico militar, se encuentra totalmente abandonada e incluso fue vandalizado. Si bien el gobierno provincial propuso en 2017 transformarla en un espacio de “educación y cultura”, nunca se avanzó con medidas concretas y el edificio se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.

Alicia Gutiérrez, directora general Derechos Humanos y Memoria de la Municipalidad de Rosario, repudió la situación a través de su cuenta de Twitter, donde otros usuarios se sumaron expresando su preocupación.

“Me causa mucha indignación. No solamente como familiar, sino porque allí estuvieron catorce compañeros y compañeras de militancia. Para mí es muy simbólico ese lugar, como lo son todos esos lugares”, aseguró en diálogo con La Capital.

Gutiérrez repudió la vandalización y recordó que “esa casa fue entregada en buen estado, había que hacerle mantenimiento y pintura”. Apuntó que “ni el anterior gobierno ni el actual decidieron qué se iba a hacer en el lugar” y que se realizaron numerosas propuestas.

La Quinta de Funes, ubicada en el cruce de la ruta nacional 9 y diagonal San José, fue utilizada como espacio de secuestro de 16 personas entre septiembre de 1977 y enero de 1978, cuando el jefe del II Cuerpo del Ejército era Leopoldo Galtieri. Fue uno de los cinco centros que formaron parte del circuito represivo bajo el mando operacional del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, comandado durante la dictadura cívico militar por el coronel Pascual Oscar Guerrieri. En 2016 el espacio fue designado "Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado".

El movimiento Unidad Popular de Funes también se expresó al respecto. “Los responsables no hacen nada por cuidar el patrimonio histórico y material que tanto nos costó conseguir”, señalaron a través de un comunicado. Resaltan que su expropiación, aprobada en 2016 por el Senado santafesino, fue “resultado de una lucha colectiva de organizaciones y militantes, de acuerdos a los que se llegó partiendo de muchas de diferencias y de pequeños pasos que se hicieron a fines de los 90”.

Este grupo busca responsables y pide al gobierno provincial y las área involucradas que “no ignoren ni desatiendan la necesidad de protegerla y convertirla en espacio público”.

Además, consideran primordial que se controle la seguridad y el estado del inmueble, “sin el cual es imposible pensar y proyectar un uso comunitario y compartido”.