"De ser necesario, nos tomaríamos entre uno y dos meses para terminar de definir la licitación del nuevo sistema de recolección de residuos. Hay muchas variables en juego. Hoy no podría decir qué vamos a hacer porque necesitamos el tiempo necesario para ver con claridad el mapa de los recursos y la prestación de servicios y, entonces, definir si adjudicamos o extendemos la actual concesión". Con esas palabras, la intendenta Mónica Fein puso ayer en el freezer una definición de corto plazo respecto de la licitación más importante del municipio, en la que están en juego 2.000 millones de pesos.
El proceso que comenzó el 25 de enero de 2011 terminó ingresando en un laberinto de dificultades que estiró los plazos. Y aún no hay una fecha definitiva de culminación de la licitación.
Están en juego al menos tres variables que dejaron al municipio inmerso en cavilaciones. La decisión no es menor: se trata de concesionar por ocho años dos zonas de la ciudad (norte y sur) con un pliego de requisitos técnicos que requiere una fuerte inversión, mantenimiento y saltos cualitativos. En tanto, el centro y los grandes corredores de Rosario seguirán en la órbita de la estatal Sumar.
En la compulsa figuran las actuales prestatarias Lime (Impsa) y Cliba (Roggio), a las que cruzó un tercer competidor de peso: la unión de Vega (Brasil) con la nacional Caputo.
En la Secretaría de Servicios Públicos municipal deslizaron que al menos dos factores de conflicto se recortan en un horizonte de mayor incertidumbre. Por un lado, el Sindicato de Recolectores de Residuos equiparó la nueva pauta salarial con la de camioneros: 25,5 por ciento. Por el otro, la adjudicación prevista para hoy de la planta de tratamiento de residuos de Rosario (ver aparte).
Con mayor incertidumbre, los colaboradores de Fein analizan las trabas a las importaciones y el impacto directo que esta restricción tendrá en los pliegos: hay una licitación en base a ofertas "tecnológicas" y otra "básica". En la primera opción se pretende la incorporación de todos los camiones de carga lateral y una renovación en el equipamiento del barrido mecánico.
"Si se complica la importación, habrá que ir a un modelo de industria nacional, con una mayor cantidad de contenedores que la actual", explicó una fuente oficial, que agregó: "Por eso hay que esperar y tener el panorama un poco más despejado. Es un monto muy importante y hay que tener todos los recaudos legales y ser responsables en la adjudicación. Nada debe apurarnos".
El segundo interrogante es de carácter netamente económico. Es que la tasa general de inmuebles (TGI) resulta un tributo que el municipio recauda a valores fijos (el último aumento fue de 60 por ciento en enero), pero que se destina a pagar prestaciones a ajustar por la inflación. La brecha entre ingresos y prestaciones es del 50 por ciento (300 millones anuales contra 600 millones en costos en el mismo período).
Al respecto, La Capital consultó a Fein sobre los plazos. "Nos tomaríamos, si es necesario, de uno a dos meses. Entre las variables a analizar está la perspectiva económica, la evolución de los recursos con las que contará el Estado para hacer frente a la concesión. No es sencillo porque hay cosas que se fueron definiendo y otras que no, como la reforma tributaria", destacó.
En esa línea, la jefa del Palacio de los Leones volvió sobre la brecha entre la TGI y los servicios que deben afrontar con este tributo.
"Es la tasa vez menos representativa y con valor fijo y debería cubrir la totalidad de los servicios que se prestan. No estamos pensando en enviar al Concejo ningún proyecto, como otras ciudades de la provincia, pero sí promover un debate sobre cómo hacemos para resolver la higiene urbana, los semáforos y el alumbrado público con la TGI. Y cómo hacen los municipios para no desfinanciarse y cumplir con recursos que son fijos. Es interesante analizar a lo largo del tiempo cómo fue la variación de la tasa en relación con las prestaciones", finalizó Fein.
