La Justicia Federal de Victoria se declaró incompetente para investigar los incendios en las islas del río Paraná frente a Rosario y pidió que el caso sea asumido por fiscales de la provincia. La resolución del juez federal de la ciudad entrerriana, Federico Angel Martín, genera un conflicto negativo de competencia que deberá casi con seguridad dirimir la Corte Suprema de la Nación. Esto porque la Justicia provincial en Rosario determinó en octubre del año pasado no tener jurisdicción para avanzar ya que los delitos que suponen las quemas son de competencia federal.
La circunstancia prolonga el trámite sobre quién es idóneo para tramitar acciones que suponen un grave daño del ecosistema y de la salud de la población. Pero habilita mientras tanto a que sean fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA) los que tomen el control de las acciones penales derivadas del caso.
En septiembre pasado, en plena crisis ambiental por las quemas en las islas frente a la ciudad, un fiscal provincial pidió que se cite a declarar a funcionarios del gobierno de Entre Ríos, considerando que podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de deberes y daños a la salud frente al desastre por los incendios en el humedal.
El fiscal Luis Schiappa Pietra solicitó a la Oficina de Gestión Judicial lo que técnicamente se denomina "una audiencia de cese de estado antijurídico". El motivo fue convocar a declarar a funcionarios entrerrianos que tendrían la responsabilidad de tomar medidas para evitar la continuación de los perjuicios que estos delitos (los incendios intencionales) puedan estar causando en la población".
Incendios en las islas del Delta: los daños ambientales son incalculables.
Pero un juez provincial primero y la Cámara Penal de Rosario después se pronunciaron por la incompetencia de la justicia provincial para intervenir en causas por incendios de pastizales en las islas del Paraná. El primer revés para esa iniciativa lo decidió el juez de primera instancia Nicolás Foppiani ante el pedido de citar al propio gobernador Gustavo Bordet. La fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren anunció entonces la apelación. Posteriormente la camarista Carina Lurati consideró que el asunto en análisis es un delito ambiental de competencia federal, en consonancia con la jurisprudencia publicada en la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este caso tuvo variadas alternativas judiciales. Antes de que se desencadenara este conflicto de competencias judiciales, en julio del año pasado, el ex concejal radical Jorge Boasso presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de Rosario para que investigue y aplique la ley de quemas (Nº 27.604) para encontrar a los responsables de provocar severos daños en la salud de la población producto del humo que emana los incendios, cuyas partículas superan ampliamente el máximo tolerable sobre los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir 25 PM.
Los efectos del humo provocado por las quemas de pastizales son muy nocivos para los rosarinos.
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
La presentación fue en la fiscalía federal 3 de Rosario a cargo de Adriana Saccone por problemas en la vista que tuvo el denunciante, según el planteo de una oftalmóloga, por causa de los incendios. También el periodista rosarino Andrés Canepa participó de la denuncia a raíz de un cuadro respiratorio crítico, atribuido a la misma causa, según certificación de un médico neumonólogo. Y una tercera denunciante fue Adriana Acosta, quien presentó un dictamen médico que acredita que padece de un "cuadro de faringitis alérgica producto del humo de las islas". Todos los médicos acreditantes están citados con nombre y número de matrícula.
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Los tres denunciantes mencionaban que los incendios constituían una acción dolosa intencional, que estaba probada por ser un hecho evidente y notorio, que las quemas indiscriminadas provocaban daños en la flora y la fauna, que se verificaban problemas respiratorios de dominio público en Rosario y que las autoridades entrerrianas no intervenían. Citaban como prueba dictámenes sobre la calidad del aire del Observatorio Ambiental de la UNR, invitaban a que se pronuncien jefes de servicios ambientales de distintos centros de alergia y neumonología públicos y privados sobre el estrago en la salud en Rosario.
El fiscal federal de Rosario Claudio Kishimoto, en cooperación con los fiscales del MPA, remitió el caso a la fiscalía federal de Victoria para que asumiera el legajo. El caso fue recibido por el juez federal victoriense Martín que consideró, ante lo denunciado, que la competencia federal es un fuero de excepción, de intervención limitada, por lo que la competencia es provincial, en este caso de la Justicia de Santa Fe. Aduce además que "la intervención del fuero federal está limitada a los casos en que la afectación ambiental interjurisdiccional es demostrada con un grado de convicción suficiente" lo que, a su criterio, esto no está probado.
Algo llamativo cuando la Nación declaró la emergencia ambiental desde 2020 en la zona de islas. Y en agosto de 2022 según el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la empresa HSE Ingeniería, encargada de la logística, el aire presentó entre 6 y 9 veces mayor concentración de material particulado de alto volumen (partículas PM10 y PM2.5) capaces de provocar enfermedades respiratorias y hasta enfermedades terminales como el cáncer.
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No obstante el juez federal Martin alega que no hay evidencia suficiente, que "no se encuentra probado en el caso concreto, que la magnitud del siniestro denunciado haya alcanzado la necesaria interjurisdiccionalidad, extremo este que habilita el fuero de excepción". Para Martín "si bien la quema a cielo abierto es un proceso inaceptable en términos ambientales" no puede inferirse ni suponerse que el humo liberado habilite que actúe la Justicia Federal de Victoria.
En consecuencia Martín resuelve devolver el expediente al juzgado penal de primera instancia de Rosario, sugiriendo al juez que, de no coincidir con su criterio, lo eleve a la Corte Nacional a fin de que defina quién se queda con el caso. Mientras tanto en Rosario el caso vuelve al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a un equipo en el que participan los fiscales Schiappa Pietra, Matías Ocariz y en el que actúa también el fiscal federal Claudio Kishimoto.
