La cultura rosarina se planta contra la ley ómnibus de Javier Milei

El proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso preocupa a la comunidad artística de todo el país. El texto incluye modificaciones en la asignación de recursos al cine (INCAA) y la música (INAMu), la eliminación del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, y la derogación de la Ley del Libro, que protege a las librerías y editoriales independientes de todo el país.

A raíz de esto, trabajadores de la cultura comenzaron a organizarse para proponer acciones de repudio y resistencia al proyecto. En Rosario, se crearon grupos de Whatsapp de artistas autoconvocados, se organizaron asambleas y se está dando forma a actividades conjuntas entre distintos sectores.

Defender la bibliodiversidad y las librerías independientes

Desde el sector librero, advierten que las intervenciones del proyecto sobre su actividad representarían grandes peligros para los eslabones más pequeños de la cadena. La “Ley Ómnibus” plantea, en el capítulo I de Desregulación Económica, la derogación de la ley N°25.542, conocida como La Ley del Libro o Ley de Defensa de la Actividad Librera.

Esta legislación establece que el precio del libro debe ser uniforme y respetarse en todos los puntos de venta sin importar su dimensión ni su poder económico, preservando de esta manera a las librerías y editoriales independientes de todo el país “frente a las grandes cadenas, supermercados, y plataformas como Amazon o Libooks, que tienen otra posibilidad de compra”. Así lo explicó, en diálogo con La Capital, María Eugenia Pons, una de las dueñas de Ponsatti Libros (Funes) y una de las flamantes voceras de la Cámara Argentina de Librerías Independientes.

Al acceder a mayor cantidad de unidades, las cadenas pueden percibir descuentos de las grandes editoriales, reducir así los costos y sostener o engrosar sus ganancias con un menor precio de venta. “Ganan cuota de mercado y disminuyen drásticamente la cuota de los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer o marginar su rentabilidad. Liberados de una competencia fuerte, vuelven a subir los precios”, advirtieron desde un comunicado conjunto firmado por diversos representantes del sector, en el que buscaban desmitificar que una liberación del precio fijo implicaría una baja general de los precios de los libros.

Además, aseguraron que los países que promueven al “libro como bien cultural fundamental y poseen mercados editoriales desarrollados y diversos”, tienen un “extendido consenso acerca de la protección de las pequeñas y medianas librerías”, como es el caso de Alemania, Corea del Sur, Italia, Japón, México, y Noruega. A su vez, apuntaron que los países con leyes de precio fijo, como España y Argentina, poseen un sólido entramado de librerías y editoriales independientes.

“Advertimos el peligro que supone para el ecosistema librero, para la industria del libro en su conjunto y para sus destinatarios, lectoras y lectores”, aseveraron. “Otra de las consecuencias que no es menor es que disminuirá la cantidad de libros impresos, por lo tanto también afectaría las imprentas”, sumó Pons, sobre las posibles consecuencias del proyecto de ley.

El teatro independiente, en riesgo

El mundo del teatro también encendió las alarmas ante el envío del proyecto, que plantea la derogación de la Ley Nacional del Teatro (Nº 24.800), con la consecuente desaparición del Instituto Nacional del Teatro (INT), y de la Ley de No Demoliciones de Salas (Nº 14.800), que protege el patrimonio edilicio de las mismas.

Desde el INT, emitieron un comunicado en el que instan al gobierno a desistir de esta medida que “aniquila la actividad teatral independiente argentina” y en el que se declaran “en estado de alerta, movilización y en diálogo permanente con las comunidades teatrales, a fin de rechazar las derogaciones implicada en este proyecto de Ley”.

“El Instituto Nacional del Teatro fue creado por esta ley, para el fomento de la actividad teatral independiente, hace 25 años. La derogación y el consecuente cierre del organismo implica que más de 600 salas y más 3500 grupalidades de todo el país corran riesgo de no poder seguir sosteniéndose y vean limitada su capacidad de producción, de giras, de organización de festivales. Sería un golpe terrible a la cultura”, explicó en diálogo con La Capital Gaby Bertozzi, representante provincial del INT por Santa Fe.

