El reclamo por el estado de las rutas nacionales en Santa Fe sumó en los últimos nuevamente las voces desde la Legislatura provincial. A las advertencias que viene sosteniendo la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, se sumó el planteo del senador por San Martín, Esteban Motta, quien desde Agroactiva puso el foco en la falta de retorno de los recursos que recauda la Nación, en un contexto donde la falta de infraestructura aparece como una de las principales limitantes para el desarrollo productivo.
Di Gregorio volvió a poner en agenda el deterioro de las trazas que atraviesan el sur santafesino y cuestionó el destino del impuesto a los combustibles líquidos. Según explicó, cerca del 16% del valor de cada carga corresponde a ese tributo, que fue creado, entre otros fines, para el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial.
Los fondos no están llegando
La legisladora sostuvo que la situación de rutas como la nacional 8, la 7 y la 33 evidencia que esos fondos “no están llegando donde deberían”. En ese marco, recordó que el planteo fue elevado formalmente ante funcionarios nacionales, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Los argentinos pagamos este impuesto cada vez que cargamos combustible, pero cuando salimos a la ruta nos encontramos con calzadas destruidas, banquinas abandonadas y una falta total de mantenimiento. Es una situación que no puede seguir naturalizándose”, sostuvo.
Falta de previsibilidad
El cuestionamiento no se limita solamente al estado actual de las rutas, sino también a la falta de previsibilidad sobre futuras inversiones.
En ese sentido, Di Gregorio advirtió que existe una expectativa sobredimensionada en torno al impacto inmediato de las concesiones viales y la instalación de nuevos peajes. Según explicó, en los cuatro corredores que atraviesan el departamento General López está prevista la incorporación de estaciones, pero eso no implica que las obras de reconstrucción se concreten en el corto plazo.
Por el contrario, consideró que en una primera etapa los concesionarios apenas podrán garantizar tareas básicas de mantenimiento y atención de emergencias, una situación que deja en evidencia el nivel de deterioro acumulado. “No estamos hablando de una obra nueva ni de un proyecto a futuro. Estamos hablando de rutas que hoy representan un riesgo para quienes las transitan todos los días”, afirmó.
Rutas del centro provincial
Desde otra región productiva clave, Motta coincidió en el diagnóstico y amplió el análisis al esquema impositivo general que pesa sobre el interior. Durante su participación en Agroactiva 2026, remarcó que el problema de la infraestructura no puede separarse de la estructura fiscal y de la ausencia de políticas de largo plazo para el sector agropecuario.
Al referirse a la ruta nacional 34, que atraviesa su departamento, planteó que no existe correlación entre lo que la Nación recauda y lo que invierte en obras.
“El año pasado se recaudaron 35.000 millones de dólares del impuesto a los combustibles. Es el equivalente a 3.500.000 kilómetros de ruta. La 34, de punta a punta, tiene 1.500 kilómetros. Entonces uno se pregunta dónde fue la plata”, señaló.
En ese punto, el legislador vinculó el deterioro de la infraestructura con un esquema de centralización de recursos que, según describió, no encuentra compensación en el territorio. “De los impuestos que aporta el sector agropecuario, el 95% son nacionales y gran parte no es coparticipable. No vuelve nada”, afirmó, al tiempo que sostuvo que esta lógica termina trasladando a las provincias la responsabilidad de sostener obras viales, hídricas y de servicios.
Mirada a largo plazo
El planteo de Motta incorpora además una mirada de más largo plazo sobre el desarrollo productivo y la necesidad de reglas estables. En ese marco, cuestionó la falta de una política agropecuaria sostenida en el tiempo y la improvisación en las decisiones económicas, lo que, a su entender, impacta tanto en la inversión como en la planificación de obras estratégicas.
Ambas posiciones confluyen en un punto central: la desconexión entre los recursos que se generan en el interior productivo y su aplicación concreta en infraestructura. En una provincia atravesada por corredores clave para la exportación y la logística agroindustrial, el deterioro de las rutas no solo afecta la seguridad vial, sino también la competitividad y los costos del sistema productivo.
En ese escenario, la senadora Di Gregorio también aclaró que las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe no fueron transferidas a la órbita provincial, más allá de anuncios puntuales y a pesar de los reiterados pedidos por parte del gobierno de Maximiliano Pullaro.
“Muchas veces se instala la idea de que ya pasaron a manos de la Provincia, y eso no es así”, indicó, en referencia a versiones que circulan sobre posibles traspasos.
Eje del reclamo
El eje del reclamo, tanto desde el sur como desde el centro-oeste santafesino, apunta a revisar el destino de los fondos ya existentes antes de pensar en nuevas cargas para los usuarios.
“Los vecinos ya están pagando por el mantenimiento de las rutas cada vez que cargan combustible. Lo mínimo que corresponde es que esos recursos vuelvan en obras y en condiciones seguras para circular”, concluyó la senadora, sintetizando una demanda que empieza a repetirse en distintas zonas de la provincia y que ya ingresó con fuerza en la agenda política.
>>Leer más: Rutas nacionales en crisis: el corte del puente entre Carcarañá y Correa cumplió 9 meses
