Plantea a la naturaleza como sujeto de derecho y que las leyes ambientales puedan ser operativas desde su sanción. Solicita, además, la creación del Fiscal General del Ambiente
La convocatoria busca financiar proyectos de conservación del patrimonio natural en Santa Fe.
Con el eje puesto en el principio "In dubio pro natura" (en caso de duda, a favor de la naturaleza), el Colegio de Abogados de Rosario presentó un proyecto para que la Constitución santafesina incorpore una cláusula ambiental. La iniciativa cuenta con ocho grandes ejes para configurar herramientas que contribuyan al ordenamiento jurídico ambiental en la provincia.
El proyecto, impulsado por el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, plantea la creación de Tribunales Ambientales Especializados y la figura del Fiscal General del Ambiente (una iniciativa que viene persiguiendo el instituto desde hace tiempo), determinar que las leyes ambientales puedan implementarse en el mismo momento en que se promulguen (sin necesidad de que el Poder Ejecutivo deba reglamentarlas), establecer que quien genere un riesgo o daño ambiental colectivo o individual será objetivamente responsable y reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, entre otras cuestiones.
Este último punto ubicaría a Santa Fe como pionera en el país, reconoció el titular del Instituto de Derecho Ambiental, Matías De Bueno. Y sostuvo que en caso de que este punto tenga luz verde por parte de la Convención Constituyente configurará a la naturaleza como "sujeto susceptible de ser protegido por ordenamiento jurídico".
"(La naturaleza) debe estar valorada dentro de las estructuras de la protección y gestión del ambiente. Planteamos que hay que trabajar bajo el principio «In dubio pro natura»: en caso de duda, hay que resolver en favor del ambiente", expresó De Bueno en diálogo con La Capital.
El abogado explicó que dentro de la cláusula se plantea a las personas como parte del ambiente, por lo que la protección tendría un alcance amplio que incluiría, además, al agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, y la biodiversidad en todas sus formas.
Esta semana, la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un pronunciamiento sin precedentes y estableció que los Estados deben hacerse responsables de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los principales agentes que contribuyen al desarrollo de la crisis climática.
De Bueno reconoce que si bien estos avances son importantes, el debate en el marco de la reforma constitucional será más desde lo político que desde las herramientas jurídicas disponibles. Y completó: "En el proyecto de la cláusula incluimos que deben tomarse en cuenta todos los tratados a los que el país está adherido así como las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es fundamental la protección del clima como derecho humano fundamental".
"Hay que dejar plasmadas herramientas de gestión ambiental para los próximos 50 años y si vamos a plasmar el derecho a un ambiente sano en la Constitución Provincial, hay que generar esas herramientas. Estamos ante una oportunidad única", aseguró.
El abogado hizo mención de los procesos que debe atravesar una ley en la provincia para que comience a ser operativa. Particularmente, citó el caso de la ley de humedales provincial, que se sancionó en 2019 pero que recién este año comenzó a regir a través de la reglamentación por parte del gobernador Maximiliano Pullaro.
Uno de los puntos del proyecto es que las leyes ambientales puedan comenzar a regir a partir de su sanción y promulgación. Sobre ello, De Bueno manifestó: "Una ley no puede quedar a voluntad de un gobernador o un ministro. Cuando ya pasa todos los procesos legislativos y es promulgada, ya tiene que ser operativa. Sobre todo en materia ambiental".
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A su vez, el abogado remarcó la necesidad de "renovar todo el ordenamiento jurídico en materia ambiental" en la provincia: "Más allá de que exista hoy una ley general en la provincia y leyes sueltas, hay que sistematizar el ordenamiento para que esté establecido en la Constitución. Se deben configurar presupuestos mínimos de gestión ambiental y que existan normativas sectoriales".
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