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Además, Bertozzi advirtió que incluso en caso de que no se cierre el Instituto, “habría una modificación de los mecanismos de recaudación del organismo para poder funcionar”. Organismos como el INT, el INAMU (Instituto Nacional de la Música), la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) se financian “con recursos que vienen de un porcentaje de impuesto de loterías, otro porcentaje de impuesto de publicidad, y en el caso del INCAA con un porcentaje de la venta de entradas en cines”. Según lo propuesto por la Ley Ómnibus, esa recaudación pasaría directamente al Tesoro Nacional y los recursos se repartirían a criterio del Poder Ejecutivo.

Según contó, la alerta en el sector comenzó el sábado, cuando un funcionario del gobierno nacional puso en duda la transparencia del INT en una nota radial, y aseguró que los subsidios del organismo se otorgaban acorde afinidades políticas.

“Esas estrategias buscan la empatía de un sector de la sociedad que no conocen cómo funcionan estos organismos y el nivel de transparencia que tienen. El presupuesto es aprobado anualmente por el Congreso, tenemos auditorías permanentes por parte de la Sindicatura General de la Nación, la gente accede a los subsidios a través de evaluaciones de jurados elegidos a través de concursos públicos nacionales de antecedentes y oposición, existen rendiciones de cuentas para cada uno de los subsidios otorgados”, aclaró al respecto Bertozzi.

Ante esto, desde el INT aseguraron estar en diálogo constante "con los legisladores que van a ser quienes van a tener que debatir en el Congreso si aprueban o no esta reforma". A su vez, teatreros independientes de la ciudad preveen encontrarse en asambleas, junto a otros sectores del arte, para coordinar acciones conjuntas de rechazo a la medida.

El cine argentino, otro afectado

El proyecto de “Ley ómnibus” estipula, en el artículo 564, un cambio sustancial en la asignación de recursos al Fondo de Fomento para la actividad cinematográfica local, a cargo del INCAA. Esta es la principal fuente de financiamiento de muchas producciones nacionales, sobre todo las independientes.

El texto de la legislación propone la eliminación de uno de las principales contribuciones al Fondo: el 25 por ciento del total de los fondos aportados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a partir de los gravámenes que se aplican a los dueños de los servicios de radiodifusión. En su lugar, la nueva ley propone que esos fondos surjan de “los recursos que determine el Presupuesto Nacional”.

“Le quieren dar beneficios impositivos a los grandes en detrimento del cine nacional. El desfinanciamiento propone romper a los más débiles. Los que tienen negocios con Amazon, Netflix, van a seguir produciendo. El cine es una actividad clara y limpia. Todo lo que se gasta en el cine se puede ver en la página del INCAA. Es fácil acceder a esa información. Es mentira que hay una cosa oscura. Y, además, genera muchas fuentes de trabajo. Con este achicamiento se cortan un montón de fuentes laborales”, explicó en diálogo con La Capital el director rosarino Gustavo Postiglione.

De esta manera, como se repite en todos los sectores, los más afectados serán los creadores independientes. En este sentido, Postiglione consideró que esto es “un asesinato cultural” que “afecta a cualquier argentino”, y se configura como un ataque directo a la soberanía nacional: anular las “las voces disonantes que pueden hablar de una manera que no le interesa al gobierno”. Además, aseguró que el sector cinematográfico se reunirá, junto a otros colegas de otras disciplinas, con legisladores y funcionarios de Cultura. “Vamos a exigirles que tomen cartas en el asunto”, anticipó.

Por su parte, desde el colectivo nacional Cine Argentino Unido, emitieron un comunicado en rechazo al “violento avance contra la Democracia, sus instituciones y las libertades civiles por parte del Poder Ejecutivo”.

“La aplicación de estas leyes tendrá un efecto devastador, incalculable e irreparable para toda la cultura y la soberanía nacional y muy especialmente para los trabajadores que dependen de las industrias culturales, generando miles de nuevos desocupados”, aseveraron.