Reforma constitucional: proponen un desarrollo arquitectónico equilibrado y sostenible con el entorno

Sectores académicos y profesionales de la arquitectura pidieron incluir en la discusión de la Reforma constitucional el ordenamiento territorial, la planificación y la gestión del territorio con una organización "equilibrada y sostenible" del uso de los suelos urbano, periurbano y rural, además de los recursos naturales y las actividades humanas.

El proyecto fue elaborado a partir de distintos debates desarrollados en ámbitos institucionales de la provincia con académicos y representantes de universidades, centros científicos y colegios profesionales, que coincidieron en la necesidad urgente de consagrar constitucionalmente el ordenamiento territorial.

De la iniciativa participaron las Facultades de Arquitectura de las universidades nacionales de Rosario (UNR) y del Litoral (UNL); en conjunto con la Universidad Católica de Santa Fe (Ucasf), el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (Curdiur) y el Colegio de la Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (CAUPFS).

Debate del proyecto

En las discusiones, señalaron que la nueva Constitución debe incluir referencias al ordenamiento territorial para ser el marco que impulse una ley provincial de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial, que oficie como instrumento operativo orientado a articular las distintas políticas sectoriales y escalas de planificación que debieran desarrollarse en el territorio provincial: local, metropolitana y regional.

También remarcaron que debe incorporar una visión superadora del enfoque fragmentado, que generalmente se verifica entre la planificación urbana y rural, lo que genera un sinnúmero de conflictos hoy presentes en el territorio.

A la altura de cinco provincias argentinas

Desde las distintas instituciones involucradas aseguraron que la incorporación de este asunto en la nueva Constitución pondría a Santa Fe a la altura de otras cinco provincias argentinas, que cuentan con una legislación en la materia, tales los casos de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Formosa y Catamarca.

Recordaron que Santa Fe cuenta con "importantes antecedentes", pero no tienen siquiera fuerza de ley. Y destacaron la abundante legislación sobre el cuidado del ambiente para generar entornos sustentables. En la provincia, además, se presentó en la Legislatura un proyecto de ley de agricultura periurbana y creación del suelo periurbano.

Sin embargo, sostuvieron: "No existe todavía una legislación que incorpore las políticas sectoriales a una visión integral del ordenamiento territorial, como tampoco existe legislación alguna que exija una compatibilización entre las políticas definidas en los diferentes niveles de planificación por parte de los organismos y gobiernos estatales".

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En ese contexto, mencionaron que hubo antecedentes de proyectos de ley que no alcanzaron a sancionarse, entre ellos el último denominado proyecto de ley de creación del Sistema Provincial de Ordenamiento Territorial (Sipot) de 2022, aprobado por unanimidad en la Legislatura provincial pero sin proseguir su tramitación para alcanzar su sanción definitiva.

Reglas poco claras

Desde las mencionadas instituciones señalaron que esta falencia deriva en "múltiples problemas y dificultades a la hora de definir, aprobar y supervisar distintos emprendimientos porque las reglas no están lo suficientemente claras, lo que genera obstáculos al desarrollo".

En ese marco, consideraron: "Un actor privado no puede planificar correctamente un desarrollo individual cuando el Estado local no ha definido su plan de ordenamiento territorial ni ha fijado normas urbanísticas que regulen adecuadamente estos procesos. Vale lo mismo para la realización de los estudios de impacto ambiental, que se efectúan sin contar con una definición previa de las políticas públicas por parte del Estado".

También reclamaron la consolidación de una inscripción a nivel provincial. En ese sentido, indicaron que de las 365 localidades de la provincia, más de 300 carecen de todo tipo de instrumento de planificación para ordenar su desarrollo.

"Este déficit impacta en la imposibilidad de alcanzar un ordenamiento articulado del territorio como soporte para el desarrollo. El ordenamiento del territorio no puede quedar sujeto al voluntarismo de cada localidad", plantearon.

"La ausencia de planes no sólo ocasiona un enorme perjuicio al desarrollo local, al tomar decisiones coyunturales en el día a día desprovistas de una visión integral del desarrollo urbano y territorial a mediano y largo plazo, sino que lleva a la improvisación aprobando emprendimientos que terminan ocasionando más problemas que beneficios. Es imprescindible fijar reglas claras y marcos institucionales que adopten una visión integrada sobre el manejo del suelo y la producción, la protección del ambiente y el desarrollo de un hábitat digno, y que incorporen mecanismos de participación social".